Cómo el Gobierno de Chihuahua encarceló a un fiscal anticorrupción para salvar al político del PRI que desvió 6.000 millones de pesos

—Licenciada, yo no puedo estar aquí. Hay mucha gente a la que yo metí en esta cárcel —le susurró Francisco González Arredondo con inquietud a una de las integrantes de su defensa legal. El exfiscal anticorrupción de Chihuahua había sido llevado la tarde del 21 de noviembre a la misma prisión donde están recluidos el exgobernador César Duarte, símbolo de la corrupción de las Administraciones del PRI, y una decena de exfuncionarios y empresarios que saquearon las arcas del Estado.

En esa prisión, el Centro de Readaptación Social de Aquiles Serdán, también hay decenas de hombres sentenciados por secuestro y homicidio que habían sido llevados ante la justicia por González Arredondo a lo largo de sus 16 años como investigador en la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Ahora a él lo bajaban a los mismos sótanos y le apagaban la luz, como a un Dante.

Era lunes: el inicio de una semana en la que la vida del exfiscal anticorrupción se convertiría en tragedia. En el borrador de ese relato, elaborado por la Fiscalía de Chihuahua, las puertas se cierran para él y su equipo de investigadores y se abren para los condenados por corrupción, con Duarte a la cabeza. La historia se está escribiendo y el de González Arredondo es el capítulo inaugural. EL PAÍS ha reconstruido los pormenores del caso ­mediante la revisión de cientos de documentos judiciales y entrevistas a familiares, abogados del exfiscal y activistas.

El expediente contra el exfiscal ya abrió un frente de batalla entre la Administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que mira con recelo lo que le parece un acto de venganza hacia los funcionarios que se atrevieron a indagar actos de corrupción del pasado, en los que la propia gobernadora ha sido implicada.

La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó a la Fiscalía estatal cederle el control del caso, dado que los asuntos de tortura son de competencia federal. La defensa de González Arredondo tiene esperanzas de que, una vez que la FGR conozca el expediente y sus irregularidades, el caso será cerrado y el exfiscal recuperará su libertad. La Fiscalía estatal se ha negado a entregar la investigación a la autoridad federal, lo que augura que la disputa por el control del expediente se resuelva en los tribunales.

El exfiscal anticorrupción de Chihuahua ha sido vinculado a proceso por el delito que le imputa la Fiscalía de Maru Campos. La jueza Hortensia García Rodríguez instruyó dejarlo en prisión mientras concluya la investigación en su contra y a la espera de sentencia, un trámite que puede demorar meses o años.

El cómplice

El denunciante de González Arredondo es identificado por la Fiscalía como “JJBP1”. Los otros cinco testigos también son referidos por claves. Este diario corroboró sus identidades, que se mantendrán en reserva para no afectar las investigaciones. Serán referidos como El Denunciante y Testigo del 1 al 5. La FGE sustentó la acusación de tortura psicológica con base en sus testimonios y los resultados del protocolo de Estambul que aplicó una asociación civil sobre la que los abogados del exfiscal expresan reservas.

Las seis personas trabajaron para la Administración de César Duarte, en la Secretaría de Hacienda, que era dirigida por Jaime Herrera, un viejo amigo del exgobernador. Estas son sus características:

El Denunciante era asesor técnico de la Dirección de Adquisiciones y Servicios. El titular de esa dirección era Antonio Tarín García.

Testigo 1 era coordinador Administrativo y de Servicios, bajo el mando de Gerardo Villegas Madriles, un sobrino de Duarte. Testigo 1 le presentó a El Denunciante a Tarín García.

Testigo 2 era director de Egresos.

Testigo 3 era asesor en la coordinación Administrativa y de Servicios, bajo las órdenes de Villegas Madriles y de Testigo 1.

Testigo 4 era jefe de control de Pagos, bajo las órdenes de Testigo 2.

Testigo 5 es esposa de Testigo 1 y fue funcionaria de Hacienda y luego del Poder Judicial.

