Empecinamiento sobre Melilla

Una investigación conjunta de varios medios, publicada el martes por EL PAÍS, ofrece la reconstrucción más precisa hasta la fecha de la tragedia del pasado 24 de junio en la frontera de Melilla y Nador, en la que murieron al menos 23 personas (y siguen desaparecidas otras 77). Las imágenes cuidadosamente contrapuestas y analizadas para tratar de acercarse a la verdad de lo ocurrido revuelven la conciencia y provocan nuevas dudas sobre la actuación de España y Marruecos durante aquellas horas. En ellas se aprecia claramente a personas en estado grave en una zona del puesto fronterizo. Un superviviente y miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes que fueron grabados mientras arrastraban cuerpos apuntan a que al menos una persona murió en territorio español, a escasa distancia de nuestros agentes. Entre las devoluciones en caliente a Marruecos había al menos un menor, según se desprende de la investigación, y parece de toda lógica que hubiera también heridos en una tragedia en la que perdieron la vida al menos 23 personas. Hablamos de respeto a los derechos humanos en nuestra frontera terrestre y es exigible transparencia, autocrítica sobre qué falló para un resultado tan dramático y voluntad de poner en marcha mecanismos para que no vuelva a ocurrir. Cinco meses después, nada de esto estuvo presente en la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, que insistió en rechazar cualquier cuestionamiento por parte de los medios, del Congreso, del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía, el Consejo de Europa, la Eurocámara, la ONU y Acnur. Todos ellos han considerado que sí hay materia para investigar.

El ministro del Interior dedicó ayer su presencia en el Congreso a descargar a su departamento de cualquier responsabilidad —que asumió personalmente— sin aportar información nueva. La sesión muestra que ha quedado agotada la vía de la normal rendición de cuentas del Gobierno al Parlamento. Grande-Marlaska no contestó a preguntas que son tan legítimas y necesarias como el primer día. Su relato se circunscribe únicamente a que hubo un asalto violento que “nunca se debía haber producido”. Pero se produjo, y se volverá a producir. Y las preguntas siguen sin respuesta. ¿Se podía haber evitado con una mayor presencia de agentes? ¿Con una mejor comunicación con las autoridades marroquíes? ¿Por qué la Guardia Civil no entró en la zona de la tragedia hasta varias horas después? ¿Por qué fueron los agentes marroquíes en solitario quienes se ocuparon de retirar los cuerpos del puesto fronterizo? ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Cómo murieron? ¿Se lo ha preguntado España a Marruecos? ¿Qué información ha dado Marruecos sobre su actuación? ¿Qué piensa el Gobierno y el ministro de esa actuación? Aun suponiendo que no hubiera habido ningún fallecido en suelo español, aunque testigos y grabaciones de la investigación de EL PAÍS aseguran que al menos hubo uno, quizá la pregunta clave es la que hizo el diputado Mikel Legarda, del PNV: ¿puede España desentenderse de lo que pasa a unos pocos metros de su puesto fronterizo?

Grande-Marlaska ha decidido rechazar, una tras otra, todas las oportunidades que las instituciones le han dado para matizar y enriquecer su relato y la valoración de los hechos del 24 de junio. Con ello, ha atado su futuro político a la evolución del caso en las distintas instancias que tienen abiertas investigaciones, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. No se descarta además que el Parlamento Europeo reclame su comparecencia. Pero independientemente de las consecuencias jurídicas o políticas del caso, lo que ocurrió merece una reflexión como país sobre la gestión de la frontera, y para abordarla es necesario partir de lo que todavía no hay: un relato oficial de los hechos que se corresponda con lo que todos hemos visto en las imágenes. El ministro no lo dio ayer en sede parlamentaria.