Falta la patronal en el pacto de pensiones

El pacto entre Gobierno y sindicatos para reequilibrar en parte las cuentas de la Seguridad Social mediante futuras alzas de las cotizaciones sociales tiene dos aspectos positivos. Uno es que en sí misma la medida puede contribuir a reducir el déficit del sistema público de protección, aunque apenas nadie apuesta a que constituya algo más que un alivio parcial. Otro es que completa la primera fase de la reforma prevista y se añade así a la vinculación de las pensiones a la inflación, las medidas para incentivar el retiro aplazado, la prohibición de jubilarse forzosamente a los menores de 68 años, los obstáculos a la jubilación anticipada voluntaria y la discriminación positiva en el tratamiento de quienes fueron despedidos con la Gran Recesión, antes de 2013.

Sin embargo, el descuelgue de la patronal CEOE del acuerdo sobre cotizaciones y mecanismo de equidad intergeneracional menoscaba significativamente el tono general positivo de esta primera reforma, a pesar de que la cúpula empresarial dio su conformidad el pasado verano a sus líneas maestras. Hoy en cambio no ha ofrecido una explicación detallada y convincente sobre su absentismo del acuerdo. O las razones esgrimidas son escasas y débiles. La principal consiste en que el aumento de las cotizaciones sociales tiende a obstaculizar la contratación y, por ende, el aumento de empleo. Es cierta en términos generales, pero debe matizarse por la enorme cantidad de reserva de mano de obra que supone el desempleo de larga duración. Aunque las cotizaciones empresariales son más altas que en otros países del entorno, no lo es el conjunto de las cargas empresariales, sobre todo para las grandes empresas, si se contabiliza el peso relativo (menor en España) de la tributación sobre Sociedades. Por último, la repercusión de la mayor cotización en cada caso individual es leve, aunque la suma total alivie las cuentas globales.

En realidad, si la CEOE dispone de alternativas concretas a esa subida —y no solo de grandes principios abstractos y alegaciones meramente retóricas—, aún está a tiempo de presentarlas mediante enmiendas endosadas por algunos grupos parlamentarios para el trámite de aprobación de la oportuna ley en el Congreso.

Más allá del contenido concreto del debate, la ausencia de la CEOE del acuerdo es francamente negativa. Lo es, en primer lugar, para los empresarios: el desdén patronal a la primera oferta del Gobierno, una actualización paulatina de las cotizaciones, los aboca a una subida —aunque siempre aplazada— más súbita. Es malo también para sindicatos y patronales y para la estabilidad del marco de relaciones laborales, pues una reforma sin amplio consenso augura una menor duración que otra acordada. Y es malo para el Gobierno, que afronta una discusión más ardua en el peor clima sobre la reforma de la reforma laboral. Es esta última la más decisiva, y aquella en la que más urge el consenso para su aprobación en Bruselas.

Si el veto se repitiese, la responsabilidad sería compartida, pero entre sus consecuencias más graves estarían las dificultades para acceder a los fondos europeos Next Generation, condicionados a las reformas, con un efecto inmediato en la economía y en las empresas españolas. La patronal tendría que explicar qué razones de corte ideológico, político o táctico animan a correr ese riesgo y en nombre de qué beneficios empresariales.