López Obrador busca cerrar las heridas del mayor desastre de la minería en México

Hace siete años que Esperanza García no duerme tranquila. Su pueblo, San José de Baviácora, en Sonora (norte del país), sufrió junto con otras 35 localidades el derrame minero más grave en la historia de México. Desde entonces beber, dar de comer a sus animales o cocinar se ha convertido en una pesadilla. Vivir a orillas del río Sonora pasó de ser una fuente de prosperidad a un foco tóxico donde el tiempo pasa lento y el problema crece sin resolverse. Más de 20.000 personas siguen afectadas por el derrame de la minera Grupo México a lo largo de 250 kilómetros, desde la sierra hasta la capital del Estado, Hermosillo. El balance de la desgracia: familias enteras con problemas de salud, negocios en quiebra y el éxodo de cientos de personas que se vieron obligadas a dejar su pueblo. “Sin agua no podemos vivir: es la fuente de trabajo, vida y alimento”, dice la señora García.

El desastre del río Sonora ha dejado para siempre una herida en la región. 40 millones de litros de lixiviados de metales pesados que la empresa asegura haber limpiado del río, pero que expertos en el tema no se creen. “El vertido a las aguas del río llegó hasta los pozos que la gente utiliza para su consumo”, señala Antonio Romo, químico de la Universidad de Sonora. El investigador advierte que el 98% de los pozos analizados en el río Sonora están contaminados. Plomo, arsénico, cromo, manganeso y cadmio en cantidades superiores a lo que puede resistir el cuerpo humano. En noviembre de 2020 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó a través de una carta enviada a los Comités de Cuenca del Río Sonora -agrupación de afectados por el derrame- que existe una alta concentración de metales pesados en los pozos que utiliza la población para el consumo humano, la agricultura y la ganadería cada día.

“Ahora puede ser que tarde la justicia, pero llega”, respondió Andrés Manuel López Obrador el 11 de diciembre de 2019, cuando le preguntaron por esta cuenta pendiente en Sonora. La Administración del actual presidente busca cerrar el problema mediante una negociación con ambas partes en las que se lleve a cabo un plan de remediación integral, se construya un hospital para los afectados y se reabra el fideicomiso para compensar los daños tras el derrame. Este último fue un mecanismo destinado por Grupo México y el Gobierno de Enrique Peña Nieto para respaldar a las víctimas, sin embargo, la reparación quedó inconclusa. En 2018 la empresa cerró el acuerdo de manera unilateral, habiendo ejercido solo el 60% de los 2.000 millones de pesos (unos 107 millones de dólares) que deberían haberse gastado. El fideicomiso solo entregó pequeñas cantidades del dinero a 351 personas del total de afectados, de acuerdo con la ONG PODER que ha dado seguimiento al caso. Esto representa el 10% de las ayudas entregadas. Como menciona la ONG en su informe sobre el Fideicomiso “el 90% restante se entregó para acciones de atención y seguimiento médico (UVEAS) y construir un hospital que no existe”. El centro hospitalario, por ejemplo, continúa hoy abandonado en el municipio de Ures. En él solo habitan algunos pájaros y gatos callejeros.

En 2020, la Suprema Corte de Justicia daba la razón a los afectados y dejaba la puerta abierta a reactivar el fideicomiso, un punto que López Obrador ha retomado en sus intervenciones sobre el río. El presidente anunció un Plan integral de Atención a Cananea, el enclave minero más importante del país, donde estaría incluida la remediación del derrame en el río Sonora. López Obrador no solo se ha propuesto resolver el problema ambiental de la región, de la mano del nuevo gobernador, el oficialista Alfonso Durazo, sino que también quiere solventar de una vez por todas viejos conflictos laborales que hay en las empresas mineras.

Desde hace 14 años, los trabajadores de Grupo México están en huelga en la mina Buenavista del Cobre — la misma que produjo el vertido en el río—, por mejoras en las condiciones laborales. La empresa desconoció el paro de los sindicatos, tomó el yacimiento y subcontrató a empresas para continuar con la explotación. El propio presidente ha calificado su pretensión de pacificar el asunto como algo muy difícil de lograr “es como una utopía, pero vamos a intentarlo”, dijo López Obrador en julio de este año.

Durazo también utilizó el río Sonora para arañar algunos votos. Su victoria en las pasadas elecciones de junio supone la llegada de la llamada Cuarta Transformación al Estado, pero también significa la llegada de un aliado de las empresas mineras en la región. Fue durante la gestión de Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana cuando se creó la policía minera que garantiza agentes del Estado, pagados por las empresas, para proteger los yacimientos. “Durazo se toma su función muy en serio y va a buscar la inversión. Creo que hará buena mancuerna con el Gobierno federal y habrá avances en el asunto del río Sonora”, asegura una fuente cercana del Gobierno que prefiere permanecer en el anonimato. “Los actores involucrados le darán la bienvenida, incluida la empresa”, señala. “A siete años del derrame les digo a todas las autoridades que no basta con saber lo que está pasando: es necesario que respondan”, responde la señora Berta, del municipio de Aconchi, otra de las afectadas.

El caso recuerda a la reciente gestión de la tragedia de Pasta de Conchos. 65 mineros del carbón murieron sepultados en Coahuila en un yacimiento que también pertenecía a Grupo México. Después de 14 años de que los gobiernos se hayan lavado las manos, el Ejecutivo de López Obrador llegó a un acuerdo para indemnizar a las familias de los fallecidos, recuperar sus cuerpos y erigir un monumento en su honor. Las causas de por qué se produjo aquella desgracia han quedado bajo tierra a cambio de cerrar una herida que llevaba mucho tiempo abierta. “Un deslinde de responsabilidades [en el caso del río Sonora] sería muy bueno para cerrar ese ciclo. Es algo a lo que el presidente le da la bienvenida, como pasó con Pasta de Conchos”, agrega la fuente.

Cerrar viejas heridas para comenzar de nuevo. Ese ha sido el mantra del actual presidente incluso en su relación con los empresarios más reacios a su Gobierno, entre los que se incluía Germán Larrea, dueño de Grupo México y el segundo hombre más rico del país. La evolución de su relación muestra que el presidente y Larrea han limado asperezas desde 2019. En pleno pico de la pandemia en 2020, el empresario se comprometió con el presidente a entregar un hospital covid en Oaxaca con capacidad de 100 camas y de acuerdo a medios locales, el magnate también mostró interés en reparar el daño ambiental causado por sus empresas. El presidente en un generoso quid pro quo ha reconocido públicamente el apoyo de Larrea junto a otros empresarios en los momentos más difíciles de la crisis económica y ha visto con buenos ojos la inversión en obra pública de Grupo México. La empresa construirá el tramo 5 del Tren Maya junto a Acciona. Una obra valorada en casi 18.000 millones de pesos (casi 900 millones de dólares).

Mientras las cuentas pendientes se acumulan en torno a las comunidades del río, desoídas durante casi una década, López Obrador demuestra sus dotes como negociador para intentar cerrar heridas que aún sangran en Sonora. “Exijo un río sano, limpio, y seguro. Exijo pozos nuevos, atención médica, medicamentos y que la mina no se vaya impune”, dice la señora Esperanza. “Exijo un gobierno fuerte, que controle las violaciones que cometen contra nosotras y nuestras familias. Las mineras están haciendo el daño y tienen que responder”. La mujer lleva tatuado en su nombre no perder nunca la fe.

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