Un tribunal ordena a la Fiscalía archivar las investigaciones contra los 31 científicos acusados de delincuencia organizada

Un tribunal federal ha ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) el cierre definitivo de la carpeta de investigación contra los 31 investigadores del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El Poder Judicial ha ratificado un amparo previamente otorgado a los científicos José de Jesús Franco, Julia Tagüeña y Gabriela Dutrénit, quienes habían denunciado que una nueva área de la FGR los estaba investigando, a pesar de que un juez ya había determinado que no existía ningún delito que perseguir. Con esta decisión, el Ministerio Público no podrá ejercer acción penal contra los aludidos por los delitos de delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero.

En septiembre de 2021, la Fiscalía intentó girar ordenes de aprehensión contra una treintena de investigadores del sexenio anterior por supuestos actos de delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero. El Ministerio Público aseguró que el máximo órgano rector de la ciencia transfirió en forma ilegal 240 millones de pesos al Consejo y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) —asociación que sirvió como órgano asesor del Conacyt—. La Fiscalía argumentaba que el Foro no podía ejercer actos de administración sobre los recursos del Conacyt e infirió que este desvío de recursos fue utilizado para otros propósitos, menos el quehacer científico.

La inédita cruzada que comenzó la Fiscalía contra este grupo de investigadores al acusarlos de delincuencia organizada e intentara, sin éxito, llevar a un penal de máxima seguridad derivó en una batalla legal de meses, un expediente de 600 fojas y un puñado de audiencias. Un cruce de meses que culminó en mayo pasado cuando un grupo de investigadores acusados logró una victoria relevante: un tribunal colegiado confirmó que los hechos investigados no eran constitutivos de delito y ordenó el cierre de su caso.

Sin embargo, el Ministerio Público jugó en estos meses el último as bajo la manga con el que contaba para intentar llevar a los científicos ante la justicia. El investigador José Franco —uno de los señalados en el proceso— explica que este último amparo deriva de una primera denuncia que llevó el Conacyt de esta Administración ante la oficina de Servidores Públicos, misma que luego fue turnada a la mesa de Delincuencia Organizada, pero como los expedientes tenían números diferentes se registraron como expedientes separados y el Ministerio utilizó este recurso para intentar revivir el proceso a través de esta primera investigación.

En la resolución del magistrado Juan José Olvera López este intento no pasó desapercibido. El juez señaló que la Fiscalía estaba tratando de eludir que este asunto ya es cosa juzgada al reenviarlo a otra autoridad. “Insistir en mantener una carpeta de investigación abierta, trasgrede los derechos fundamentales, primero de legalidad, porque debiera mandar al archivo el asunto; y de seguridad jurídica, porque mantiene una investigación abierta sin justificación”, expresó.

A más de dos años de que comenzó el polémico proceso, este fallo supone el revés definitivo para la Fiscalía que comanda Alejandro Gertz Manero. Franco hace hincapié en que cada uno de los imputados debe buscar cerrar su proceso legal, hasta el momento, 10 investigadores señalados han conseguido librarse de la sombra de estas acusaciones de ambas carpetas. Entre los señalados cuyo proceso continúa figura el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt entre 2013 y 2018, y Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM.

“Ha sido un proceso largo y muy costoso. Hay un sabor agridulce, por un lado, ves que el abuso de poder se da en este régimen igual que en los regímenes anteriores, pero también ves que la justicia funciona y desafortunadamente esa justicia está siendo atacada de una manera feroz porque no cumple los caprichos del poder”, concluye Franco.

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