El gobierno de las leyes

—¿Verdaderamente crees necesaria la reforma del Estatuto de Cataluña ahora, tal y como la has planteado?

Le hice la pregunta a José Luis Rodríguez Zapatero, a mediados del año 2005, en una comida en La Moncloa.

—Por supuesto. Es una oportunidad histórica. Vamos a resolver el conflicto político catalán…

—…para los próximos diez o quince años... —le interrumpí...

Aparentemente sorprendido, me miró con el aire inocente de quienes tienen los ojos azules, impostó la voz e irguió la figura antes de corregirme desde su autoridad presidencial.

—… ¡para toda la vida!...

Zapatero había sido candidato victorioso a las elecciones generales de 2004 tras su nombramiento como secretario general del PSOE en el 35º congreso del partido, cuando venció por escaso margen a José Bono gracias al apoyo del PSC. Cumplió la promesa hecha a Pasqual Maragall de avalar el pacto del Tinell, mediante el cual desbancaron al pujolismo de la Generalitat e incorporaron al gobierno de Cataluña a Esquerra Republicana. El nuevo Estatuto fue la dación en pago a cambio de los favores del PSC a Zapatero, empeñado este como estaba en destruir el legado del felipismo.

Desde entonces se abrió en España una dialéctica de oportunismo personal en la batalla política, con desprecio de los intereses generales y a remolque de la oleada identitaria y la demagogia populista, que ha crecido exponencialmente en la mayoría de las democracias representativas. El resultado a día de hoy es una polarización extrema, un combate despiadado entre los responsables políticos de muchos países, cuanto más incompetentes, más preocupados por su futuro lugar en la historia antes que por la resolución de los problemas de los ciudadanos a los que gobiernan. La polarización es también fruto del activismo de muchos medios de comunicación, amenazados sus profesionales por toda clase de interferencias empresariales y políticas que vulneran la independencia de las redacciones, en medio de una crisis universal de los propios medios, cada vez menos relevantes en su papel, crucial para la conformación de la opinión pública. Ambas cosas, partidos políticos y opiniones públicas libremente expresadas, por deformadas que ahora se encuentren, son instituciones fundamentales para el ejercicio democrático. Lo que hace más preocupante su erosión y manipulación por parte de los idiotas de turno.

Viene todo esto a cuento del esperpento parlamentario y mediático en el que nos hallamos metidos tras la derrota electoral de los partidos todavía titulares del gobierno de España, y la catástrofe de los independentistas catalanes en los últimos comicios generales. Vaya por delante que en una democracia representativa es normal y lícito, no existiendo una mayoría absoluta, que formaciones menores traten de conformarla entre ellos. Pero no lo es que, a fin de conseguirlo, un partido central para el funcionamiento del sistema acuda al auxilio de otros abiertamente enemigos de la Constitución y las leyes a las que han jurado lealtad y contra las que no cesan de conspirar y no dudan en delinquir.

Posiblemente, Rodríguez Zapatero creía que su torpe gestión de la reforma del Estatut resolvería para siempre el conflicto entre Cataluña y el resto de España, que no hizo sino empeorar a partir de aquellas fechas. Pero el relato oficial según el cual las negociaciones para alcanzar la investidura de Sánchez tienen el objetivo de pasar página y retomar la convivencia, es simplemente una mentira con la que pretende engatusar a la opinión nacional e internacional el presidente en funciones. Estamos ante el chantaje de los enemigos de la concordia nacional y la unidad del Estado a un demediado líder político que enmascara la avaricia del poder con el servicio a la comunidad.

Al margen de debates jurídicos en los que ingresan acaloradamente toda clase de opinadores, una lectura simple de los artículos de la Constitución referidos al poder judicial pone de relieve que la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los tribunales. Por eso, la propia Constitución impide los indultos generales y la ley que regula la concesión de los individuales, que data de 1880, establece un procedimiento explícito y limita las condiciones de su ejercicio. La conclusión evidente para cualquier ciudadano capaz de leer con algún entendimiento, al margen del interés de los leguleyos de turno, es que prohibido lo menos se prohíbe también lo más: el olvido de la comisión de los delitos, como Sánchez y sus socios pretenden, incluso a sabiendas de que quienes los cometieron están decididos a reincidir. Semejante decisión atentaría contra la igualdad de los españoles ante la ley, vulneraría la independencia del poder judicial, al que se trata de someter y, al margen de cual fuere el dictamen del Tribunal Constitucional, sería el comienzo del fin del consenso sobre el que se asienta nuestra democracia.

Por otra parte, conviene fijarse en el contenido de la amnistía misma que el partido del gobierno, en incumplimiento flagrante de su programa electoral, de las promesas hechas a sus electores, de las declaraciones urbi et orbi proferidas por sus miembros, trata ahora de promover con el ridículo título de ley de Alivio Penal. Sabemos el para qué, pero nada más: ¿a quiénes, cuántos, desde cuando y por qué se aplicará la amnistía? ¿Vamos a ver cómo los diputados de las formaciones nacionalistas, que declararon la independencia unilateral de Cataluña, contribuyen con su voto a exonerar, a instancias del Gobierno socialista, a sus sediciosos líderes? Por ese camino, la amnistía de Puigdemont será entonces una verdadera autoamnistía. ¿Van a eliminarse los delitos de malversación de quienes robaron el erario público para su beneficio político y personal? ¿Si hay perdón y olvido para los ladrones de Esquerra y Junts, no lo habrá para los ladrones del PSOE en el caso de los ERE, o del PP en Gürtel, o para el propio expresidente de la Generalitat acusado de convertir su familia en una banda criminal a fin de enriquecerse? ¿Va a ser Pujol, quien con todos sus desvaríos y el latrocinio del 3% fue durante años un político razonable y defensor de la convivencia catalana, el único presidente de la Generalitat que pase a la historia como un gánster? ¿Y se va a amnistiar a los protagonistas de los repetidos disturbios violentos que, animados entusiastamente por el propio presidente Torra, agredieron a las fuerzas del orden, organizaron barricadas, destruyeron mobiliario urbano y encendieron hogueras en las noches de Barcelona?

Escribí en su día a favor de los indultos a los presos del procès condenados por el Tribunal Supremo, tras un juicio repleto de garantías para los procesados, porque efectivamente pienso que el conflicto catalán debe ser resuelto por vías políticas y la continuidad en la cárcel de los sediciosos dificultaba un diálogo necesario. Pero no es diálogo someterse al chantaje de un fugitivo de la justicia a cambio de beneficiar a un poder en ejercicio que no ha recibido el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Es una vergüenza, una inmoralidad y, lo que es casi peor, una estupidez. Sánchez ha sido el presidente del gobierno que más ha dividido a los españoles. También a miles de antiguos votantes socialistas y dirigentes del partido, muchos de ellos perseguidos por el franquismo por su lealtad a la democracia de la que ahora disfruta y pretende abusar el propio Sánchez. Llevamos décadas pidiendo una reforma de las leyes electorales que eliminen las listas cerradas y bloqueadas y acaben con la dictadura clientelista de las cúpulas de los partidos. Una amnistía concedida en estos términos, rindiendo pleitesía a un delincuente fugado de la justicia, rebelde contra el ordenamiento constitucional al que juró servir, traidor al Estado del que era máximo representante en su comunidad, con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas, sería una ofensa a la dignidad de las instituciones, y una renuncia a los valores éticos y democráticos del socialismo. La democracia es el gobierno de las leyes, y ningún fin justifica los medios.