Ojalá el Gobierno topase alguna vez con la Iglesia

“Con la iglesia hemos dado, Sancho”, dice Don Quijote en el capítulo IX de la segunda parte, cuando el hidalgo y su escudero avanzan a tientas por del Toboso, una noche cerrada, en busca del alcázar de Dulcinea. Aclara Francisco Rico, en la edición de la RAE, que esta línea de diálogo, “con la variante topado por dado, se ha convertido en frase proverbial para indicar un enfrentamiento con cualquier clase de autoridad”. Dicen los cervantistas que no tiene doble sentido ni ánimo anticlerical: Don Quijote solo constata que se ha dado de morros contra el muro de la Iglesia.

Es su sentido literal, no el sobadísimo proverbial, lo que le devuelve la pertinencia como comentario de actualidad: el Gobierno ha dado con los bienes inmuebles de la Iglesia, que se había propuesto gravar, y no solo no lo ha conseguido, sino que ha desgravado los del resto de religiones. Una jugada maestra que aplauden desde el Vaticano hasta Dharamsala, donde el Dalái Lama saca la lengua en señal de gratitud.

Bien es cierto que ahora la Iglesia católica paga unos impuestos que antes no abonaba, pero se sigue ahorrando el IBI, pese a ser uno de los mayores propietarios de edificios de España. Si posees un inmueble consagrado al rezo a cualquier dios, estás eximido de las obligaciones fiscales que no perdona a quien lo usa para impartir conferencias sobre laicismo. De la ofensiva contra el monoteísmo, a la promoción del politeísmo. Café para todos, como decían los padres de la Constitución.

Entiendo que hubo unos años en que evitar la confrontación con los obispos fue inteligente y estratégico, pues garantizó que muchos derechos sociales se aprobasen sin su hostilidad furiosa, pero casi medio siglo después de 1978, con una democracia asentada, no se entiende por qué el Estado los sigue tratando con tanta deferencia. Tampoco hay que confrontarse con ellos, pero sería muy saludable que se les tratara como al resto de ciudadanos e instituciones cívicas. Ni más ni menos. Y eso, a veces, exige darse contra sus muros y mandar de vez en cuando a un recaudador de impuestos, y tal vez también inspectores educativos e incluso fiscales especiales que se ocupen de las historias de abusos. Son cuestiones en las que el Estado no suele negociar, tan solo envía, por correo certificado, notificaciones oficiales y sanciones. Ojalá el Gobierno topase con la Iglesia alguna vez, en lugar de ponerse a sus pies.