El ajedrez judicial de la ministra Yasmín Esquivel para sepultar el informe de la UNAM sobre su tesis

Hace casi un año que el investigador Guillermo Sheridan publicó un análisis en el que concluía que la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel plagió la tesis con la que obtuvo el grado de licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El trabajo, titulado Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A, fue sustentado por Esquivel en 1987 y era idéntico a uno presentado un año antes por otro alumno, Édgar Ulises Báez. La revelación provocó una crisis en la mayor instancia de impartición de justicia de México, pues una de sus integrantes había sido acusada de no cumplir el requisito elemental para convertirse en ministra: la licenciatura en Derecho. La UNAM inició un proceso interno para dictaminar, de manera estrictamente técnica, si su exalumna había cometido plagio o no. Pero la ministra Esquivel emprendió una contundente estrategia judicial para retrasar la investigación de la universidad y, en última instancia, impedirle dar a conocer sus conclusiones. En el horizonte está la posibilidad de que la UNAM decida anularle el título de licenciatura. Es mucho lo que se juega la ministra.

El tiempo ha jugado del lado de Esquivel. Y también algunos notarios, jueces de Ciudad de México y magistrados que han dado entrada a sus recursos legales y le han servido en plata resoluciones favorables a sus propósitos. En los 11 meses transcurridos desde la revelación del presunto plagio, la universidad ha combatido la intrincada maraña de recursos judiciales a través de su abogado general, Hugo Concha. Ha habido triunfos, pero la casa de estudios todavía no puede publicar su dictamen.

En este tiempo, la UNAM ha cambiado de rector, tras el término del periodo de Enrique Graue, que acometió el desafío, pero no tuvo tiempo de terminarlo. El reto recae ahora en el nuevo rector, Leonardo Lomelí, que ha asegurado que tiene la determinación de continuar la batalla judicial. “La comunidad universitaria no estará plenamente satisfecha hasta que podamos conocer la opinión del Comité de Ética”, apuntó Lomelí en una entrevista con este periódico, “por eso es muy importante que podamos llegar a conocerla e insisto: de no poderlo hacer, si se siguen interponiendo recursos legales, habrá que valorar si hay otra vía a través de la cual podamos finalmente dar a conocer la opinión de la Universidad”.

EL PAÍS reconstruye cuál ha sido la estrategia de la ministra Esquivel en la partida de ajedrez judicial emprendida contra la UNAM.

El tablero

El escándalo estalló en un momento en que Esquivel contendía por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el 21 de diciembre de 2022. El primer reflejo de la ministra fue negar que hubiera incurrido en plagio y acusar al otro exalumno, Édgar Ulises Báez, de copiarle a ella, aunque él sustentó el trabajo un año antes, en 1986. La UNAM inició pronto labores de análisis. La Dirección General de Bibliotecas efectuó un primer dictamen en el que encontró “un alto nivel de coincidencias” entre la tesis de Báez y la de Esquivel. El documento se entregó al Comité de Integridad Académica y Científicas de la FES Aragón, la facultad ante la cual Esquivel sustentó su trabajo de titulación y la instancia encargada de investigar su caso.

La ministra libró ante esa instancia académica su primera defensa, antes de acudir a los tribunales judiciales. La asesora de tesis de Esquivel, la profesora Martha Rodríguez, salió en defensa de la ministra y cargó con la culpa, con una explicación de saltos en el tiempo: Esquivel —según esta versión— había iniciado su proyecto en 1985 y lo entregó a Rodríguez; Báez accedió a ese trabajo inicial, copió partes, elaboró su tesis y la presentó en 1986; Esquivel, sin enterarse, continuó con su proyecto y lo concluyó en 1987; la única que estaba al tanto era Rodríguez. La ministra dijo entonces que tenía una declaración notariada en la que Báez aceptaba haberle copiado, además de peritajes informáticos y documentales que confirmaban que ella era la autora original, pese a la discordancia de los años. Todas esas “pruebas” fueron entregadas al Comité de Integridad Académica de las FES Aragón. Esquivel iniciaba sus primeras jugadas y movía a sus peones en la batalla.

El 11 de enero se emitió una conclusión del comité de la FES: Esquivel “copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás” por Báez. En el comunicado, el rector Graue advertía de que, no obstante, la universidad no tenía las armas jurídicas para anular un título ya expedido, aun cuando, a la postre, se hubiera confirmado un plagio, como era el caso. Las presiones de la opinión pública forzaron al rector a no dar carpetazo el asunto. Graue dio un paso al frente y dijo que turnaría el caso al Comité Universitario de Ética (Cuética).

