Una odisea de seis años de denuncias contra una construcción irregular en Benito Juárez

Aunque han pasado nueve años desde que empezó a ocuparse el edificio del número 1073 de la calle 5 de febrero, Ricardo Guerrero aún tiene pesadillas con los encargados de la construcción, que se sitúa junto a su casa. “Me acuerdo de ellos todas las noches”, asegura con una risa nerviosa e intranquila. En 2016 interpuso una primera denuncia ante la Contraloría de Ciudad de México porque la visita técnico ocular (las comprobaciones) de ocupación del edificio “no estaba firmada”. Tras esta, vinieron otras tres demandas, entre las que se encontraba una por daños a la propiedad y otra por afecciones al patrimonio. El propietario respaldó sus acusaciones con un peritaje realizado en 2017 por el arquitecto Franco Mauricio Bucio.

Las paredes del interior de la casa de Guerrero, en el número 1079, están llenan de grietas y fisuras. La construcción va perdiendo separación con el edificio de al lado poco a poco, hasta no dejar ni un centímetro de distancia entre las edificaciones. Esto, según Guerrero, ha dado lugar a los desperfectos en su hogar. En el peritaje, el arquitecto indicó que “la inclinación o desplomo superior a 10 centímetros” está detrás de los daños ocasionados en la vivienda de Guerrero.

“Aun así, el peritaje privado no vale, tiene que ser realizado por las autoridades”, cuenta Guerrero. En 2019, un examen realizado por parte de un experto de la Fiscalía expuso que era peligroso para los habitantes “que los dos inmuebles se encontrasen completamente pegados”, ya que en el caso de un temblor fuerte, la nueva construcción, más alta y pesada, podría romper las columnas de la casa de Guerrero.

La normativa capitalina expone que los edificios deben separarse con una distancia “no menor” a cinco centímetros, una medida que varía dependiendo de la zona en la que se ubiquen las construcciones y su tamaño. En este caso, el inmueble está localizado en una de las zonas lacustres de Ciudad de México y debía cumplir con una separación de 19 centímetros “como mínimo” respecto a la nueva construcción, según el peritaje del arquitecto.

Guerrero afirma que, hasta el momento, más de 10 verificadores han ido a revisar el estado de su casa. Guarda las copias de algunos de estos exámenes, separadas con un papelito en el que se señala la fecha exacta. En alguno de ellos, se puede leer que el experto no pudo realizar su trabajo debido a que no encontró el domicilio al que le enviaron a realizar la verificación.

Este año, la Alcaldía Benito Juárez ha estado en el punto de mira de las acusaciones por el boom inmobiliario que advirtió desde 2014 la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México (PAOT), el organismo del Gobierno que vigila que se cumplan las normas de construcción en la capital. EL PAÍS tuvo acceso a documentos en los que se mostraba cómo la dependencia alertó al entonces alcalde Jorge Romero, actual diputado del Partido Acción Nacional (PAN), de una serie de irregularidades en al menos siete construcciones. En septiembre, la Fiscalía ya había detectado 69 inmuebles cuyas escrituras presentaban irregularidades en los permisos concedidos.

Hasta el momento, las propiedades señaladas continúan intactas. El pasado mes de julio, la Fiscalía anunció acciones legales contra los responsables de lo que llamó El Cartel Inmobiliario. En esta trama, ya son dos los detenidos por un presunto enriquecimiento ilícito: el exdirector de Obras y Desarrollo urbano de la Alcaldía, Nicias Aridjis; y el exdirector general jurídico y de Gobierno durante dos administraciones panistas, Luis Vizcaíno.

EL PAÍS ha tenido acceso a dos de los informes sobre la construcción del edificio del 5 de febrero, 1073: el aviso de la terminación de la obra; y la autorización de su uso y ocupación, firmado por Aridjis.

Una de las principales quejas de Guerrero es que, desde la construcción del nuevo edificio, el valor de su inmueble se ha depreciado. Asegura que, tras la ocupación del número 1079, varios agentes inmobiliarios se han acercado a su vivienda para intentar comprársela. “Me dijeron que pagarían el precio del terreno, porque la casa ya perdió su valor”, explica. Por iniciativa, Guerrero comenzó a buscar más ejemplos de construcciones que presuntamente no cuentan con la separación establecida, como el caso de su vivienda y la nueva construcción. En un papel, junto a los demás documentos recopilados para defender su denuncia, tiene apuntadas más de 260 direcciones, aunque asegura que la cifra es “superior a 300”.

El pasado viernes, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Alberto Ulloa, informó en rueda de prensa de datos relacionados con otro tipo de anomalías que afectaban a 130 inmuebles construidos desde 2012 en la Alcaldía Benito Júarez: el exceso de niveles en los edificios. Ulloa aseguró que la suma de las irregularidades de esos inmuebles se traducía en 264 niveles construidos de manera ilegal. Para clarificar este dato, puso un ejemplo comparativo: el Burj Khalifa, la estructura más alta registrada hasta el momento, cuenta con 163 niveles, 101 menos que las ilegalidades en la Alcaldía. El secretario aseguró que esa corrupción representa un total 7.142 millones de pesos.

En la fachada de la casa de Guerrero se observa un cartel de grandes dimensiones, visiblemente afectado por el paso del tiempo. En él, y a modo de acusación, se puede leer: “La construcción del 5 de febrero 1073 dañó esta propiedad. Existe una demanda civil por los daños en el juzgado. Esto se materializó por actos de corrupción”. La batalla legal comenzó en 2018 con la primera denuncia, a pesar de ello, la lucha comenzó tiempo antes, cuando su madre, María Luisa Mercado, comenzó, con más de 80 años, a realizar las primeras indagaciones. Mercado falleció en octubre de 2017, a los 89 años, después del sismo que azotó al país el 19 de septiembre de ese año. En las denuncias, Guerrero defiende que la preocupación de que la casa se les “cayera encima” deterioró la salud de su madre.

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