Rishi Sunak cede ante el ala dura de su partido y restringe ahora las normas de entrada al Reino Unido para los inmigrantes legales

El Partido Conservador del Reino Unido, que lleva más de una década obsesionado con las cifras de inmigración, impulsó la aventura del Brexit como la respuesta para recuperar el control de las fronteras: Take Back Control, decía el eslogan. Tras incumplir esta promesa, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha decidido que la estrategia deber ser doblar la apuesta. Después de un año en el que la política contra la inmigración irregular se ha endurecido hasta niveles insoportables para las organizaciones humanitarias e incompatibles con la legalidad internacional —deportaciones a Ruanda, prisiones flotantes en los puertos o restricciones a las solicitudes de asilo—, el Gobierno conservador ha decidido combatir también la inmigración legal.

El recién nombrado ministro del Interior, James Cleverly, ha anunciado en la Cámara de los Comunes nuevas normas que complican todavía más la entrada al Reino Unido a través de un visado de trabajo o de medidas de reunificación familiar. Si la Ley de Inmigración que alumbró el Ejecutivo de Boris Johnson exigía ya a las empresas que aspiraban a contratar un trabajador extranjero que pagara un salario mínimo anual de poco más de 30.000 euros, el Gobierno de Sunak ha elevado el listón hasta los 45.000 euros, un nivel complicado de alcanzar en sectores como la hostelería, la agricultura o la asistencia a las personas dependientes.

En 2010, cuando el hoy recuperado como ministro de Exteriores y entonces recién nombrado primer ministro, David Cameron, puso un pie en Downing Street, prometió que reduciría la cifra de inmigrantes llegados al Reino Unido en “decenas de miles”. Ese año, el número total fue de 252.000 aproximadamente. En el programa electoral de 2019, con el que Boris Johnson logró una espectacular victoria a lomos del Brexit, los conservadores mantuvieron el compromiso de rebajar el saldo neto de inmigrantes. En 2022, la cifra récord publicada por la Oficina Nacional de Estadística señaló que casi tres cuartos de millón de personas —745.000— habían llegado al país. La previsión para 2023 es de 672.000, según ha adelantado el propio ministro del Interior.

“La inmigración que llega a este país es demasiado alta y tiene que ser reducida”, ha anunciado Cleverly. Desde su puesto anterior de ministro de Asuntos Exteriores se labró una fama de político tolerante y moderado. En el puesto de Interior, ocupado previamente por representantes del ala dura conservadora como Priti Patel o Suella Braverman, Cleverly ha comenzado a imitar el tono duro y populista de sus predecesoras.

“Los británicos siempre querrán hacer lo correcto con aquellas personas en situación de necesidad, pero también tienen razón al querer reducir de manera drástica el número de inmigrantes. No solo frenando el número de personas que llegan a nuestras costas a través de rutas ilegales, sino con una buena gestión que reduzca la inmigración legal. A los ciudadanos les preocupa, con razón, la escasez de vivienda, las consultas médicas colapsadas, el difícil acceso a la educación y otros servicios públicos, y ven que sus barrios cada vez están más poblados”, ha asegurado el ministro.

La promesa de 300.000

Cleverly ha expuesto un listado de nuevos compromisos que logrará, ha dicho, reducir hasta en 300.000 personas anuales la cifra de nuevos inmigrantes. En primer lugar, la decisión misma de aumentar el sueldo anual requerido para obtener un visado. En segundo lugar, el Gobierno conservador tumba una medida que él mismo aprobó a lo largo de la última década. Hasta ahora, en aquellos sectores donde se diagnosticaba oficialmente una escasez crítica de trabajadores —desde recolectores agrícolas a veterinarios o arquitectos—, las normas permitían reducir en un 20%, es decir, en unos 6.000 euros, el salario mínimo anual exigido para contratar a un trabajador extranjero. Ya no será así. Es la única de las decisiones aplaudida por sindicatos y por la oposición laborista.

A pesar de la necesidad cada vez mayor del Reino Unido de mano de obra extranjera para atender su sanidad pública y sus servicios sociales de atención a los dependientes, Cleverly también ha endurecido las normas para acceder a este tipo de empleos. Lo ha hecho además introduciendo una sospecha o una acusación contra las supuestas intenciones de los recién llegados. El Gobierno endurecerá las normas para que estas personas pueden traer con ellos a sus familias. “Solo un 25% de esas personas dependientes se incorporan al mercado laboral, por lo que muchos de ellos abusan de nuestros servicios públicos sin contribuir a que la economía crezca”, ha dicho el ministro, sin especificar cuántos de esos son menores que acompañan, lógicamente, a sus padres en la nueva vida.

Gran parte de los recién llegados al Reino Unido son estudiantes extranjeros que, después de pagar sus matrículas y su estancia, deciden incorporarse al mercado laboral, o facilitan su reunificación con familiares. También en este caso el Gobierno establecerá condiciones más duras que hagan casi imposibles esas opciones.

Finalmente, si un trabajador con visado llegado al Reino Unido tenía que pagar casi 730 euros, antes de entrar al país, para costear posibles gastos de la sanidad pública, la cifra se eleva ahora a los 1.200 euros.

“Toda esta estrategia es caótica. La inmigración es importante para el Reino Unido. Hemos ayudado de modo justo a los refugiados de Ucrania o de Hong Kong, y nos beneficiamos del talento de los estudiantes extranjeros. Pero un sistema de inmigración debe ser controlado y gestionado para que sea justo y eficaz”, ha acusado al ministro la portavoz laborista de Inmigración, Yvette Cooper. El principal partido de la oposición hace equilibrios en un asunto en el que sabe que la opinión pública está dividida, incluso entre sus propios votantes.

La última encuesta publicada por YouGov señala que, después de la economía y la situación de la sanidad pública, la inmigración se ha convertido en el asunto que más preocupa a los ciudadanos británicos. Y ese mismo sondeo señala que para un 39%, frente a un 37%, es más importante reducir la cifra de inmigrantes que potenciar el crecimiento de la economía (mucho más si esto segundo requiere de la llegada de mano de obra exterior). La obsesión del Partido Conservador se ha convertido en una crisis existencial de cara a las próximas elecciones generales, que deben celebrarse a finales de año.

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