El Constitucional francés anula las medidas más discriminatorias de la ley de inmigración

El Constitucional francés ha anulado este jueves las medidas más discriminatorias de la polémica ley de inmigración adoptada en diciembre. Entre otros artículos, los llamados sabios han declarado contrarias a la ley fundamental las restricciones para los extranjeros del acceso a las prestaciones sociales, restricciones que podían entenderse como una forma de “preferencia nacional”, eslogan histórico de la extrema derecha.

El Consejo Constitucional ―equivalente al Tribunal Constitucional español y presidido por el ex primer ministro socialista Laurent Fabius― ha censurado, total o parcialmente, 35 artículos de los 86 que contenía la ley. El propio presidente francés, Emmanuel Macron, pese a impulsar él la norma, pidió tras su adopción a los sabios que la evaluasen, y declaró que creía que varios artículos eran anticonstitucionales.

De los 35 artículos censurados, tres lo han sido por cuestiones de fondo. Y 32, por motivos de procedimiento o jurisprudencia, sin que los nueve miembros del Constitucional entrasen a dirimir si contravenían o no los principios de la ley fundamental. Han declarado inválidos los citados artículos por vulnerar el artículo 45 de la Constitución, que obliga a que las enmiendas a un texto legislativo tengan un vínculo, directo o indirecto, con el proyecto original.

Los jueces concluyeron, respecto a estos 32 artículos anulados, que se trataba de enmiendas sin relación con la ley. Figuran, entre ellos, algunos de los que habían provocado más alarma en una parte de la sociedad, y que llevaron a decenas de miles de personas a manifestarse el fin de semana en defensa de los derechos de los inmigrantes.

Está, por ejemplo, el que exigía una fianza a los estudiantes extranjeros en algunas universidades francesas. O el que fijaba una multa por delito de residencia irregular para adultos sin papeles. O los que restringían el reagrupamiento familiar, que permite a un extranjero con residencia en Francia que se unan a él sus allegados. También la más discutida de todas: la exigencia para quienes no son ciudadanos de la Unión Europea de una residencia legal mínima de cinco años en Francia —o dos años y medio con trabajo— para beneficiarse, como los franceses, de algunas ventajas del Estado del bienestar, como las ayudas familiares o a la vivienda.

La distinción entre autóctonos y extranjeros en el acceso a la robusta protección social francesa es uno de los caballos de batalla de la extrema derecha. Con esta ley, creían haber avanzado. El Constitucional, aunque no entre en el fondo de si estas medidas vulneran o no derechos fundamentales, frena el intento. Pero no lo liquida.

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, señaló en un comunicado que la decisión del Constitucional “es muy imperfecta”. “Al censurar los artículos por su ausencia de vínculo con el texto de ley”, argumenta, “no se pronuncia sobre su conformidad con la Constitución y, así, deja el campo abierto para que las fuerzas de derecha y extrema derecha reclamen un nuevo texto”.

La ley era el resultado de un acuerdo entre los partidarios de Macron y la derecha de Los Republicanos (LR), el partido hermano del PP en Francia. En la Asamblea Nacional, contó, además, con el voto a favor de Reagrupamiento Nacional (RN), el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, quien celebró una “victoria ideológica” para los suyos.

En las negociaciones parlamentarias, LR impuso a los macronistas artículos que endurecían el texto inicial, y que son precisamente muchos de los que el Constitucional ha censurado. La adopción de la ley con el aplauso de Le Pen provocó una crisis en las filas presidenciales.

Decenas de diputados votaron en contra o se abstuvieron, y el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, dimitió. A principios de enero, Macron cambió a la primera ministra, la tecnócrata Élisabeth Borne, por el joven y hábil Gabriel Attal, y apartó a varios ministros del ala izquierda del Gobierno.

La decisión del Constitucional elimina las aportaciones de LR a la ley y la devuelve a un formato más parecido al original, tal como Macron la había concebido. Es posible que sirva para calmar el malestar entre los macronistas socialdemócratas, descontentos con lo que estos consideran un giro derechista en un movimiento que empezó siendo transversal, ni de izquierdas ni de derechas.

El ministro del Interior y miembro destacado del ala derecha del Gobierno, Gérald Darmanin, reivindicó en X (antes Twitter): “Nunca un texto había previsto tantos medios para expulsar a los delincuentes y tanta exigencia para la integración de los extranjeros”. Era una manera de decir que la ley final, pese a todo, será conservadora.

La decisión es un revés para LR y para la extrema derecha. Ahora podrían volver a proponer otra ley con las enmiendas eliminadas. O iniciar una reforma constitucional. Se debate, también, el papel del Constitucional, que habrá tenido la última palabra con las dos reformas principales del segundo mandato de Macron: la de las pensiones, que aprobó, y ahora la de inmigración, ampliamente rechazada.

Jordan Bardella, mano derecha de Le Pen y presidente del RN, describió la decisión del Constitucional como “un golpe de fuerza de los jueces” y sentenció: “La única solución es el referéndum sobre la inmigración”. Se ha abierto la batalla para las elecciones europeas de junio, en las que Bardella será cabeza de lista y parte como favorito. La inmigración tiene todos los números para ocupar un lugar central.

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