Mejorar el ingreso mínimo vital

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acaba de publicar su primera valoración sobre la aplicación del ingreso mínimo vital (IMV), la prestación que se puso en marcha en 2020 con el estallido de la pandemia para garantizar a los hogares en dificultades una renta mínima y que hasta la fecha beneficia a 284.000 familias. La Airef valora positivamente la prestación como instrumento para reducir la pobreza, pero considera que puede tener mucho mayor recorrido si se procede con algunos ajustes.

Resulta preocupante que casi 400.000 hogares que se encuentran en situación potencial de recibir el complemento ni siquiera lo hayan solicitado, lo que exige de las autoridades un mayor esfuerzo para conocer las causas de esta decisión e incluso la implementación de mecanismos de concesión automática de la ayuda, como sucede con quienes tienen menores a cargo. También llama poderosamente la atención el elevado número de solicitudes rechazadas (975.000), sobre todo por criterios de renta (42%) y otros relacionados con el empadronamiento (20%). La Airef considera que hay que revisar tanto los criterios de patrimonio exigidos para poder recibir la ayuda, así como hacer un análisis realista de la situación económica de las familias para evitar que hogares en riesgo de pobreza queden excluidos de la prestación. Y plantea la necesidad de que todos los niveles de la Administración mejoren su coordinación para reducir las barreras burocráticas o los tiempos de espera para recibir el complemento, que en la actualidad ronda los 60 días frente a los 150 días que se tardaba en su puesta en marcha.

La Autoridad Fiscal propone simplificar los trámites para acceder a la prestación y que el Ministerio de Seguridad Social fije un objetivo concreto de reducción de pobreza, para evaluar el éxito o fracaso del instrumento a lo largo de los años. Para esto, incide, se debe facilitar información estadística periódica sobre el mismo en la página web del departamento que permita seguir su evolución. El coste de que todos los beneficiarios potenciales —los 284.000 que la reciben y los 400.000 que deberían recibirla— tuvieran garantizada una renta mínima ascendería a 2.800 millones de euros, frente a los 1.600 millones anuales que se gastan en la actualidad.

El trabajo de la Airef revela, por último, la importancia de contar con organismos independientes que evalúen las políticas públicas para subsanar posibles deficiencias de gestión y mejorar su ejecución, especialmente ante instrumentos como el ingreso mínimo vital, que tienen un gran potencial de convertirse en un elemento sustancial en la lucha contra la pobreza.