Una jueza ordena el arresto de los tres funcionarios que dieron el visto bueno al complejo de lujo City Towers Black

La Fiscalía de Ciudad de México arremete de nuevo contra la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez. En esta ocasión, sus investigaciones han llevado a la jueza encargada del caso a ordenar el arresto de los tres funcionarios que firmaron la “Autorización de uso y habitabilidad” del City Towers Black, el último documento necesario para entrar a vivir al complejo de lujo, de la empresa City Towers Green, cuyas irregularidades y fallas de construcción deberían haber impedido que los acusados firmasen ese permiso final. Sus nombres son Adelaida García González, directora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos, que ya ha sido detenida; Emilio Sordo Zabay, exdirector de Desarrollo Urbano; y Víctor Manuel Mendoza Acevedo, director de Planeación, Desarrollo y Participación, y hermano del diputado del PAN en la Ciudad de México Luis Alberto Mendoza. Este tiene un departamento en otro de los edificios de la misma empresa, que pagó al contado en 2017, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

El primero en denunciar las irregularidades en el edificio fue Rodrigo Muñoz Dromundo, abogado financiero y propietario de un departamento allí. Cuando llegó a su nueva casa en 2018, empezó a fijarse en pequeños detalles que no correspondían con lo que compró, como la calidad de la pintura, el grosor de los cristales o el material del piso. Cuando pidió explicaciones, los arquitectos Eduardo Miranda y Carla Hernández Manso le amenazaron. “Eduardo Miranda me dijo: ‘Si no te callas, te vamos a destruir la vida’”, contaba Dromundo a este periódico. Y cumplieron su promesa. Días después le enviaron un citatorio de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, que no tiene nada que ver con temas inmobiliarios o civiles. Había sido denunciado por un delito de extorsión y amenazas agravadas. “Ellos consideraban una amenaza que yo reclamase tener lo que había pagado”, se queja.

La jueza le vinculó a proceso y en la empresa financiera en la que trabajaba le dijeron que no podían tener a alguien acusado de extorsión y amenazas, y le despidieron. Poco después, el Tribunal Superior de Justicia desestimó los cargos por falta de pruebas y declaró que hubo violación a sus derechos humanos y un claro favoritismo hacia su contrario. Dromundo, lejos de rendirse, se puso a investigar, a pedir documentos a las autoridades y a hablar con sus vecinos sobre los descubrimientos que iba haciendo: fallas en la construcción confirmadas por Protección Civil, construcción de 54 departamentos más de los permitidos, instalaciones de gas deficientes que ya han provocado la intoxicación de una vecina embarazada, etc. Con esos documentos, Dromundo y 40 vecinos más han presentado un amparo contra la empresa constructora para reclamar por haber recibido departamentos con prestaciones que no están a la altura de lo que compraron.

Las órdenes de aprehensión han sido tomadas por Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, como un ataque directo contra su gestión orquestado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “Claudia Sheinbaum y su maquinaria opresora de Morena no quieren que yo sea candidato a la jefatura de la Ciudad de México. Ahora fabricaron cargos para acosarnos a tres personas de mi confianza y a mí, pero no me voy a retirar y les vamos a ganar”, ha dicho en sus redes sociales. La jefa de Gobierno se ha defendido y aclaró que las detenciones “tienen que ver con City Towers y la denuncia la han estado haciendo una serie de vecinos. La construcción de pisos ilegales no tiene nada que ver con un asunto político”. La Fiscalía ha aclarado que, de momento, no hay ninguna investigación que afecte directamente a Taboada.

Luis Alberto Mendoza, el hermano de Víctor, ha subido un vídeo desde la Cámara de Diputados de la Ciudad de México contestando a las acusaciones lanzadas contra su hermano. En tono enérgico, Mendoza lamenta que Sheinbaum está usando la Fiscalía para emprender una persecución política contra sus opositores. “Quiere amedrentarnos, a mí y a mi familia, fabricando delitos”, asegura el diputado. “Mi hermano, que cumple desde hace varios años de forma diligente en el servicio público sin una sola prueba ni una sola persona que lo acuse, lo pretenden aprehender”, dice, antes de asegurar que va a seguir dando la batalla por la capital.

Sin embargo, Víctor Mendoza y los otros dos acusados firmaron el documento de “Autorización de uso y habitabilidad” que permitió entrar a vivir a sus propietarios a un edificio con claras irregularidades, que debían haber sido revisadas por los funcionarios antes de dar su vito bueno. En un primer examen, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) realiza un estudio de impacto urbano y determina que en el terreno adquirido por la constructora se podían construir un máximo de 752 departamentos en 22 niveles. Sin embargo, en el Registro de Manifestación de Construcción, un trámite posterior, aparece, sin motivo aparente y saltándose las determinaciones de la Seduvi, un permiso para la construcción de 808 departamentos, 56 más que al principio.

Además, existían problemas básicos en la construcción, revestida del lujo que requiere un complejo exclusivo donde los departamentos cuestan alrededor de 6 millones de pesos, pero que escondía fallas estructurales graves. Estas fueron documentadas en un dictamen de Protección Civil, también en posesión de este periódico, realizado después de la intoxicación, por la mala instalación de los conductos de gas, de una embarazada en uno de los departamentos. En él se habla de extintores despresurizados, escaleras de emergencia que terminan en el segundo piso, o calentadores de agua en el interior de los departamentos que no tienen salida al exterior.

Las calderas del parque acuático a la entrada del garaje tampoco tienen salida de aire, y ya se han producido intoxicaciones. Los extractores no están en funcionamiento y eso “expone a residentes y personal de mantenimiento”. Los gases de combustión de las estufas “no tienen salida al exterior” y la ventilación de los departamentos es “deficiente”. “En caso de fugas de gas natural”, dice el documento, “estas se alojarán en esos departamentos, con riesgo de encontrar una fuente de ignición”. La función del director de Planeación y Desarrollo, así como la de los otros dos acusados, es comprobar que estas deficiencias no existen antes de dejar a la gente entrar a vivir.

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