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“No podemos olvidar la forma tan sucia en la que actuó el Conacyt”: ocho investigadores libran las acusaciones de delincuencia organizada

Tras más de un año de audiencias y amparos, ocho de los 31 científicos acusados por presunto lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada han logrado el cierre definitivo del caso

Karina Suárez
CONACYT
La investigadora Gabriela Dutrénit, ahora absuelta, tras declarar sobre los delitos que le imputaban, en 2021, en Ciudad de México.Moisés Pablo Nava (Cuartoscuro)

El caso por delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero contra 31 investigadores que denunció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en septiembre de 2021 se ha empezado a resquebrajar. A 16 meses de que se dio a conocer que la Fiscalía había pedido una treintena de órdenes de aprehensión para los indiciados y tras idas y venidas en audiencias y un puñado de amparos de por medio, al menos ocho científicos ya han obtenido el sobreseimiento a su favor, una decisión judicial con efectos absolutorios.

El juez Gregorio Salazar, del Penal del Altiplano, en el Estado de México, resolvió el pasado 13 de enero el cierre del proceso penal a favor de Julia Tagüeña, José Franco, Gabriela Dutrénit, Teresa de León y Marcial Bonilla. Estas batallas ganadas para los investigadores se sumaron a los fallos favorables que ya habían obtenido previamente Luis Mier y Terán, Inocencio Higuera y Regina Alarcón. El sobreseimiento o suspensión de un procedimiento judicial, por falta de pruebas o por otra causa, tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria, por lo que el Ministerio Público ya no puede investigarlos ni acusarlos por los mismos hechos.

En septiembre de 2021, el máximo órgano rector de la ciencia en México, bajo las riendas de María Elena Álvarez-Buylla, presentó una denuncia contra seis integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y 25 funcionarios del Conacyt durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto por presuntas asignaciones millonarias e irregulares a favor del FFCyT. La dirección actual del Conacyt aseguró en su denuncia que fueron más de 240 millones de pesos los que recibió esta entidad. El Ministerio Público secundó la denuncia del Conacyt y al presentar las acusaciones se refirió al FFCyT como una empresa privada creada por servidores públicos para después favorecerse de ella.

El cierre del caso para estos ocho investigadores, sin embargo, no estuvo exento de turbulencias. En su lucha para demostrar su inocencia, los científicos pasaron del estupor inicial al conocer la noticia a las idas y venidas con sus abogados en audiencias y horas de examinación ante un expediente de más de 20.000 hojas. Ahora que la investigadora Gabriela Dutrénit ha librado definitivamente la acusación del Conacyt relata la angustia, el enojo y la incertidumbre que experimentó durante todos estos meses. “Nosotros sabíamos que éramos inocentes y lo dijimos desde el primer día, pero uno nunca sabe qué es lo que va a suceder porque hay muchísimas injusticias y sí, claro que teníamos miedo”, menciona.

Un antecedente judicial clave

Dutrénit, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, detalla que la ruta para conseguir este fallo se presentó a fines del año pasado, tras conocer el sobreseimiento que un juzgado colegiado había dictado a tres indiciados. “Si el juez de control cerró el caso para los tres colegas y es el mismo caso, nos tiene que aplicar el derecho de la misma forma, fue como una vía corta porque ya había el antecedente del juez colegiado que ya había dado la orden para el sobreseimiento”, explica.

Al volver sobre la última audiencia del caso, en enero pasado, la doctora recuerda la insistencia de la Fiscalía ante el juez para esquivar la petición de sobreseimiento que pidió el equipo defensor de los investigadores, argumentando que aún quedaba por analizar elementos del proceso. Sin embargo, tras poco más de una hora de audiencia, el magistrado Salazar ordenó el sobreseimiento a favor de ellos.

Dutrénit aclara que la opción de contrademandar al Conacyt por los daños causados está sobre la mesa, pero no tomarán una decisión hasta que el resto de sus colegas consigan cerrar el proceso en su contra. “Yo creo que no debe haber olvido. No podemos vivir del rencor, pero no hay que olvidar la forma tan sucia en la que actuó Conacyt. No puede ser que vuelva a suceder esto, no puede ser que Conacyt haga todo este tipo de acciones y gaste recursos públicos para impulsar este tipo de medida que, a todas luces, son políticas e injustas y afectan a personas”, zanja. Aunque se solicitó la postura del Conacyt sobre estos fallos, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El doctor José Franco, otro de los investigadores que han librado la acusación del Conacyt, coincide en que este proceso contra una treintena de investigadores tenía como trasfondo la intención de enviar una señal de amago para los investigadores que se atrevieran a protestar. “La acusación no tiene sustento, esto fue planteado desde Conacyt con dolo, con una mala intención, con el deseo de destruir reputaciones”, comenta.

El investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM celebra que a pesar de los reiterados intentos de la Fiscalía por llevarlos a prisión, el poder judicial haya actuado de forma imparcial. Franco añade que estos fallos a favor de los indiciados también ayudarán a reivindicar la labor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Además de los ocho investigadores que han recibido el cierre del caso vía la orden de sobreseimiento, una científica tiene un sobreseimiento parcial, por dos de los tres cargos indiciados, por lo que se espera que en las próximas semanas también sea exonerada totalmente. Tanto Dutrénti como Franco confían en que el precedente que se ha marcado con estos fallos a favor de los indiciados sirva de pauta para que el resto de sus colegas puedan recuperarse como ellos la sombra de corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.

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Sobre la firma

Karina Suárez
Es corresponsal de EL PAÍS en América, principalmente en temas de economía y sociedad. Antes trabajó en Grupo Reforma. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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