El Gobierno de Países Bajos encabezado por la ultraderecha endurece al máximo la política de asilo

El Gobierno de Países Bajos, encabezado por la ultraderecha, ha presentado este viernes una norma con la que pretende crear la política migratoria más estricta posible en el país. El Ejecutivo se propone endurecer las actuales normas de asilo para frenar el flujo de solicitantes, aunque finalmente ha descartado usar la ley de Emergencia, que permite dejar al Parlamento al margen de las decisiones. Era la principal promesa del Partido por la Libertad (PVV), del líder ultra Geert Wilders, cuya formación es mayoritaria en la actual coalición compuesta de cuatro grupos de derecha. El proyecto de ley contempla suprimir los permisos de asilo indefinido y la reunificación familiar para los migrantes con hijos mayores de edad. Para frenar las llegadas irregulares, se controlarán las fronteras a partir de finales de noviembre, y se planea devolver a los sirios a zonas de su país consideradas seguras.

El actual Ejecutivo lleva casi cinco meses en el poder y el acuerdo, que se plasmará en una ley, ha evitado una crisis entre los socios que amenazaba incluso su subsistencia. En Países Bajos, la ley de emergencia finalmente descartada sirve para hacer frente a las amenazas contra un interés vital que no puedan ser evitadas con ayuda de la legislación normal. De haberse invocado esa legislación especial, el Gobierno podría haber aplicado las nuevas normas de extranjería sin necesidad de pedir por adelantado la aprobación del Parlamento. Con todo, Dick Schoof, el primer ministro, ha repetido este viernes que Países Bajos “afronta una crisis de asilo” y que el sistema actual “es insostenible porque los centros de acogida están saturados y algunos solicitantes de asilo causan molestias”.

Aunque la nueva ley precisa la aprobación del Congreso y del Senado, sus medidas resultan mucho más restrictivas que las actuales. A la supresión del permiso de asilo indefinido se añade reducir a tres años ―en lugar de cinco― el de carácter temporal. Los municipios ya no estarán obligados a proporcionar alojamiento a estas personas, como sucede ahora. La norma que impone hasta ahora un reparto proporcionado de demandantes entre territorios será derogada. En su lugar, se ofrecerá como hospedaje una serie de “instalaciones de transición sencillas”.

Junto a los hijos mayores de edad, tampoco podrán optar a la reunificación familiar las parejas de hecho. Para incrementar las expulsiones, se pretende declarar seguras algunas partes de Siria, una situación que el Ministerio de Asuntos Exteriores evalúa ahora. Podrán ser devueltos también los sirios con permiso de residencia temporal y no se aceptará a los que salgan desde los lugares considerados seguros. Las personas de cualquier origen que hayan pedido asilo antes en otro lugar serán devueltos allí. Habrá entre 50 y 100 celdas adicionales para la detención de los que hayan agotado todos los recursos legales, o para inmigrantes indocumentados. Al mismo tiempo, se permitirá que sean declarados inadecuados para vivir en Países Bajos los que hayan sido condenados por los tribunales. Ello facilitaría una posible expulsión. Las medidas incluyen asimismo limitar a 200 ―ahora son 500― los refugiados anuales recibidos a través de Naciones Unidas.

El 1 de enero de 2024 había en Países Bajos unas 132.000 personas reconocidas como refugiados ―excluidos los de Ucrania―. Habían huido debido a la guerra o la persecución y solicitaron asilo. La mayoría vienen de Siria y, después, de Eritrea, Afganistán, Irán, Turquía, Yemen, Somalia e Irak, según datos de la rama neerlandesa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). En 2023, la primera petición de asilo fue presentada por 38.377 personas (1.390 más repitieron el trámite). Otras 10.125 viajaron siguiendo a sus familiares, en el marco de la reunificación. “El Gobierno dice que los refugiados trabajen, pero para eso hay que hablar la lengua y tener un lugar donde vivir. Si se lo quitas todo no lo conseguirán”, ha declarado Fran Candel, responsable de Vluchtelingenwerk Nederland (Consejo para los refugiados), el organismo que los apoya desde su llegada al país.

El acuerdo no ha sido fácil de lograr y refleja la singularidad de este Gobierno. Aunque los cuatro líderes de los partidos en el poder no ostentan cargos en el Consejo de Ministros, han sido ellos quienes han negociado los términos de la ley que presentará el Ministerio de Asilo y Migración. Este miércoles, Geert Wilders pactó con Nuevo Contrato Social, otra de las formaciones de la coalición, olvidarse de la ley de Emergencia a cambio de acordar otras medidas para convertir a Países Bajos en un destino menos atractivo para el refugio. Ese mismo día, ambos convocaron a los jefes de Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), la otra parte del cuarteto en el poder. Las reuniones han sido dirigidas por el primer ministro Schoof, aunque Wilders ha sido muy activo en su cuenta de X robándole en cierto modo el protagonismo.

Este septiembre, la ministra de Asilo y Migración, Marjolein Faber, anunció que quería declarar una crisis de asilo para poder usar la Ley de Emergencia y utilizar procedimientos excepcionales. Faber, miembro del PVV, se arriesgó a chocar contra el Estado de derecho para mostrar el compromiso de su partido con el freno al refugio, prometiendo “la ley de asilo más estricta hasta la fecha”. Wilders, por su parte, ha mantenido todos estos meses que la única opción era declarar la emergencia. La presión del NSC y los escollos legales que se avecinaban han servido para lograr que tanto el Congreso como el Senado deban pronunciarse de antemano. El recorrido de la nueva norma dependerá de las enmiendas y los tiempos de ambas Cámaras.