El CIDE acusa al Conacyt de pretender cambiar los estatutos de la institución para imponer sus decisiones

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) vive horas cruciales. En medio del rechazo de profesores y alumnos por la reciente designación del director, José Romero Tellaeche, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha convocado este viernes a la Asamblea General de Asociados del CIDE a una reunión extraordinaria. Aunque en la convocatoria no se detalla el asunto de la reunión, académicos del centro de investigación advierten de que el máximo órgano de la ciencia en el país buscará reformar los estatutos internos de la institución para dotar de mayores atribuciones al propio Conacyt en detrimento del poder de toma de decisión que hasta ahora detenta el CIDE.

Javier Aparicio, profesor e investigador del CIDE desde hace 18 años, asegura que el plan de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, es que la Asamblea de Asociados —integrada por el propio Conacyt, las secretarías de Educación Pública, Hacienda, Energía y Economía; así como El Colegio de México (Colmex), el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Banco de México (Banxico)— avalen una serie de polémicas reformas que van en contra de la pluralidad del centro, por ejemplo, se pretende que en la elección de los directores de la institución ya no participen los órganos colegiados, tal como ocurre hasta ahora.

Desde hace cuatro meses la tensión entre el Gobierno de López Obrador y este reputado centro de investigación va en ascenso. A diferencia de otros centros académicos, el CIDE es una asociación civil que no tiene autonomía y depende de la Administración federal para su gestión. Sin embargo, Aparicio advierte de que con la llegada al poder del actual presidente comenzaron una serie de medidas en menoscabo de la institución: recortes de presupuesto, menos proyectos de investigación, despido injustificado de administrativos y docentes y la estocada final fue la designación unilateral, el pasado 29 de noviembre, del actual director Romero Tellaeche. La ratificación de Romero Tellaeche al frente del centro de investigación llevó a los estudiantes a montar un plantón a las puertas de la sede del CIDE en Ciudad de México y a organizar distintas marchas. Las protestas seguirán, aseguran los estudiantes, hasta que Álvarez-Buylla no remueva del cargo al actual director y garantice el poder de decisión de su centro de estudios.

Lejos de encontrar una vía de conciliación tras estas manifestaciones el conflicto ha escalado. Para Aparicio el proyecto de modificación que se pondrá sobre la mesa en la próxima asamblea supondrá uno de los golpes más certeros contra la institución. “La vía larga es la de designar un director, que el director vaya purgando al CIDE, vaya reconfigurando el Consejo Académico hasta que tienes un Consejo a modo, esa sería la ruta larga para reformar al CIDE, más lo que quieren [las autoridades] es un atajo, quieren desmantelar el Consejo Académico y reformar el estatuto para que el director espurio ya tenga legalidad”, zanja el investigador.

El Consejo Académico —integrado por 16 profesores— es el máximo órgano colegiado interno de decisión y está compuesto por el director general, secretarios, directores de división y representantes electos por los profesores. “Se trata del espacio colegiado y deliberativo en el que la comunidad académica toma las decisiones centrales sobre la vida institucional. La propuesta de cambio al Estatuto General anula este papel del Consejo Académico y lo vuelve mero espectador de las decisiones de una sola persona”, refiere Aparicio.

Para el profesor, de concretarse esta reforma se legitimará la designación unilateral de Romero Tellaeche al frente del CIDE, pero también se quitarán facultades a los cuerpos colegiados sobre asuntos vitales de la institución como la revisión de las reglas para evaluación de profesores, el reglamento de docencia o el código de ética, la decisión de crear o desaparecen programas docentes, entre otros. El profesor anticipa que, de consumarse la reforma, los miembros del CIDE presentarán un amparo contra la medida.

La escalada de la crisis entre el Gobierno y el CIDE no es un asunto aislado, por el contrario, se suma a una serie de desencuentros que ha tenido esta Administración con la comunidad científica: la desaparición de fideicomisos de ciencia y tecnología, el recorte presupuestal a centros de investigación y, más recientemente, la denuncia que presentó el Conacyt contra 31 científicos por delincuencia organizada, una batalla legal que sigue en proceso y entre los que figura el nombre del director del Conacyt en tiempos de Peña Nieto, Enrique Cabrero, quien fue profesor del CIDE. El futuro de más de 500 alumnos y más de 120 profesores del centro de investigación vive horas definitorias.

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