Los violadores están de enhorabuena

Vaya, hombre. Los violadores están de enhorabuena estos días, a juzgar por dos resoluciones de sendos casos gravísimos en los que los agresores se han librado de la cárcel gracias a acuerdos con la Fiscalía a cambio de dinero y un curso de educación sexual. Podemos imaginarlos tomando apuntes, atentos y aplicados, mientras una profesora les enseña que el acto sexual debe ser consentido (repite conmigo: con-sen-ti-do) y nunca impuesto por la fuerza. Que dos más dos son cuatro, muchacho.

Los hechos son escalofriantes: en Murcia, un hombre de 64 años, jefe de una finca de albaricoques en plena cosecha, citó a una jornalera para llevarla al campo, donde la violó, la golpeó, la insultó y la amenazó con quitarle su trabajo a ella y a sus compatriotas si le denunciaba. Más que un cursillo, necesitaría un máster. En Málaga, dos policías municipales violaron a una chica de 18 años a la que habían dado el alto y que había bebido.

Que las víctimas hayan aceptado estos acuerdos no puede ser objeto de crítica. El camino desde la violación a los juzgados se puede volver tal prolongación de la tortura sufrida que se comprende la rendición. La grandísima Joyce Carol Oates reflejó en Violación, una historia de amor, de forma magistral el señalamiento que puede atormentar a la víctima cuando se expone a las declaraciones, los interrogatorios y la sospecha pública que sigue cerniéndose sobre la mujer y que en España quedó en evidencia con la primera sentencia de la manada de Pamplona.

Lo que es incomprensible es que los fiscales hayan dado el visto bueno a unos acuerdos de vergüenza. En el caso de Murcia, La Audiencia Provincial de Murcia le ha condenado a pagar las costas procesales, 6.000 euros de indemnización a la víctima, cinco años de libertad vigilada y el citado programa de educación sexual. Le salió barato violar.

Algo más caro les salió a los dos policías municipales de Estepona (Málaga) vestidos de uniforme que drogaron y violaron a una joven. Son 80.000 euros y el cursito.

En ambos casos, los violadores estaban revestidos de la autoridad de su posición, lo que podría haber sido un agravante. En ambos casos, sin embargo, los acuerdos de conformidad entre las partes y la Fiscalía han permitido una impunidad que compromete valores medulares como la libertad sexual y el propio papel del Estado en la defensa de las víctimas. A este ritmo necesitaremos una universidad: no tanto para la educación sexual, sino para defendernos del Estado.