Detenido el jefe de policía de Chilpancingo por el asesinato del alcalde

La investigación por el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, el pasado octubre, comienza a arrojar los primeros resultados. Este martes, la Fiscalía de Guerrero, junto con el Ejército y la Guardia Nacional, han detenido a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acusado de homicidio calificado. Capitán retirado del Ejército, Germán Reyes era el actual titular interino del departamento, y anteriormente había estado al frente de la Fiscalía de Delitos Graves del Estado. La orden fue emitida por un juzgado de control de Chilpancingo y Reyes ya ha sido puesto a disposición del juez.

Hace un mes, y apenas una semana después de haber jurado el cargo, el presidente municipal de la capital guerrerense apareció decapitado en su camioneta. Los criminales habían dejado el cuerpo en el asiento delantero y la cabeza sobre el capó del vehículo. Días antes, el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Tapia, también había sido tiroteado en una calle del centro de la capital. Un doble crimen que dejó conmocionada a la ciudad y que se suma al largo historial de violencia que asedia al Estado. Tan solo el jueves pasado, la Fiscalía confirmó el hallazgo de 11 cadáveres en una camioneta en la misma ciudad, horas después de que el Ejército anunciara un operativo para buscar a 17 personas que supuestamente habían sido secuestradas por el grupo criminal Los Ardillos en Chilapa de Álvarez.

Gustavo Alarcón, médico de profesión y priista como su antecesor, tomó posesión como presidente municipal días después del asesinato de Arco. “Por Chilpancingo y por Alejandro, ¡protesto!”, dijo entonces. Ese mismo día, miles de personas marchaban en Chilpancingo vestidas de blanco para exigir paz y justicia en el Estado. Tras el crimen, el Ejército desplegó casi 300 elementos para garantizar la seguridad en la ciudad.

Guerrero, y en particular Chilpancingo, es desde hace unos años el centro de una guerra entre grupos criminales. En concreto, Los Tlacos y Los Ardillos, parte de una galaxia de mafias locales que pelean entre sí tras la caída de las grandes organizaciones. El objetivo es la disputa del territorio para controlar todo tipo de negocios. No solo el narcotráfico, que tiene una larga tradición en Guerrero, productor de opio y marihuana en la sierra, a poco más de una hora en coche desde la capital. Secuestro, extorsión, trata de personas, transporte, alimentación, cualquier actividad que dé algo dinero. Las mafias son parte de una maraña de intereses económicos y políticos que, sumada a la debilidad, cuando no abandono institucional, provoca un cóctel explosivo que hace difícil identificar sus ingredientes.

En verano del año pasado aparecieron siete cuerpos despedazados en una céntrica plaza de la ciudad y un mensaje a la entonces presidenta municipal, Norma Otilia Hernández, a quien le pedían una reunión, un “segundo desayuno”, en palabras criminales estampadas en las paredes. Días después comenzó a circular un vídeo que mostraba a la alcaldesa dando la mano al supuesto líder de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.

La presión fue subiendo las siguientes semanas, con escenas de caos y terror en las que una muchedumbre tomaba el centro de la ciudad con incendios y narcobloqueos que provocaron el cierre de comercios y colegios. El control del transporte local, taxis y autobuses, estaba en el origen de la crisis. La batalla dejó seis chóferes muertos y varios heridos. Apenas un mes después, en septiembre del año pasado, un grupo de sicarios asesinó a tiros al jefe de Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García, en plena calle al sur de la capital.