El tardofranquismo resucita en Aragón

Para tener éxito, lo más importante que cualquier organización debe hacer es leer el momento en el que vive y reaccionar a los cambios y al contexto. El pasado 23-J —encuestas poselectorales mediante—, una parte de la sociedad española se movilizó para parar la incorporación de Vox al Gobierno de España. Lo hizo conforme, día a día, iba comprobando las consecuencias de los acuerdos de la extrema derecha con la derecha extremada: prohibición de obras de teatro, dirigentes institucionales apartándose de minutos de silencio contra la violencia machista, retirada de banderas LGTBI, antivacunas y negacionistas presidiendo parlamentos autonómicos…

Las expectativas electorales que el Partido Popular había generado, y que no se cumplieron, han dejado a los conservadores en estado de shock. Tanto, que en un escenario de incertidumbre como el que se ha creado, donde no está claro si será posible la investidura de presidente del Gobierno o tendremos que volver a las urnas en breve, el Partido Popular mantiene el rumbo que le llevó al fracaso del 23-J sin ser capaz de entender lo ocurrido. Lo hace, además, en un momento en el que la mínima cautela obligaría a todos los actores a medir sus pasos, de forma que quedara garantizado que cualquier movimiento no se vuelve en su contra en caso de una hipotética repetición electoral.

Lejos de esta prudencia y de la lectura de lo ocurrido en la campaña, el Partido Popular, con un magnífico resultado pero noqueado ante el incumplimiento de sus muy optimistas previsiones, es incapaz ahora de leer lo acontecido, y exhibe ausencia de proyecto y liderazgo. Una muestra es el acuerdo firmado con Vox para gobernar conjuntamente en Aragón.

Pese a que el presidente del PP en Aragón y candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, representa el ala más liberal y menos derechista de los populares, el acuerdo alcanzado es una victoria ideológica sin paliativos de los postulados de Vox. Quizá por eso el que va a ser investido presidente del Ejecutivo aragonés no quiso acudir a la firma del pacto, evitando una foto que, sin embargo, habrá de producirse tarde o temprano.

En vez de un proyecto capaz de resolver los problemas de Aragón y situarlo en una senda de modernidad acorde a los tiempos, conservadores y ultraderecha han optado por hacer gala de una retrotopía de manual, dibujando un Aragón que retrocede décadas. Al habitual neoliberalismo que encierran sus acuerdos, esta vez construido a base de cheques escolares y bonificación de los impuestos de donaciones, sucesiones y patrimonio hasta los 700.000 euros, le han sumado una vuelta al imaginario más reaccionario del Aragón tardofranquista, cuando el mundo rural era considerado, desde el paternalismo de la capital, una especie de población indígena a la que prometer agua para regadíos carentes de rentabilidad sin modelo de desarrollo ni alternativa alguna.

En coherencia con lo anterior, PP y Vox han acordado derogar la Ley de Memoria Democrática en una comunidad donde la Guerra Civil fue especialmente dura, y en la que, según la última actualización del mapa de fosas elaborado por mandato de la citada ley, quedarían pendientes de exhumar los restos de más de 10.000 aragoneses asesinados y arrojados a más de 600 tumbas anónimas.

El Aragón que populares y ultras dibujan en este acuerdo queda completado con una proclama que les erige en defensores a ultranza de la unidad de España. Se hace en una tierra de acuerdos donde jamás ninguno de los partidos regionalistas o nacionalistas se han acercado siquiera a coquetear con el independentismo, y donde socialistas y populares han gobernado desde hace décadas con el conservador Partido Aragonés y/o la progresista Chunta Aragonesista.

Igual que en la primera década del siglo Esperanza Aguirre ensayó en Madrid el neoliberalismo, hoy la ausencia de propuestas de los populares, más allá de la última y periclitada versión de tal modelo, se tapa con las banderas del tardofranquismo de Vox, dando lugar al ensayo de un pseudoproyecto que bien podría calificarse de “neofranquista”, en la medida en que despierta buena parte de aquel imaginario. Al menos, en Aragón.

Lejos de apostar por la innovación y de construir un modelo de desarrollo del siglo XXI para Aragón, que perfectamente podría hacerse desde paradigmas conservadores, PP y Vox devuelven esta comunidad al contexto cultural, los anhelos y los mantras de finales de los setenta, con una de las imágenes más potentes del nodo: la inauguración de embalses. En aquellos entonces por el Generalísimo.

Ni una sola mención al cambio climático, causa de las sequías cada vez más frecuentes y extremas, que obliga a repensar en profundidad una parte relevante de la economía aragonesa. Nada que decir de los modelos agrícolas y ganaderos que generan valor añadido basados en la calidad, la excelencia, la apuesta por la agricultura ecológica o la ganadería extensiva. Ni una mención al potencial del mundo rural como garante del cuidado del territorio y un turismo responsable.

Ninguna de las ideas que hoy se trabajan cuando se habla de despoblación, desarrollo territorial sostenible, cohesión social o innovación, mirando al futuro, se encuentran en el acuerdo de gobierno. Tan solo una melancólica mirada a un pasado idealizado que jamás existió: carreteras y embalses. Carreteras que, si no van acompañadas de otras políticas, no servirán para que la gente vaya a los pueblos, sino para que pueda huir de ellos más fácilmente, como ocurre ahora. Embalses que, de construirse —los mismos que han firmado el acuerdo saben que es imposible que se cumpla—, estarían destinados a estar vacíos, como lo están ya este año a causa de la sequía que ha hecho desaparecer ríos incluso en el Pirineo. ¿De dónde saldrá el agua para embalsar? Las previsiones de disminución de caudales en la cuenca del Ebro por el cambio climático rondan el 25%.

Que los conservadores siguen en estado de shock se puede comprobar en este punto del acuerdo: “Impulsaremos el Plan para el Pirineo dotado de 250 millones de euros durante los próximos ocho años; un plan estratégico a desarrollar en las cuatro comarcas del Pirineo aragonés y que será financiado al 50% por el Gobierno central”. ¿Serán conscientes de que, al menos de momento, no serán ellos quienes decidirán desde eso que llaman el “Gobierno central”?

Habrá quien se consuele pensando que las grandes estructuras de gestión se han preservado de la ultraderecha. Para nada las querían. Carecen tanto de cuadros como de experiencia en la Administración. Su guerra es otra, pero no por ello menos peligrosa. Se trata de construir un relato que legitime su vuelta al pasado, esa que ofrecen a quienes tiemblan al mirar al futuro. Podrá parecer bien o mal, pero más allá de cómo cada cual lo valore, estas retrotopías impiden que se aborden los retos del futuro, y por lo tanto obligan a asumir un coste de oportunidad que hará retroceder décadas a un Aragón carente de proyecto en un mundo en constante cambio.