¿Quién sale reforzado del debate del estado de la nación?

A la luz de lo acontecido en el Congreso, se podría afirmar que Pedro Sánchez sale reforzado. Y lo hace porque ha salido como una exhalación con un discurso y propuestas que giran de manera significativa hacia la izquierda, algo que ha sorprendido a propios y extraños. A los propios, anunciando medidas como un impuesto especial a los bancos o la gratuidad de los trenes, después de decisiones que han hecho temblar los pilares del Gobierno de coalición, como el cambio de rumbo en relación con el Sáhara o la posición del grupo socialista en relación con la guerra. A la luz de la respuesta desde la izquierda, parece que estas medidas, que no parecen de carácter estructural, son suficientes, a pesar de que se continúa apostando por una política de contención salarial y se reafirma en sus posiciones en relación con el incremento del gasto militar hasta el 2%, motivo por el que se ha convocado la mesa de coalición.

Este conjunto de medidas, además de aplacar a su socio de Gobierno, ha pillado descolocada a la derecha. Una derecha que sigue sin discurso político y que solo lanza consignas y argumentarios, sin datos, sin haberse estudiado los temas y pensando que con una retórica sostenida sobre el terrorismo, que además le ha salido mal, se puede ganar un debate de estas características. Parece que a Feijóo se le va a hacer largo el tiempo hasta las elecciones.

En definitiva, gana Sánchez, sale reforzado, toma la iniciativa política frente a sus socios y rivales. Y, en fin, consigue cohesionar al Gobierno de cara a los próximos meses que se prometen duros para la ciudadanía a la que, por fin, le ha anunciado que estamos ya en una economía de guerra.
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Ruth Ferrero es profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.

En el debate sobre el estado de la nación, Pedro Sánchez dejó claro que superar la crisis energética actual requerirá un esfuerzo de todas y todos, ya sea por parte de empresas como de ciudadanos. Bajar la calefacción y subir el aire acondicionado, fomentar el transporte público o continuar con el teletrabajo son medidas llamadas de suficiencia o 'sobriedad' energética, o acciones individuales destinadas a un menor consumo de energía.

Esta es una llamada que va en la línea de lo que otros países europeos ya han advertido: habrá que hacer un esfuerzo colectivo si se quiere estar preparado ante un corte total del suministro de gas ruso. Aunque España esté mejor protegida que otros Estados miembros en cuanto a seguridad de suministro, un corte de gas fortuito por parte de Gazprom puede provocar un choque en los precios de toda Europa, y cualquier metro cúbico de gas ahorrado puede marcar la diferencia.

Sin embargo, el impuestazo a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras manda una clara señal de que ninguna llamada a la sobriedad puede ir sin pedir esfuerzos a las grandes empresas. El nuevo impuesto anunciado el martes a las compañías eléctricas, gasistas y petroleras recaudaría unos 2.000 millones de euros al año, en un momento en que estas están registrando beneficios récord.

La nueva propuesta del Gobierno deberá despejar muchas incógnitas como, por ejemplo, cómo va a asegurarse el Ejecutivo que los impuestos recaudados se destinen a medidas que alivien el impacto de la crisis en nuestros colectivos más vulnerables y aseguren una descarbonización de nuestra economía a largo plazo. Cualquier medida de emergencia deberá complementar las medidas de recuperación verde y acción climática a largo plazo, y apostar por el despliegue masivo de renovables y la eficiencia energética.
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Anna Gumbau es periodista especializada en energía.

El debate lo está ganando Pedro Sánchez porque no es un debate del estado de la nación al uso, sino un debate, dadas las circunstancias, concebido a su mayor gloria y lucimiento. Y si ello es posible es porque en el debate no ha podido participar el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por no ser diputado, y ha debido delegar en su fiel escudera, Cuca Gamarra, lo que ha impedido la confrontación de proyectos, estilos y liderazgos. Abascal, sin embargo, ha tratado de aprovechar el vacío dejado por el PP y ha querido medirse con Sánchez, quien hábilmente ha recogido el guante para ningunear a los populares.

