Nicaragua, dictadura sin fondo

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio el domingo una nueva muestra de su más absoluta intransigencia ante cualquier forma de disenso. El blanco principal de la pareja presidencial, tras haber aplastado a la oposición mediante una feroz persecución que se agravó en 2018, es hoy la Iglesia católica. Y la última decisión fue la de desembarazarse del principal símbolo de la resistencia democrática, el obispo Rolando Álvarez, que fue apresado en agosto de 2022 y llevaba desde febrero de 2023 encerrado en la temida prisión La Modelo de Managua. Esta semana, Álvarez ha sido expulsado y enviado a Roma junto al obispo Isidoro Mora y a 17 sacerdotes y seminaristas detenidos durante las pasadas Navidades.

A mediados de diciembre, el sandinismo desató una cacería sin precedentes contra curas y representantes religiosos. Las acusaciones reproducen el guion habitual de la represión: “Traición a la patria”, “menoscabo de la integridad nacional” o “propagación de noticias falsas”. Con esos cargos, Álvarez fue condenado a 26 años de reclusión tras negarse a abordar un avión con destino Washington en el que 222 presos políticos abandonaron forzosamente Nicaragua el 9 de febrero de 2023. Ahora, tras la mediación de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, el obispo de la diócesis de Matagalpa no tuvo alternativa, lo mismo que sus compañeros de hábito.

Esa es la estrategia perversa adoptada por el régimen. Primero, sofocar a las voces incómodas a través de la persecución social y la cárcel. Después, al cabo de un tiempo, obligarlas al destierro. Y, finalmente, arrebatarles la nacionalidad nicaragüense y confiscar sus bienes, como sucedió el año pasado con cientos de opositores, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el periodista Fernando Chamorro o el obispo Silvio Báez, exiliado en EE UU desde 2019.

La deriva antidemocrática de Ortega y Murillo se ha acelerado vertiginosamente después de las elecciones locales de 2022. Convertido en un régimen de partido único, el Gobierno centró su embestida en la Iglesia, que fue un actor crucial en el intento de diálogo de 2018. Después de haber forzado la huida de cientos de miles de ciudadanos, el aparato oficialista declaró enemigos públicos a los sacerdotes y a los representantes religiosos. En 2023, quedaron además prohibidas las procesiones de Semana Santa.

En los últimos 12 meses, el papa Francisco, que había elevado sus críticas a la pareja presidencial, llegando a comparar sus acciones con las de una “dictadura hitleriana”, ha abogado no obstante por abrir una negociación en al menos dos ocasiones. El mandatario lo rechazó de plano, igual que hizo ante los intentos de Estados Unidos. Una obcecación que condena a los nicaragüenses a vivir en el pozo sin fondo del totalitarismo y ahonda en el ya profundo aislamiento del país centroamericano.