De la sedición a la sedación

En el año 2017, España sufrió un ataque a su orden constitucional. El Estado pudo parar el golpe y desactivar el asalto. Desde entonces, una de las actividades principales del secesionismo, además del habitual victimismo matón y de un uso partidista de las instituciones que excluye a quienes no piensan como ellos, ha sido despojar al Estado de los instrumentos que permitieron contener esa agresión: hacer que tenga menos recursos para defender los derechos de los ciudadanos. Es comprensible. Lo extraño es que quien está a cargo del Estado parezca dispuesto a ayudarlos en esa tarea.

Lo más lógico habría sido observar si hay que adaptar las leyes a los tiempos: no para que los perpetradores sufran consecuencias más o menos graves, sino para que sea más difícil que las acciones se repitan. En cambio, observamos una profusa chatarra argumentativa: la modificación nos permite homologarnos con Europa, por ejemplo. En primer lugar, es discutible: el Tribunal Supremo señaló que “la crítica al exceso punitivo del delito de sedición (...) no puede ser el resultado de la comparación semántica de esa figura con tipos penales vigentes en sistemas extranjeros”, y que hechos similares a los cometidos por los líderes independentistas acarrean condenas comparables o superiores en Italia, Francia o Alemania. En segundo, es uno de esos argumentos inspirados en los pimientos de Padrón, que, ya se sabe, unas veces pican y otras no: en ocasiones hay que homologarse con Europa (cuando le conviene al Gobierno) y en otras hay que distinguirse (cuando le conviene al Gobierno). Las leyes de los países, que tienen soberanía para establecerlas, también responden a unas circunstancias determinadas. Si la norma es anticuada o un fósil, convendría modificarla y adaptar su configuración típica para hacer frente a las amenazas actuales, no para dejar al Estado más desprotegido. También, si es una reforma tan importante y urgente, sorprende la manera en que se plantea: para sacar adelante unos Presupuestos en el tramo final de una legislatura. Y resulta obsceno que una reforma de una ley, que debería ser abstracta e impersonal, como ha escrito José Antonio Zarzalejos, se plantee de manera asombrosamente personal y concreta, para favorecer a unos aliados.

La rebaja de las penas por sedición que pide Esquerra Republicana a cambio del apoyo a los Presupuestos busca que actos como los de 2017 tengan menos consecuencias penales: ahora, y más adelante, si (o cuando) vuelvan a producirse, porque uno de los logros de la reforma puede ser convertir el pronunciamiento civil cantonalista en un instrumento de negociación.