El aire no es mercancía

La calidad del aire empeoró en España para más de siete millones de ciudadanos el pasado año (hasta incumplir los niveles legales dictaminados por la UE) debido al efecto combinado del aumento del tráfico tras la pandemia, la falta de lluvias y las olas de calor. El informe de Ecologistas en Acción presentado el martes y basado en el examen de 780 estaciones de medición oficiales detecta el nivel más alto de partículas en suspensión en los últimos 10 años. Son números que exceden los límites de la UE, que son bastante más laxos que los fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según sus nuevos parámetros, de hecho, la totalidad de la población en España respiró aire insalubre el año pasado, aunque los datos se disparan en las zonas de Madrid y Barcelona.

En este contexto, resultan incomprensibles las maniobras que han iniciado ocho de las regiones más industrializadas de Europa, entre ellas precisamente Madrid y Cataluña, para conseguir exenciones en el cumplimiento de la nueva directiva sobre calidad del aire que prepara la Unión Europea. Estos movimientos coinciden con una ofensiva de populares y liberales en diferentes países para tratar de rebajar la ambición de la agenda verde de la Comisión Europea. Recortar esos planes equivale a incurrir en un grave error que no solo puede costar muy caro sino resultar irreversible, y los indicios locales no son nada tranquilizadores: tanto en Elche como en Gijón las concejalías de Vox pactadas con el PP han rechazado las zonas de bajas emisiones.

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado en los últimos años que el impacto de la polución ambiental sobre la salud colectiva es muy superior al que se temía, hasta el punto de que la mala calidad del aire se ha convertido en una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte prematura en las grandes ciudades. Solo en la UE se calcula que provoca 300.000 muertes prematuras al año. El estudio presentado por Ecologistas en Acción cifra en 25.000 las personas que mueren al año en España por afecciones cardiorrespiratorias y pulmonares derivadas de la alta polución del aire, 15 veces más que las muertes causadas por accidentes de tráfico.

La Comisión Europea ya ha iniciado los trabajos para reformar la directiva sobre calidad del aire para acercarla a lo que recomienda la OMS, lo que pondrá en aprietos a muchas ciudades, entre ellas las áreas de Madrid y Barcelona, que desde 2010 han incumplido sistemáticamente la directiva de calidad del aire, hasta el punto de que España fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Resulta contradictorio defender que se tienen que rebajar los niveles de contaminación y pretender al mismo tiempo que no se intervenga sobre la causa principal. Las tentativas desde los gobiernos de Madrid y Cataluña de abandonar la senda de la reducción los acercan en la UE a las fuerzas políticas menos recomendables, y algunas abiertamente negacionistas, en lugar de fortalecer la posición de la Comisión Europea para limpiar el aire de las ciudades.