El escándalo de la tesis de Yasmín Esquivel pone en duda su idoneidad como ministra de la Suprema Corte

El escándalo por el plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Mossa se agrava cada minuto que permanece en su puesto como ministra de la Suprema Corte. El cerco sobre la magistrada se ha vuelto más estrecho después de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, diera la razón a quienes señalaban que el trabajo presentado por Esquivel en 1987 es un plagio de otro publicado un año antes por el abogado Édgar Ulises Báez. La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, perteneciente a la UNAM, determinó que se trata de una “copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho”, ha señalado en un comunicado este miércoles. “Está fuera de lugar que continúe en el puesto y mina la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice el abogado e investigador de la UNAM Tito Garza Onofre, en entrevista con este periódico.

La acusación del plagio llegaba pocos días antes de la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte, cargo que Esquivel disputaba y que acabó ganando Norma Piña, actual presidenta y la primera mujer en ocupar ese puesto. Esquivel llegó a la segunda ronda de votaciones muy herida por el escándalo. En la segunda votación obtuvo solo un apoyo, frente a los seis de Piña. La ministra, muy cercana al presidente López Obrador, siempre se ha defendido de las acusaciones de plagio insistiendo en que el trabajo es de su autoría. El propio mandatario llegó a defenderla y relacionó el escándalo de la tesis con un ataque a su Gobierno. “El golpe tiene que ver con nosotros [el Gobierno] porque sostienen que ella es nuestra candidata, cosa que no es cierta”, dijo López Obrador en una de sus conferencias matutinas.

Una a una, las pruebas que Esquivel ha presentado en su defensa le han ido explotando en las manos, hasta que el caso se ha derrumbado como si fuera un castillo de naipes. Además del señalamiento de la UNAM, este viernes la prensa local publicaba que el notario Amando Mastachi rechazó haber dado su aval al documento en el que supuestamente Báez declaraba que tomó varias referencias y texto de la tesis de Esquivel. Un documento que la ministra había presentado en diciembre como una de las pruebas a su favor. “Ha perdido uno de los requisitos para ser ministra de la Suprema Corte, que es el de gozar de buena reputación”, señala el abogado especializado en derechos humanos, Luis Tapia y agrega: “Ha perdido toda credibilidad porque dijo que la tesis es original y mintió”.

Los expertos consultados por EL PAÍS consideran que se trata del peor escándalo en la historia contemporánea de la Corte. “Mantener a una ministra que no tiene los requisitos mínimos para ser licenciada en Derecho sería un mensaje muy grave que estaría enviando la Corte a la sociedad mexicana y a la comunidad jurídica”, insiste Tapia.

En pleno debate sobre la idoneidad de Yasmín Esquivel para ocupar una silla en el Tribunal Supremo mexicano, el escándalo no ha hecho más que crecer y cada vez son más las voces que piden la dimisión de la magistrada. El Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM) exigió su renuncia inmediata. “Por respeto a la sociedad mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Estado de Derecho, se estima que la ministra Esquivel Mossa debe renunciar en los términos del artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, reza el comunicado. A esta demanda también se ha sumado la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), el Colegio de Abogados de México (INCAM) y otras organizaciones de la sociedad civil.

El artículo de la Constitución que recoge la renuncia de un ministro del Tribunal señala que solo podrán dimitir “por causas graves y serán sometidas al Ejecutivo, y si este las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”. Javier Martín Reyes, profesor e investigador del Instituto del Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que el caso se trata de una causa grave. “No solo porque estemos ante un plagio, sino porque lo que plagió fue la tesis que le permitió obtener el título profesional, que a su vez constituye uno de los requisitos que la Constitución marca para ser ministra de la Suprema Corte”, señala. Algo en lo que coincide Tapia.

El Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón que evaluó el plagio, turnó el caso a las autoridades universitarias, sin embargo, el rector, Enrique Graue, aseguró horas después que la UNAM no tiene competencias para retirar el título de Esquivel, una decisión que recaerá en todo caso en la Secretaría de Educación Pública (SEP), dependencia encargada de emitir las cédulas profesionales. “La normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”, explicaba el rector Graue en una carta.

“La actitud de la oficina de la Abogacía General de la UNAM fue pasar rápido la página”, critica Garza Onofre. “Si se descubre que hubo fraude para tener el título, por más que no exista normatividad, es necesaria una reflexión sobre cuáles serían las vías para poder llegar a sancionar o tomar una determinación“, refuta el investigador. “Es un pésimo antecedente no solo para la UNAM, sino para lo que significa la universidad y sienta un precedente negativo de que no pasa nada si plagias una tesis”, espeta. Por otro lado, el investigador critica que Esquivel no haya reaccionado ante el señalamiento de que su tesis es un plagio: “Me parece una sinvergüenza”, dice con contundencia. “Ella misma dijo que iba a acatar lo que dijera la UNAM”.

Tres días después de conocerse el fallo de la UNAM, la ministra no ha presentado su renuncia ni ha hecho ninguna declaración al respecto. Por el contrario, el jueves acudió a la Suprema Corte en la mañana, se puso la toga y sesionó junto al resto de sus compañeros como en un día normal. Hizo uso de la palabra para votar, pero no dijo nada sobre el tema. Mientras la opinión pública, juristas, políticos y sociedad civil reclaman respuestas, la ministra permanece en silencio. “Cada día que pasa y en cada asunto que participe como jueza constitucional va a haber un desgaste de su imagen, de la imagen de la Suprema Corte y del poder judicial”, cuestiona Martín Reyes.

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