Impune crimen organizado: hacia un nuevo abordaje
Se puede combatir el narcotráfico con políticas que eliminan la sanción penal al consumo o de “legalización regulada”, que no implica un mercado libre sino uno controlado
En la extraordinaria novela/reportaje Hijo de la guerra, del escritor y periodista mexicano Ricardo Raphael, el autor reconstruye la gradual toma de México por el crimen organizado. Y cuenta cómo militares de élite mexicanos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) -entrenados en la base militar de Fort Hood en Texas, EE UU, una de las más grandes instalaciones militares del país-, se convirtieron en los Zetas. Nada menos que uno de los grupos delictivos más implacables del planeta, al servicio de cárteles de narcotráfico, como el clan del Golfo, y luego mutados en un cartel ellos mismos.
En las conversaciones en Latinoamérica es lugar común comentar -o quejarse- sobre el inmenso poder impune del crimen organizado. Cada vez se conoce más sobre el tema, pero faltan aún las políticas innovadoras y eficaces para enfrentarlo. Destacan estudios estupendos como el de Prieto-Curiel y otros publicados esta semana en Science (mencionado en este periódico el 22 de setiembre en la nota El narco es el quinto empleador de México).
Pero el tema es latinoamericano, no solo mexicano. Mientras nuestras sociedades hacen metástasis con el crimen organizado, nuestras instituciones se corroen implacablemente. Destacan cinco asuntos de fondo apuntando a un abordaje revisado y creativo.
En primer lugar, su magnitud económica y social y el subsecuente aumento de la violencia, dentro de un marco de chocante impunidad. Con solo el 8% de la población planetaria, uno de cada tres homicidios en el mundo ocurren en América Latina. Los altos niveles de letalidad en varios países no disminuyen dentro del cuadro de actuación impune del crimen organizado.
En segundo lugar, respuestas inoperantes dentro de las que figura un sistema penitenciario desbordado. Con 1.700,000 de personas recluidas en las prisiones de Latinoamérica, desde ellas muchas veces se dirige el delito. Un ejemplo. Sin ser Perú el centro del crimen organizado, es notable la información de fuente policial aparecida esta semana sobre Héctor Prieto Materano (a) Mamut, uno de los sindicados cabecillas de la implacable organización criminal venezolana Tren de Aragua. Mamut estaría operando activamente desde el penal peruano de máxima seguridad de Challapalca ubicado en inhóspitos 4.800 metros sobre el nivel del mar.
En tercer lugar, la incontenible capacidad de reclutamiento de estas organizaciones criminales dentro de un contexto de millones de jóvenes ninis (ni estudian, ni trabajan). Basadas, las más poderosas, en el tráfico de drogas ilegales. Solo los carteles de Jalisco y de Sinaloa, por ejemplo, tendrían en sus filas a 46.000 efectivos de acuerdo con la información de Prieto-Curiel. Todo un ejército. La cantidad de dinero que mueven hace que las organizaciones criminales tengan una extraordinaria e incontenida capacidad de reclutamiento ante “bajas” por muertes o prisión.
En cuarto lugar, lo que debería hacer la sociedad frente a la esencia de los negocios de los carteles. En algo esencial y medular que es mejor capacidad de investigación, sistemas de inteligencia más eficiente (…y limpios de corrupción) y eficiente represión policial. Algo que podría sonar “formal” o voluntarista dada la fuerza corruptora y de choque de los carteles.
En quinto lugar, abordar la médula de la cuestión de esta criminalidad: organizada esencialmente en torno al tráfico de drogas ilegales. A lo que se añaden la minería ilegal y el tráfico de personas. Abordando esas fuentes del delito con imaginación y decisión se le quitaría el agua al pez.
En el caso de lo medular, las drogas, el derrotado prohibicionismo tiene que ser reemplazado por políticas diferentes.
La “guerra contra las drogas” de Nixon/Reagan ha fracasado estrepitosamente. Dejando atrás el cerril e inoperante prohibicionismo se le quitaría esa “agua” a los carteles criminales: con alternativas como las que viene proponiendo la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por ex jefes(as) de Estado y otras personas de trayectoria pública respetada.
Sea con políticas de “reducción del daño” (que elimina la sanción penal al consumo) o de “legalización regulada”, que no implica un mercado “libre” sino uno controlado y sin publicidad, como lo han venido proponiendo la Comisión, y varios especialistas como el jurista colombiano Rodrigo Uprimny, una de las voces más solventes y relevantes de la región sobre esta materia. .
En cuanto a otras áreas de tráfico ilícito, la explotación/exportación ilegal de oro no tiene por qué seguir impune. Debe abordarse frontal y transparentemente la corresponsabilidad de los importadores que no pueden seguir poniéndose “de perfil”. Por ejemplo, poniéndole en marcha medidas de control de origen tanto en los principales países productores (México y Perú, por ejemplo) como en los principales importadores (Suiza, China, el Reino Unido y la India).
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