Los nombres de Tarín y Villegas son los nodos que unen a los seis denunciantes de González Arredondo. Tarín, Villegas y su jefe, el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, fueron sentenciados por corrupción en diversas causas penales iniciadas por la Fiscalía en el Gobierno de Javier Corral (2016-2021) como parte de la Operación Justicia para Chihuahua. Varios testimonios rendidos en su momento contra Tarín y Villegas por El Denunciante y los Testigos —que eran sus subordinados en Hacienda— fueron clave para procesarlos penalmente.

Las investigaciones conducidas por el exfiscal González Arredondo concluyeron que desde la secretaría de Hacienda de Duarte se desviaron 6.000 millones de pesos (303 millones de dólares) del erario mediante contratos simulados y empresas fantasma. A raíz de las denuncias de la Fiscalía se recuperaron 712 millones de pesos.

El exgobernador fue extraditado por Estados Unidos y ahora está vinculado a proceso, a la espera de sentencia, por uno de los varios expedientes en su contra iniciados por el exfiscal anticorrupción: el desvío de 97 millones de pesos a dos empresas en las que era fundador, accionista mayoritario y presidente del consejo de administración: Unión Ganadera y Financiera de la División del Norte. Contra Duarte, que está recluido en el Cereso de Aquiles Serdán, están pendientes de ejecución otras 18 órdenes de aprehensión.

Uno de los casos icónicos de los desvíos durante el duartismo fue conocido como Operación Safiro, el nombre que le dieron sus artífices, error ortográfico incluido. La Fiscalía de Corral señaló que se trató de un mecanismo mediante el que fueron desviados 250 millones de pesos desde la secretaría de Hacienda federal. Los recursos se depositaron inicialmente a la Tesorería de Chihuahua y de ahí fueron transferidos a las arcas del PRI con la finalidad de inyectarlos al financiamiento de campañas políticas en varios estados para las elecciones de 2016. El titular de la Hacienda federal era Luis Videgaray, cercano colaborador de Enrique Peña Nieto, y el dirigente del PRI era Manlio Fabio Beltrones. Ni Duarte ni ningún funcionario federal ha sido procesado por la Operación Safiro, un modelo que se replicó en varios estados gobernados por el PRI. Esa investigación fue duramente bombardeada por el Gobierno de Peña Nieto, y, a seis años del inicio del expediente, este se encuentra entrampado en la Suprema Corte de Justicia.

Solo un personaje relevante fue sentenciado: Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Coneja, un político coahuilense a quien Beltrones nombró secretario general adjunto del PRI y que, en los hechos, era el operador financiero que hacía las gestiones de los desvíos en los Estados, según los testimonios recogidos por la Fiscalía. En ese caso es donde cobra relevancia el papel de El Denunciante, que fungió como testigo colaborador de la FGE gracias a un criterio de oportunidad, un recurso mediante el que algunos acusados pueden obtener beneficios en sus procesos penales si aportan elementos a las autoridades para desvelar delitos mayores.

En una declaración de noviembre de 2017, a la que este diario ha tenido acceso, El Denunciante relató que su jefe directo, Antonio Tarín, le pidió poner en orden la documentación de las empresas fachada que se utilizarían para los desvíos de la Operación Safiro. El Denunciante dijo que se percató a la perfección de que las compañías —Sisas, Sinnax, Samex y Despacho de Profesionistas Futura— habían sido constituidas ante el mismo notario público, en las mismas fechas y que tenían domicilios en predios baldíos o casas humildes. Y, aunque advirtió de ello a su jefe, este le dijo que tenían que hacerse las contrataciones porque el gobernador tenía un compromiso con el PRI. “Días antes de las elecciones [del 5 de junio de 2016] me dice Antonio Tarín que las empresas ya no iban a mandar más documentación, por lo que me da la orden de que regularice todo, es decir que me invente todo, y me ponga a trabajar en la documentación faltante. Me dijo que era una orden directa del entonces gobernador del Estado, César Duarte. Es así como se cumplió con el compromiso de entregar los 250 millones de pesos al PRI nacional”, declaró.

