La Sedena y el internet para los pueblos indígenas. Jotmay

¿Debería preocuparnos que las antenas que llevarán internet a todo México estén dentro de campos militares? ¿Debería inquietarnos que la infraestructura para llevar internet a los pueblos indígenas esté a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)? Además de preocupante, me parece urgente discutir las implicaciones de esta nueva tarea que Andrés Manuel López Obrador ha encargado a la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre todo en el contexto actual de las filtraciones que han resultado del ciberataque que sufrió la Sedena por parte del grupo de hacktivistas llamado Guacamaya. Los más de cuatro millones de correos electrónicos que han quedado expuestos nos revelan los problemas de ciberseguridad del Ejército y el proceso mediante el cual, durante este sexenio, la actual Administración federal ha ido ampliando las funciones de las Fuerzas Armadas otorgándoles tareas que deberían pertenecer solo a instituciones civiles.

Hace unos semanas, López Obrador encomendó a la Sedena construir y colocar las antenas necesarias para llevar internet a todo el territorio nacional. Si consideramos que las áreas con mayor brecha digital y menor acceso a internet son en una gran parte territorios que pertenecen a los pueblos indígenas, esto significaría que las antenas que garantizarán su acceso a internet estarán bajo el control de las instituciones castrenses. Ante las instrucciones que el presidente de la república dio al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, éste declaró que comenzarían con una búsqueda para ubicar cuarteles de la Guardia Nacional, campos militares y Bancos Bienestar en donde colocar las antenas que llevarán el internet a todo México. Con los recientes escándalos que evidencian la vigilancia que la Sedena mantiene sobre movimientos sociales, poner antenas de internet en territorios controlados por las fuerzas armadas no parece una muy buena idea, por decirlo de una manera suave pero aderezada de sarcasmo.

El movimiento de comunicación indígena y comunitaria ha encabezado desde hace varias décadas una fuerte lucha legal por garantizar los espacios necesarios para que los pueblos indígenas pueden disfrutar del derecho a la información y la libertad de expresión. Ha sido una lucha dura y complicada en la que, por ejemplo, se tuvo que manifestar contra una iniciativa de ley que dejaba lo más insignificante del espectro radiofónico a las radios de los pueblos indígenas o, en otro escandaloso caso, el hecho de que el poeta y periodista nahua Mardonio Carballo tuviera que ampararse contra el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que establecía que las transmisiones de radio deben hacerse “en lengua nacional”, entendida ésta como el idioma español en detrimento de la presencia de las lenguas indígenas en los grandes medios. Se le ha tenido que regatear al Estado mexicano para lograr lo mínimo en el disfrute del derecho a la información en cuanto a pueblos indígenas se refiere.

La comunicación de los pueblos indígenas y la comunicación comunitaria se han ido transformando y cada vez más se han articulado con el internet aunque siempre acotados por una injusta brecha digital; por otra parte han surgido diversas corrientes de activismo digital en lenguas indígenas que van cobrando cada vez más fuerza. Una de las discusiones más recurrentes en los círculos de este activismo digital se relacionan con los derechos digitales y la seguridad digital; no podemos perder de vista que el acceso de los pueblos indígenas debe considerar todos estos fenómenos, lo que subimos a internet sobre nuestros pueblos y territorios puede vulnerar a nuestras propias comunidades. No deja de ser alarmante, en este contexto, que el internet al que podrán acceder muchas radios comunitarias y activistas digitales de pueblos indígenas esté mediado por antenas colocadas en campos militares. ¿Cómo pone esto en riesgo la ciberseguridad de nuestras comunidades y los derechos digitales de los pueblos indígenas? Los derechos digitales son considerados una extensión de los derechos humanos, si las antenas que proveen internet están en los cuarteles militares será difícil garantizar el derecho a la privacidad, al acceso neutral y seguro a internet; sobre todo ya con evidencia contundente de que la Sedena espía y vigila a la sociedad civil.

Dado que el espacio en el que se emite la señal de internet forma parte de los territorios de los pueblos indígenas, este encargo de López Obrador a la Sedena debería pasar por una consulta a los pueblos que se apegue a los estándares internacionales. Mientras escribo la frase anterior me doy cuenta de lo ingenua que suena considerando que, ni con megaproyectos como el Tren Maya, se respetaron los estándares básicos de la consulta a pueblos indígenas. Al parecer, la encomienda a la Sedena de llevar internet a todo México se llevará a cabo sin importar que esta misma institución haya infiltrado a un soldado en la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa para espiar la movilización de estudiantes que en una gran parte provienen de pueblos indígenas y sin importar que las recientes filtraciones den cuenta de la vigilancia que la Sedena mantiene sobre las comunidades zapatistas. Las antenas que llevarán el internet a muchos de nuestros pueblos serán colocadas en cuarteles y campos militares. ¿Qué podría salir mal?

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