Primer movimiento

Fue entonces que la ministra pasó a las armas judiciales, ayudada por jueces de Ciudad de México, un circuito en el que Esquivel tejió influencias tras su paso como magistrada y presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa. El 13 de febrero, su defensa promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en contra del director de la FES Aragón, el Comité de Integridad Académica de esa facultad, el presidente del Cuética, el propio Cuética y el rector Graue. La ministra se adelantaba y pedía al tribunal que la protegiera de los daños morales que le podía causar el proceso que investigaba la tesis. Además, solicitaba que la UNAM no emitiera su resolución final sino hasta que se resolviera el fondo de su amparo, que podía tardar hasta un año, y que todas las personas involucradas en el asunto se abstuvieran de emitir información sobre el caso. La titular del juzgado, la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, concedió a Esquivel todo lo pedido.

Desde el primer momento, esa resolución fue interpretada por los medios como una mordaza a la universidad, que llegó cuando el Cuética estaba por concluir su análisis. “La UNAM lamenta y no puede estar de acuerdo con el mandato judicial que busca silenciarla”, reclamó la universidad. La UNAM impugnó el mandato judicial ante el 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Ciudad de México) y el 28 de febrero consiguió aligerar los alcances del bozal interpuesto por la jueza Zúñiga: la universidad sí podría brindar a la sociedad información sobre el procedimiento, pero debía ser objetiva y parcial, y sin las conclusiones del mismo.

Al mismo tiempo, la universidad interpuso tres quejas, en contra de que el amparo de la ministra hubiera sido admitido a trámite. Las asumió el 21° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que el 21 de abril dio la razón a la universidad. El tribunal federal desechó la demanda de la ministra por ser “notoriamente improcedente”. El magistrado Carlos Alberto Zerpa señaló que el proceso de investigación de las autoridades universitarias sobre si Esquivel había o no escrito su tesis no le generaba a la ministra “una afectación de imposible reparación”. De hecho, decía el jurista, si la investigación desvelaba que ella era la autora “esas pretendidas violaciones se desvanecerían en el transcurso de la resolución”. Además, Zerpa apunta que no se violaba el honor de la ministra, como ella reclamaba, porque “el procedimiento al que la están citando, no se está dilucidando el honor, sino que está estudiando la legalidad o la ilegalidad en la elaboración de una tesis de licenciatura”.

Con estos argumentos, el tribunal concluye que no hay violaciones a los derechos de la ministra y tumba el amparo. Esto da luz verde a la universidad a emitir el dictamen. O eso parecía.

Segundo movimiento

Termina la sesión con el tribunal federal. En los minutos que tarda el abogado general Hugo Concha en cruzar el campus de la UNAM para regresar a su oficina, todo cambia. Cuando entra a su despacho ya ha sido notificado de las medidas cautelares que había aprobado un juez civil de Ciudad de México y que le impiden a la universidad, un ente federal, publicar el resultado de la investigación sobre la tesis. La celebración por la primera victoria en los tribunales dura, así, solo unos minutos. El juez José Manuel Salazar Uribe del juzgado 60 civil de Ciudad de México admitió a trámite una demanda de la ministra en la que, entre otras cosas, pide a la UNAM que la reconozca como la autora primigenia de la tesis.

La universidad decidió interponer una excepción por incompetencia ante la apertura de este juicio, basada en que un juez local no tiene competencia sobre la UNAM. Esto lo debe resolver el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero meses después todavía no se ha pronunciado. Debido a los recursos y a los amparos, que lo mantienen suspendido, el juicio original de fondo apenas ha avanzado. Y es este proceso el que todavía ahora impide a la universidad publicar el dictamen completo sobre la autoría de la tesis.

De este proceso judicial han surgido otros: el primero es un amparo de la universidad contra las medidas cautelares. El 22 de mayo, Salazar considera que la UNAM no ha apelado las medidas que se habían dictado contra el rector, el abogado general, el Consejo Universitario, la Comisión de Honor, el Cuética, el Tribunal Universitario, el director, su consejo técnico y el Comité de Ética de la FES Aragón, y “en consecuencia se les tiene por perdido ese derecho”. Así que las declara firmes.

Esas limitaciones incluían lo mismo que las de Zúñiga: no podían hablar sobre el proceso ni resolver la investigación del plagio. El 13 de junio la universidad se ampara y el 6 de noviembre, el juez federal Eduardo Hernández, juez cuarto de Distrito en materia civil en Ciudad de México, resuelve proteger a la UNAM y declara “insubsistente” el acuerdo del 22 de mayo. Esto implica que las medidas cautelares que prohibían hablar a la UNAM ya no son firmes, pero queda todo el resto del camino.

Además, la UNAM ha interpuestos dos quejas contra el juez Salazar, una por dilación del proceso y otra por tratar de obligar a la universidad a que incorporara a su dictamen la sentencia de una juez civil, María Magdalena Malpica, que declaró a Esquivel como autora original de la tesis en un proceso en el que la UNAM ni siquiera era parte. Ambas están en trámite.

Esta jugada es la que tiene, de momento, bloqueada la investigación y obliga a la universidad a esperar. Pero mientras tanto, la UNAM ha tenido que seguir defendiéndose de nuevos procesos.