El primer debate del estado de la nación que se celebra con un Gobierno de coalición no ha permitido visibilizar la existencia de ese Gobierno; al contrario, Podemos ha sido invisibilizado. Sánchez ha cogido la bandera de la izquierda comprometiéndose a "dejarse la piel para defender a la clase media y trabajadora" y ha anunciado un paquete de medidas más propio del programa participativo del primer Podemos, con medidas como impuestos extraordinarios a las empresas energéticas y a los bancos, la gratuidad de bonos de transporte de cercanías o una ayuda suplementaria de 100 euros a los alumnos mayores de 16 años, ya becados. Y en cierta medida también ha agitado la bandera del populismo al reconocerse como un Gobierno que incomoda a los poderosos. Y ante el intento de Sánchez de capitalizar en solitario el conjunto de medidas, a la izquierda del PSOE solo le ha quedado tratar de hacer un ejercicio de distopía, en palabras de Jaume Asens, y agitar el espantajo de la derecha, del pasado y de las cloacas del Estado.
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Astrid Barrio es profesora de Ciencia Política de la Universidad de Valencia.

El formato de estos debates es desequilibrado: está diseñado para dar toda la ventaja al Gobierno, incluso cuando las cosas van mal. La oposición solo tiene opciones cuando hay un Ejecutivo en declive acelerado. No es el caso de la coalición gobernante, y el debate significa un correctivo para quienes venían tratando de avivar una percepción de cambio de ciclo. Si, además, el líder de la oposición iba a estar ausente (presencial y espiritualmente), como sucederá hasta el final de la legislatura, no cabía mayores sorpresas de un evento parlamentario donde lo que cuenta es el contraste personal más que ideológico.

Pero el presidente y su Gobierno no se han limitado a transitar por un escenario favorable, sino que han aprovechado para fijar el tono de la reacción de la mayoría gubernamental a la derrota andaluza: apuntalar la credibilidad de su acción contra los efectos de la inflación, reafirmar el apoyo de la mayoría surgida de la moción de censura de hace tres años, y adoptar un nuevo tono contra Vox: el desdén. Con esos parámetros, un PP-sin-Feijóo apenas ha tenido margen para replicar el discurso de Sánchez, lo que ha dejado en un segundo plano su crítica hacia las inconsistencias de la coalición. El debate no ha dado para mucho más que para recordar que esta legislatura está siendo la más estable en dinámicas políticas y predicciones electorales de los últimos 20 años. Aunque las tertulias insistan en lo contrario.

Con todo, las medidas más vistosas anunciadas el martes, más que activismo electoralista, son un presagio de los tiempos duros que se anuncian para después del verano. Después de la última década, la izquierda ya sabe que no debe afrontar ese horizonte con resignación y retórica impotente. Y la oposición debería haber aprendido que esperar a que el descontento tumbe al Gobierno tampoco será suficiente.

La subvención total de los abonos de Renfe puede ser muy positiva para fomentar el transporte público y sostenible, además de progresiva porque beneficia a las rentas más bajas que son las que no disponen de vehículo privado y más usan el transporte público.

Además de este plan coyuntural o el anuncio de la implantación de becas de 100 euros mensuales para todo el alumnado mayor de 16 años de estudios postobligatorios, Sánchez también ha comunicado otras medidas de largo plazo como la aprobación del programa Código Escuela 4.0 para incluir asignaturas de programación y computación en el sistema escolar.

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha hablado de la futura aprobación de la ley de vivienda o el desbloqueo de la operación inmobiliaria Campamento de Madrid para construir 12.000 nuevas viviendas, el 60% de ellas de carácter social. España debe seguir haciendo esfuerzos en este ámbito, ya que cuenta con el menor parque de viviendas sociales en alquiler de la OCDE, el 1,1% de todas las viviendas, frente al 17,4% en el Reino Unido o al 14% en Francia.

Aunque los anuncios del Gobierno contribuirán a paliar los efectos de la pandemia y la crisis derivada de la invasión de Ucrania, Cuca Gamarra, portavoz del PP, ha recordado que el ingreso mínimo vital aún no llega a todas las personas beneficiarias previstas (2,3 millones) cuando la tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 27,8%.

Por su parte, Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, ha recordado al Gobierno otras demandas de colectivos sociales, como un fondo estatal para que las comunidades autónomas puedan incrementar el personal en las escuelas infantiles, aprobar una ley de familias para garantizar 100 euros mensuales para la crianza o incrementar la inversión en conciliación.
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Alicia Ibarra es directora de alianzas y movilización social de beBartlet.