Pacto en Chile

Chile ha dado un nuevo y esperanzador paso hacia la aprobación de una Constitución que entierre definitivamente la redactada en 1980 por el régimen de Augusto Pinochet. Tres meses después del plebiscito constitucional en el que una amplia mayoría de los chilenos (62%) rechazó el texto propuesto por una convención, 14 partidos políticos han pactado una nueva ruta constituyente. Lo ha firmado desde el Partido Comunista hasta la derecha tradicional, aunque ha quedado fuera el populismo del Partido de la Gente y la ultraderecha del Partido Republicano. Es un acuerdo que busca no repetir la experiencia fracasada del proceso anterior —iniciado en el estallido social de 2019 y marcado por el maximalismo— y que pretende conseguir para Chile una Constitución democrática y moderna que facilite el desarrollo inclusivo, sin poner en riesgo lo logrado en las últimas décadas.

Ha sido esta una apuesta decidida del presidente Gabriel Boric, golpeado en septiembre por el rechazo electoral de un texto que su Gobierno defendió hasta el último día. Con la nueva iniciativa recupera terreno y cumple su promesa de dotar a Chile de una Constitución libre de las rémoras del pasado. A su vez, la derecha, liderada por una nueva generación, mantiene su palabra: pese a las presiones internas de los sectores más conservadores, ha negociado para sacar adelante una nueva Ley Fundamental.

El nuevo proceso aspira a evitar los tropiezos del anterior y para ello incluye un sistema de filtros que pretende depurar y estabilizar el proyecto, a pesar de que no gustan ni a los sectores más radicales de la izquierda ni de la derecha. Así, los partidos han acordado un documento de 12 puntos que deberá ser respetado a la hora de redactar una nueva propuesta de Constitución; entre ellos figuran tanto la preservación de la unidad del Estado y los emblemas patrios como la separación de poderes. Prevé además un órgano de 14 juristas que velará por el cumplimiento de estos principios básicos. Otro grupo de 24 expertos designados por el Congreso tendrá la misión de presentar un borrador para que los 50 constituyentes, elegidos en abril próximo por sufragio obligatorio, comiencen a trabajar y que, en la parte final del proceso, podrá revisar y forzar cambios.

En este nuevo intento constituyente chileno, que debe culminar en un plebiscito el 26 de noviembre de 2023, algunos de los negociadores, sobre todo de la órbita socialista, han tenido en la mira el proceso constitucional español donde las fuerzas políticas y territoriales se concertaron para establecer unas bases sobre las que modernizar el país. Ahora la capacidad de innovación de la Asamblea Constituyente queda acotada, frente a la anterior y fallida experiencia, pero representa en la práctica un logro relevante para los sectores progresistas. Después de la fuerte derrota de la izquierda en el referéndum, en Chile se corría el riesgo de que el momento constituyente se extinguiera abatido por urgencias políticas tan graves como la crisis de seguridad o el azote de la inflación (13,3% anual). Para Boric este acuerdo representa un gran respiro. Aunque probablemente no se llegue a la Constitución que soñaba parte de su coalición, será el presidente que, si todo sale bien, firmará la Ley Fundamental chilena para las próximas décadas.