Tercer movimiento

A raíz del problema del caso Esquivel, la UNAM aprobó el 30 de marzo una reforma a su Estatuto General que dotaba a la universidad de facultades para anular grados, títulos, diplomas o certificados si descubre que sus alumnos o exalumnos incurrieron en faltas a la honestidad e integridad académicas. La reforma, que fue de tipo administrativo, dejó a la casa de estudios la potestad de expulsar a quienes hubieran obtenido sus títulos de manera fraudulenta, aunque también se dejó la posibilidad de que, en ciertos casos, a los alumnos se les dé la oportunidad de volver a intentar titularse por otra vía, si así lo considera el Consejo Técnico. La reforma no estaba dirigida a la ministra Esquivel, pero el rector Graue reconoció que ese caso sentaba un precedente ante el cual la casa de estudios no podía estar desarmada para casos en el futuro. “Pasó lo que pasó, y creo que no nos debe volver a suceder el no tener los mecanismos para conducir adecuadamente estas eventuales y lamentables circunstancias”, señaló.

Aquí vino tercera jugada de ajedrez judicial de Esquivel. En junio, sus abogados presentaron una nueva demanda de amparo, ahora contra las reformas estatutarias de la UNAM y contra el Consejo Universitario que las avaló. El recurso alegaba el riesgo de que las reformas pudieran ser aplicadas retroactivamente a Esquivel. La defensa de la ministra acudió a una jueza de confianza, Zúñiga, del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la capital. La casa de estudios respondió días después de dos maneras: por un lado, impugnó la admisión del recurso de Esquivel ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (en Ciudad de México); por el otro, la universidad informó públicamente de que ya había concluido el dictamen sobre la tesis de Esquivel y le pidió a la ministra desistir de su estrategia judicial y dejarle hacer su trabajo.

El tribunal colegiado resolvió, el 11 de septiembre, a favor de la UNAM y dejó en firme la reforma al Estatuto General, una prueba más de que, en la justicia del ámbito federal, la universidad ha encontrado luces de esperanza. Los magistrados concluyeron que Esquivel no tenía interés jurídico en el asunto, pues las reformas estatutarias eran de “naturaleza heteroaplicativa”, es decir, que al iniciar su vigencia no afectaban por sí mismas a los universitarios, sino solo cuando, con posterioridad, tuviera lugar un hecho concreto que demandase su aplicación. En otras palabras, se trató de una reforma de tipo administrativo, no un proceso sancionatorio específicamente contra Esquivel, de modo que no aplica el principio de irretroactividad de la ley. Con esa lógica, la UNAM podrá sancionar a cualquier universitario por faltas a los requisitos de titulación cuando tenga conocimiento de los hechos, aun cuando estos hubieran ocurrido antes de la reforma.

Cuarto movimiento

La ministra Esquivel volvió a la carga y movió otro alfil de la judicatura de Ciudad de México. El 7 de marzo, su defensa presentó un recurso civil ante el Juzgado Noveno de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, encabezado por la jueza María Magdalena Malpica Cervantes. Esquivel buscaba que la justicia —no la UNAM— reconociera de una vez por todas que ella era la autora original de la tesis en disputa. Quería llegar al otro lado del tablero con una jugada ambiciosa, que logró gracias a una sentencia favorable de parte de Malpica. La resolución, sin embargo, estuvo envuelta en irregularidades y se sostuvo en pruebas endebles.

En el recurso, Esquivel demandó solo a Báez, pero este, extrañamente, nunca se presentó al juicio, de modo que fue declarado “confeso” de plagio y solo una de las partes —la ministra— fue escuchada. La defensa de Esquivel presentó, como pruebas de autoría original, dos peritajes sobre la antigüedad del papel que aseguraban que el material usado por la ministra era un año más antiguo que el de la tesis de Báez; también se entregó a la jueza un peritaje de la firma autógrafa de Esquivel que probaba que esta no elaboró algún documento a posteriori para hacerlo pasar por antiguo; otro peritaje era un análisis “lingüístico” que sostenía que el pensamiento de la ministra se reflejaba no solo en su tesis de 1987 sino también en la de doctorado de 2009 (que este periódico demostró que también fue plagiada); por último, Esquivel entregó a la jueza los testimonios de dos supuestos compañeros de aulas que declararon haberla visto escribir su trabajo de titulación.

Todas estas pruebas fueron dadas por ciertas por la jueza Malpica porque nadie las refutó. Además, la UNAM no fue emplazada en el juicio, a pesar de ser una parte claramente interesada. Malpica ordenó al Instituto de Derechos de Autor que Esquivel fuese reconocida como dueña exclusiva de los derechos intelectuales y morales de la tesis, y sentenció a Báez a no seguir ostentándose como titular de la obra. La resolución de Malpica se emitió el 17 de mayo, pero fue guardada celosamente hasta que causó estado, el 7 de junio, y se volvió incontrovertible. Un día después, los abogados de la ministra dieron una conferencia para festejar el triunfo. Esquivel publicó en sus redes que esta sentencia demostraba su inocencia y dijo que, para ella, el asunto estaba cerrado.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país