Parte del dinero —dos millones de pesos— fue a parar a otras dos empresas, Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral, en las que eran accionistas Alejandro Gutiérrez y su hijo. Este es el caso por el que fue sentenciado el operador del PRI, dada la obviedad del desvío a cuentas de su propiedad. En el juicio oral contra La Coneja testificaron El Denunciante y los Testigos 1, 2 y 4. Gutiérrez fue juzgado en mayo de 2019 por un tribunal formado por tres magistrados que votaron dos a uno a favor de sentenciarlo. Una de las integrantes del colegiado fue, precisamente, Hortensia García Rodríguez, que dio su voto a favor, al considerar que las pruebas aportadas por la Fiscalía eran sólidas. Es la misma juzgadora que ha procesado ahora al exfiscal que encabezó ese caso.

El Denunciante no solo aportó información en el expediente de La Coneja. Fue acusado, a su vez, de participar activamente de otros hechos de corrupción. Uno de ellos está relacionado con el desvío de 389 millones de pesos mediante contratos simulados a la empresa Asesoría y Servicios Online. La Fiscalía de González Arredondo recabó información de que el dinero era convertido en efectivo y llevado al local comercial de otra compañía, Manzil Construcciones. De ahí, por órdenes de Antonio Tarín, era recogido por personas de su confianza y llevado a su despacho en la secretaría de Hacienda. Uno de los que recogía el dinero, según la FGE, era El Denunciante. Otro era Testigo 3.

El Testigo 2, exdirector de Egresos de la Hacienda de Chihuahua, fue señalado por el Testigo 1 en otro asunto: la triangulación de 120 millones de pesos a través de la empresa Kepler Soluciones Integrales. Según Testigo 1, el trabajo de Testigo 2 consistía en autorizar las solicitudes de suficiencia presupuestal para pagar los contratos simulados.

A su vez, el Testigo 4, que era jefe de control de Pagos, fue implicado en el caso de la Nómina secreta, en el que la Fiscalía de González Arredondo denunció la existencia de una “caja chica” en Hacienda mediante la que el Gobierno de Duarte pagaba sobornos a políticos, empresarios y periodistas. Los cheques de salida, según la acusación, suman 1.000 millones de pesos y eran firmados por el secretario de Hacienda o por Testigo 4.

Maru Campos fue acusada de cobrar 10 millones de pesos en la nómina de Duarte entre 2014 y 2016, cuando era vicecoordinadora del PAN en el Congreso estatal. La Fiscalía presentó en su momento como pruebas un conjunto de copias de recibos firmados por Campos. En 2020 se inició un juicio en su contra y en 2021 fue vinculada a proceso por corrupción. Dos de quienes fueron sus abogados, Francisco Martínez Valles e Iván Corral, ya habían defendido a Tarín y Villegas en los tribunales. Cuando Campos ganó la elección a la gubernatura, su caso fue echado por los suelos por el Poder Judicial.

La víctima

A su llegada al gobierno de Chihuahua, en septiembre de 2021, Maru Campos instruyó relevar a las cabezas y mandos medios de la Fiscalía estatal. Ello determinó la partida de González Arredondo. Y, desde finales del año, se comenzó a integrar la carpeta de investigación en su contra por tortura psicológica a partir de los testimonios de El Denunciante y los Testigos 1 a 5.

En sus denuncias, a las que tuvo acceso este diario, afirman que fueron interrogados por la Fiscalía de Corral entre febrero de 2017 y noviembre de 2018. Las entrevistas, dijeron, no se hacían en la sede de la FGE, sino en la que había sido la Casa de Gobierno, llamada Casa Zarco, donde despachaban los mandatarios y que Corral decidió no utilizar. Los Testigos, en realidad, no afirmaron haber presenciado los actos de tortura psicológica contra El Denunciante, sino que, dijeron, ellos mismos fueron sometidos a los mismos tratos por agentes de la Fiscalía. Tres de los Testigos no mencionaron en sus denuncias a González Arredondo, sino a otros fiscales, pero la nueva FGE decidió igualmente integrar sus testimonios, partiendo de que González Arredondo era el jefe de los investigadores.

