Un informe denuncia 45 asesinatos de activistas en México en 2019 y 2020

Abiram Fernández tenía 37 años, ayudaba en la búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz y fue asesinado a golpes el 30 de marzo de 2019. María Cristina Vázquez Chavarría tenía 50, estaba amenazada por desarrolladores inmobiliarios y fue encontrada sin vida con signos de violencia en su casa de la colonia Condesa, en Ciudad de México, el 28 de junio de 2019. El cuerpo de Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de la Montaña, se halló bajo varias toneladas de tierra en una fosa de Guerrero un mes después de su desaparición. Era el 20 de noviembre de 2019. Jeanine Huerta López era activista trans por los derechos de las trabajadoras sexuales. Tenía 30 años y fue asesinada en Tijuana el 27 de agosto de 2020. La lista sigue. En 2019 y 2020, 45 activistas han sido asesinados en México, según un informe publicado este jueves por Red TDT, que identifica a los defensores comunitarios como los más vulnerables: 19 de ellos murieron por proteger la tierra y el territorio.

La asociación ha documentado decenas de crímenes contra defensores medioambientales, comunitarios, de los derechos humanos o del colectivo LGTBQ. Entre el río Suchiate y el río Bravo, los activistas están siendo asesinados. Red TDT indica, en su informe Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020, que las agresiones “están diversificadas” y han sido perpetradas “por agentes del Estado, empresas o crimen organizado —muchas veces en colusión con las mismas autoridades—”, pero considera que todas ellas son “responsabilidad del Estado”. “México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, afirma el informe. Esta conclusión se suma a la advertencia de la Organización de Naciones Unidas sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas defensoras en el país.

El 20 de enero de 2019, separados por la edad, las luchas y más de 2.500 kilómetros, dos activistas eran asesinados. El periodista Rafael Murúa, de 34 años, apareció muerto el domingo a última hora en la cuneta de una carretera del municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Era director de la radio comunitaria Radiokashana, había recibido amenazas. Unas horas antes, un grupo paramilitar atacó a tiros dentro de su casa a Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón. Cruz falleció de camino al hospital. La historia se repite, con distinto nombre, distinta cara, para días como el 18 de enero de 2019 o el 9 de abril de 2020.

En el informe de Red TDT hay algunos casos conocidos, como el de Samir Flores. El activista había denunciado el impacto medioambiental de una planta hidroeléctrica en Morelos y fue baleado cuando salía de su casa a las cinco de la mañana, tres días antes de la consulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador había convocado sobre la central energética. México ocupa el cuarto lugar entre los países más violentos para quienes defiende los recursos naturales, según la organización Global Witness.

La lista en 2020 de Red TDT termina en Oaxaca, la entidad donde más activistas han sido asesinados en estos dos años (11), con el asesinato de Rodolfo Díaz Jiménez, que sufrió una emboscada en San Baltazar Loxicha. El activista se había posicionado contra el presidente municipal y lo acusaba de haber invalidado una elección válida en 2019. Y el reguero sangriento de casos comienza en 2021 de nuevo en este mismo Estado.

El 23 de enero, fue hallado con varios balazos el ambientalista Fidel Herreras, que encabezaba la lucha contra una presa hidroeléctrica en el río Verde. Tenía 41 años, vivió durante una década en Estados Unidos y regresó en 2008 a su natal Paseo de la Reina. Se unió al movimiento de defensa del río que regaba las cosechas de maíz y frijol, en el que pescaba su abuelo y nadaba él de joven. Tras varias amenazas, acabó asesinado. En los siguientes meses de este año, otros cuatro ambientalistas que defienden el río Verde han sido asesinados.

“La percepción de que es posible asesinarlos y así debilitar el activismo en defensa de los derechos humanos se ve fortalecida con cada asesinato que permanece en la impunidad”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

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