Melilla

La Fiscalía y el Defensor del Pueblo han reclamado al Ministerio del Interior que les entregue todas las imágenes de que disponga grabadas alrededor del puesto fronterizo de Melilla en el que se produjo la muerte de al menos 23 inmigrantes el pasado 24 de junio. Después de las dudas presentadas por una investigación preliminar del Defensor y la difusión en los medios de varios minutos de grabaciones y testimonios que cuestionan seriamente la actuación española aquel día, hay que aclarar si se tomaron decisiones en algún nivel de responsabilidad, operativa o política, que no supieron prever ni impedir la ratonera en la que perdieron la vida aquellas personas y que constituye la mayor tragedia humana en la frontera sur española. Los españoles siguen sin saber por qué se produjo la tragedia y qué se debe hacer para que no vuelva a suceder. El ministro Fernando Grande-Marlaska sigue manteniendo que todo se hizo dentro de la legalidad y asegura que ha dado toda la información que tiene. La petición misma de la Fiscalía y el Defensor demuestra que no se había rendido cuentas de forma suficiente sobre un episodio que afecta a la posible vulneración de los derechos humanos en nuestra frontera.

Después de más de 140 días las preguntas siguen siendo prácticamente las mismas. ¿Por qué se vio desbordado el operativo en una situación que, según el Defensor del Pueblo, era previsible? ¿Qué coordinación hubo con Marruecos y a qué nivel? ¿Hubo víctimas en lugares donde la Guardia Civil tiene capacidad de actuar? Si es así, ¿por qué no se prestó auxilio al producirse la avalancha? ¿Cruzaron a España personas heridas? ¿Cuántas personas fueron devueltas a Marruecos en caliente? ¿En qué estado se encontraban? ¿Con qué cobertura legal? Son preguntas que deberían estar contestadas hace meses pero no lo están: ni la Fiscalía, ni el Defensor, ni los grupos parlamentarios, ni parte del Gobierno se dan por satisfechos con la información recibida hasta ahora. Ningún juez con 23 muertos encima de la mesa admitiría respuestas como las que ha dado Interior. Es de esperar que la investigación abierta por la Fiscalía sea exhaustiva.

Ante las preguntas sobre la responsabilidad española en la tragedia, Marlaska insiste en que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad se produjo dentro de la “legalidad y proporcionalidad”. Nadie cuestiona la integridad profesional de los agentes de la Guardia Civil que ese día defendieron físicamente con sus cuerpos la frontera española, un trabajo necesario, duro y poco reconocido. Medio centenar de ellos resultaron heridos. Lo que se cuestiona es qué órdenes recibieron, qué información tenían y con qué medios contaban, algo que compete a otros niveles de responsabilidad. Si alguno actuó por su cuenta, el ministro debería ser el primer interesado en saberlo.

Cada día que pasa sin información más precisa, preferiblemente en el Parlamento, se daña la credibilidad del mismo Gobierno. Esa información debe ser completa, entendible, asumiendo la responsabilidad que toque y, sobre todo, sin creer que nadie sabe lo difícil que es la gestión diaria de la frontera sur de Europa. Existe un escenario en el que la muerte de esas personas a las puertas de España pudo ser un desgraciado accidente que nadie supo evitar, como pretende Marlaska. Pero la información aportada hasta ahora está muy lejos de convencer a la sociedad de que ese sea el caso. Es la resistencia a la transparencia, no la presión política, la que juega en contra de su credibilidad.