Los testimonios de El Denunciante y los Testigos coinciden en que los fiscales los tenían varias horas encerrados en una habitación sin agua, sin comida y sin oportunidad de ir al baño; que les quitaban los teléfonos y los presionaban para decir “todo lo que sabían”; que los intimidaban, les gritaban y los amenazaban con meterlos a la cárcel. Varios de ellos dijeron que “se quebraron”, que lloraron frente a los agentes, que se les subía la presión y les faltaba el aire, que sentían que se iban a infartar, que se sintieron obligados a dar declaraciones a modo para que los dejaran en paz, y que comenzaron a dudar de sus propios recuerdos sobre los hechos de corrupción respecto de los cuales los interrogaban. Relataron que tuvieron intentos de suicidio, alteración del sueño, episodios de pánico, alcoholismo y descompensación alimentaria.

Estas son algunas declaraciones: “Fueron horas de estar amenazándome y diciéndome que debía colaborar y acordarme; hasta dudaba de que lo que yo sabía fuera cierto y lo que ellos creían era la verdad”. “Recuerdo que en uno de tantos interrogatorios Francisco González me gritó muy agresivo: ‘¡no mame!, usted sabe más de estas personas que saquearon al Estado”. “El trato hacia mí por parte de algunos agentes de la Fiscalía siempre fue grosero y hostil y haciéndome ver que yo era culpable de las anomalías de la Administración duartista”. “Fue tanta la presión que incluso la persona con quien salía en ese momento, por tanta noticia que salía donde me ponían como un delincuente y que me había robado mucho dinero, terminó conmigo”. “Dejé de salir por el miedo de que me detuvieran, ni salía al súper a comprar mandado”.

El Denunciante declaró a la Fiscalía en un primer momento que no sería capaz de reconocer a González Arredondo, dada la confusión de recuerdos que le causó la tortura. Luego, en una diligencia, la FGE le mostró una foto del exfiscal, y El Denunciante, que recobró la memoria, logró identificarlo.

En la entrevista con los especialistas que le aplicaron el protocolo de Estambul, El Denunciante admitió que quien fuera su jefe, Antonio Tarín, le ordenó hacerse cargo de arreglar las contrataciones de la Operación Safiro, como había testificado en el expediente de La Coneja. “A lo largo de ese proceso tuve muchas discusiones con Antonio por dilemas éticos. En uno de los interrogatorios me dijeron que por qué no había ido a poner la denuncia en la Fiscalía. Yo no podía, porque todo es manejado por los mismos. Yo venía discutiendo mucho con Antonio por esto. Cuando se da el cambio de gobierno, todo se vuelve un pandemonio completo; él me pedía que consiguiera documentos que hicieran falta y yo no tenía cómo y me sacaron en octubre de 2016. Cuando lo detienen y se da cuenta que yo estoy colaborando, se acaba nuestra amistad”, dijo.

El protocolo de Estambul fue implementado por el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos A.C., una organización civil constituida en 2017 en Coahuila y que fue contratada por la FGE para conducir el estudio por un pago de 600.000 pesos. El protocolo lo aplicaron una psicóloga colombiana, un psicólogo salvadoreño, un abogado costarricense y un especialista en discapacidad mexicano. La defensa de González Arredondo afirma que el protocolo es ilegítimo como prueba porque los tres especialistas extranjeros no revalidaron sus estudios en México, requisito para ejercer su profesión en este país.

La organización concluyó que todos fueron objeto de tortura psicológica, lo que les provocó un daño irreparable a su proyecto de vida y a su integridad, “al haber sido víctimas de una forma de privación de su vida de manera arbitraria”. El estudio fue aplicado a El Denunciante y cuatro de los cinco Testigos. Uno no está en México.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país