Plomo en la sangre y pérdidas millonarias, la tragedia del río Sonora sigue sin resolverse

Fue el mayor desastre ambiental en México y sucedió en el río Sonora. El 6 de agosto de 2014 la mina Buenavista del Cobre, propiedad del gigante Grupo México, derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos que impactaron en la vida, las cosechas y el ganado de 22.000 personas. Ocho años después de aquello, los afectados denuncian graves afectaciones en la salud y pérdidas millonarias que han provocado un éxodo masivo en los pueblos afectados. “Nos truncaron la vida, nos quitaron nuestra costumbre, vivimos en una vida triste”, asegura Norberto Bustamante, miembro de los Comités de Cuenca del Río Sonora en una conferencia de prensa que han dado con motivo del aniversario.

Un grupo de representantes de los afectados, científicos vinculados al caso y representantes de la organización de derechos humanos PODER han mostrado por primera vez los hallazgos sobre las afectaciones basados en información del Gobierno mexicano que fue negada por la anterior Administración de Enrique Peña Nieto. El 8 de abril de este año la Secretaría de Salud y el Centro nacional de Control de Enfermedades (Cenaprece) entregaron los resultados de un análisis a 650 afectados en ocho municipios. Este dato era fundamental para dimensionar la magnitud del daño: más del 95% de la población testada tiene plomo en la sangre; un 50%, arsénico y el 79% cadmio.

La teoría del envenenamiento había sido señalada cuando Cofepris reconoció en 2020 que el agua del río estaba contaminada con altas concentraciones de metales. Los pozos para el consumo humano, la agricultura y la ganadería tenían concentraciones elevadas de contaminación. Y en 2022 la Secretaría de Medioambiente informó que Grupo México llevaba 11 años operando sin un plan de manejo de residuos peligrosos. “A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó alto riesgo y muy alto riesgo [por contaminación de metales pesados] van del 1 al 10% en cada municipio y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía”, señala el informe presentado por PODER.

Los habitantes han denunciado que padecen tumores, leucemia y alergia, entre otras afectaciones a la salud, y que la atención sanitaria no es suficiente. “Tengo tiempo padeciendo enfermedades y no sabía que era causa de la contaminación”, afirma María Filomena Bonilla, del municipio de San José de Gracia. La mujer explica que los resultados apuntan a que su dolencia tiene que ver con los metales pesados del río. “Mi esposo falleció el año pasado; se fue y nunca supo que los malestares eran por los metales”, se lamenta la mujer.

Después de casi una década no solo se vio afectada la economía de la región, también la de todo el Estado, ubicado en la frontera con Estados Unidos. Osfelio Vázquez, habitante de Bacanuchi, lo resumía así en declaraciones a este diario: “Ya no sembramos porque no lo vendemos”. Los pueblos de la cuenca del río Sonora dependen de la agricultura, la ganadería, la minería, el turismo y los productos artesanales, todas ellas estigmatizadas por el derrame. Las pérdidas han sido cuantificadas por las organizaciones en 10.200 millones de pesos (497 millones de dólares), cifra que triplica lo pronosticado por la administración anterior. Mientras, los afectados exigen al Gobierno atención de la crisis social, sanitaria, económica y medioambiental; y que se finquen responsabilidades a la empresa.

En el informe se recogen otras revelaciones, como que todavía no hay potabilizadoras, que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ha retrasado avances, que se necesita mejorar la coordinación entre autoridades y que todavía no se construye el hospital que se había prometido para los afectados. A pesar del desastre ambiental, el Gobierno federal ha permitido que Grupo México expandiera su explotación minera con la construcción de una nueva presa para sus residuos tóxicos, a 23 kilómetros de Bacanuchi, uno de los poblados más afectados por la contaminación.

En 2020 la Suprema Corte consideró que el fideicomiso creado para compensar económicamente a las víctimas no cumplió con el proceso de reparación de los daños y se violó el derecho de participación de los afectados, dejando la posibilidad de que el Gobierno actual volviera a abrirlo. El fideicomiso solo entregó pequeñas cantidades del dinero a 351 personas del total de afectados, de acuerdo con PODER. Esto representa solo el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas para resolver la crisis.

Como respuesta, el Gobierno de López Obrador anunció en 2021 un Plan integral de Atención para Cananea, el enclave minero más importante del país, donde estaría incluida la remediación del derrame. El presidente no solo se propuso resolver el problema ambiental de la región, de la mano del nuevo gobernador, el oficialista Alfonso Durazo, sino que declaró su interés en solventar viejos conflictos laborales que hay en las empresas mineras y, de paso, cerrar viejas heridas con Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México. En el anuncio se incluyó en la mesa a la minera, pero no a las comunidades afectadas. Los comités consideran que esa actitud fue una falta de respeto. López Obrador ha calificado su pretensión de pacificar el asunto como algo muy difícil de lograr “es como una utopía, pero vamos a intentarlo”, dijo y aseguró que la justicia “puede ser que tarde, pero llega”, incluida para los afectados por el derrame.

A lo largo de estos años los habitantes del río Sonora han ido ganando batallas. El caso avanza, aunque, dicen, no lo suficiente. Como el marido de doña María Filomena, algunos afectados han muerto, otros se han ido de los pueblos y los que se han quedado, pelean para que la catástrofe no caiga en el olvido. “Nos quitaron el derecho al agua y a la vida, pero hemos aprendido a luchar, a documentarnos y a seguir”, dice Elda León, del pueblo de Banámichi.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país