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CONSTITUCIÓN DE BRASIL
Columna
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Las cuatro líneas malditas de la Constitución brasileña

En ningún momento, la Carta Magna admite o defiende que los militares puedan ser un “poder moderador”

Los soldados brasileños durante una operación, en 2020.
Los soldados brasileños durante una operación, en 2020.Adriano Machado (Reuters)
Juan Arias

Hay en la Constitución de Brasil, aprobada tras los gobiernos de la dictadura, un párrafo referido a los militares que la extrema derecha golpista, presidida por el expresidente, Jair Bolsonaro, bautizó como “las cuatro líneas de la Constitución” y con las que se pasó sus cuatro años de Gobierno amenazando con ponerlas en acto.

En realidad se trata más bien de una falsa interpretación de la Constitución que el bolsonarismo ha sabido usar para amedrentar a la izquierda y que seguirá haciéndolo si el actual Gobierno de Lula da Silva no aprovecha para desenmascarar dicha interpretación errónea y golpista que permitiría al Ejército intervenir sobre las instituciones del Estado.

Las llamadas cuatro líneas de la Constitución, en realidad tenían, al revés, la intención de delimitar los poderes de las Fuerzas Armadas que debían estar al servicio de las instituciones del Estado sin poder propio para intervenir en política.

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Se trata del artículo 42 del texto constitucional que trata sobre los derechos y deberes del Ejército. En ese pequeño párrafo con el que Bolsonaro estuvo hasta el final amenazando la democracia, se legisla que los militares “bajo la autoridad suprema del presidente de la República” deben “garantizar la defensa de la patria y de los deberes constitucionales”. En ningún momento la Constitución admite o defiende que los militares puedan ser un “poder moderador”, algo que la extrema derecha de Bolsonaro ha insistido en defender en todas las manifestaciones golpistas.

Para evitar en el futuro que dichas cuatro líneas de la Constitución puedan seguir siendo instrumentalizadas por la ultraderecha, que sueña con la vuelta de los militares al poder, el Partido de los Trabajadores (PT) a través del diputado Carlos Zarattini ha presentado al Congreso una enmienda a la Constitución para acabar con las dudas acerca del papel que se le otorga a los militares en un régimen democrático como lo es el brasileño.

“Queremos cambiar eso en la Constitución para evitar interpretaciones erróneas. Las Fuerzas Armadas no son un poder sobre los otros y por ejemplo no pueden intervenir ni sobre el poder del Supremo Tribunal Federal ni sobre el Parlamento como pretendió, aunque inútilmente durante sus cuatro años de Gobierno, el expresidente Bolsonaro y su ala más fuertemente golpista.

El delicado problema de rectificar el texto constitucional sobre el poder de las Fuerzas Armadas no le va a ser fácil, sin embargo, al nuevo Gobierno de Lula, ya que son conocidas las reservas que los militares siempre han tenido con los gobiernos de izquierda.

Para conseguir cambiar las ya apellidadas cuatro líneas de la Constitución del 1988, el gobierno necesitaría la mayoría absoluta sea del Parlamento que del Senado, hoy por hoy dominados por los votos bolsonaristas que difícilmente aceptarían tal enmienda por miedo a que puedan suponer una pérdida de poder de las Fuerzas Armadas.

Los autores del actual texto constitucional aún vivos confirman, sin embargo, que esas cuatro líneas de la Constitución no solo no pretendían transformar a los militares en moderadores de los poderes del Estado, sino que, al revés, se trataba de delimitar su poder relegándolo al mando de los verdaderos poderes del Estado.

El hecho de que la redacción de dicho texto constitucional haya podido permitir, aunque rebuscadamente, a la extrema derecha conceder poderes al Ejército que no tiene, se debe a que en aquel momento Brasil salía de una dura y larga dictadura militar y necesitó afinar en sus palabras con relación a la finalidad institucional de las Fuerzas Armadas como auxiliares del poder político y nunca más como un poder propio capaz de intervenir sobre los poderes constitucionales, fulcro de la nueva democracia.

Por si no quedara claro, en un parecer emitido el 4 de junio de 2020, la Secretaría General de la Mesa Directora de los diputados esclareció que el artículo 42 de la Constitución sobre las Fuerzas Armadas no autoriza una intervención militar a pretexto de “restaurar el orden”. Según dicho parecer del Parlamento: “No existe país democrático en el mundo en el que el derecho haya dejado a las Fuerzas Armadas la función de mediar conflictos entre los Poderes constitucionales o de dar la última palabra sobre el significado del texto constitucional”.

Como el expresidente Bolsonaro quiso forzar dicho texto constitucional para amenazar con pedir al Ejército, que en nombre de la Constitución, actuara contra las decisiones del Congreso o del Supremo, ahora se hace más urgente si cabe que el nuevo gobierno democrático, aproveche para cambiar dicho párrafo polémico de la Constitución para no dar más excusas a la extrema derecha golpista que, con Bolsonaro o sin él, seguirá aún viva en Brasil, de intentar cualquier tipo de intervención militar.

El nuevo Gobierno Lula además de intentar resolver la grave crisis económica que vive Brasil y que martiriza a millones de trabajadores que no consiguen acabar el mes ni alimentar dignamente a sus hijos, necesitará zanjar para siempre que las Fuerzas Armadas no tienen espacio en la Constitución para intentar ser árbitros y controladores del estado y de poder político.

Para ello, Lula va a necesitar, como ya ha empezado a hacerlo, a “desmilitarizar” las instituciones del Estado en las que el bolsonarismo había colocado la friolera de más de 6.000 militares cargados de privilegios que solo a regañadientes empiezan a salir del Gobierno y del resto de los estamentos del Estado.

Todo ello, Lula y su Gobierno deberán hacerlo con gran tacto y diplomacia para que no aparezca como un castigo o una revancha de la izquierda contra el Ejército que nunca fue tan mimado ni tuvo tanta influencia en el Estado como en el desastrado Gobierno de Bolsonaro.

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