Los Veintisiete logran desbloquear el pacto migratorio en la UE con un endurecimiento en las condiciones del asilo

Tras años de duras negociaciones, los Veintisiete han cerrado el último capítulo del pacto migratorio, uno de los elementos de mayor disputa en la UE durante la última década. Los Estados miembros han dado este miércoles vía libre al reglamento de gestión de crisis e instrumentalización de la inmigración, que restringe aún más la entrada en la UE y las solicitudes de asilo, según el último borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS. El punto de encuentro entre Alemania, que reclamaba más salvaguardas para las familias y los menores que piden protección, e Italia, que exigía más dureza dentro de su propia realidad política y en medio de un repunte de llegadas a sus costas, ha permitido sacar adelante la nueva norma en vísperas de la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrarán desde este viernes en Granada. Ahora, este reglamento —junto a los otros cuatro que forman parte del ansiado pacto migratorio— irá a la negociación entre instituciones comunitarias para convertirse en texto legal.

El acuerdo, que incluye instrumentos para que los países de primera línea de llegadas migratorias reciban ayuda urgente de los demás socios, cristaliza en un momento de especial tensión entre los Estados miembros por temor a una crisis de llegadas que ha llevado a controles de fronteras temporales y fricciones entre los países. El consenso alcanzado, pese a que la presión permanece, facilita la cumbre de líderes europeos en Granada, donde el debate sobre inmigración y los modelos para gestionarla se ha colado en la agenda y amenaza con monopolizar el encuentro, aun con el acuerdo logrado este miércoles. Ahora que, a falta de peinar los flecos, la UE se encamina a cerrar el capítulo para gestionar internamente la inmigración, estarán sobre la mesa los modelos a seguir para reducir las llegadas a territorio comunitario, con marcos como el controvertido acuerdo alcanzado con Túnez, que recibe dinero de la Unión a cambio de gestionar los flujos migratorios.

España, que preside el Consejo de la UE este semestre y hace de mediador para esta y otras negociaciones, se había mostrado optimista sobre la opción de cerrar el acuerdo, pese a las reticencias de Berlín y Roma, dos capitales claves en este pacto, sin las que no funcionaría, además, ningún acuerdo europeo sobre inmigración. El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, había asegurado que se conseguiría antes de la reunión en Granada. Y tras una semana de intensas negociaciones técnicas, así ha sido. Alemania e Italia han dado su respaldo al reglamento, contra el que han votado Polonia y Hungría, frontalmente opuestos a cualquier esquema que obligue a todos los Estados a asumir una parte de los demandantes de asilo. Austria, Eslovaquia y República Checa se han abstenido, según fuentes diplomáticas. A pesar del acuerdo político logrado este miércoles, las reticencias de esos Estados amenazan con crear trabas técnicas para el cumplimiento de los compromisos.

El texto, parte de un paquete que funciona como un todo, restringe aún más la aceptación de solicitudes de asilo y amplía los tiempos de procesamiento (lo que abre la puerta al bloqueo) de los solicitantes de refugio en los países que declaren que están bajo esa situación de crisis. También permite alargar el tiempo de detención de los demandantes de asilo ocho semanas más de los 18 meses que permite la norma en condiciones normales, según los borradores del reglamento que ha visto este diario.

Además, incluye el concepto de “instrumentalización” de la migración, cuando un país sea objeto de un intento de “desestabilizarlo” (o a toda la UE) a través de la llegada repentina de migrantes. Así sucedió en la crisis migratoria de 2021, en la que el régimen del bielorruso Aleksandr Lukashenko envió (y ayudó a tratar de cruzar) a los países del flanco oriental a miles de migrantes, aprovechándose de su vulnerabilidad.

Las ONG de salvamento, bajo el foco de Italia

Esta había sido una exigencia de Italia, que afronta una tensa situación en la isla de Lampedusa, ahora el principal punto de llegadas desde la ruta del Mediterráneo central (sobre todo de migrantes que salen desde Túnez), la que más crece. El Gobierno de Giorgia Meloni, que ha convertido la dureza contra la migración en uno de sus principales caballos de batalla, exigía que las ONG que llevan a cabo operaciones humanitarias, sobre todo rescates en el mar, entraran bajo ese paraguas de “instrumentalizacion”, lo que amenaza las operaciones de salvamento. Finalmente, la amplia redacción del texto aprobado este miércoles crea rendijas para criminalizar ciertas operaciones.

Las ONG de derechos humanos y las especializadas en inmigración han alertado de que este nuevo reglamento puede crear una zona gris en la que los derechos de los migrantes se vean vulnerados. También que puede dificultar el trabajo de salvamento, algo que tendría consecuencias nefastas.

El acuerdo de este miércoles tiene amplias repercusiones. La principal es que cierra el ansiado pacto migratorio, una de las grandes apuestas de la Comisión de Ursula von der Leyen, con un endurecimiento de los sistemas de recepción y asilo ideados tras la crisis migratoria de 2015, que tensó las costuras de la UE y que estuvo a punto de terminar con la zona de circulación Schengen. Ese espacio de libre tránsito nunca se ha recuperado del todo de ese desafío.

El pacto diseña un nuevo sistema de control de fronteras y de procesamiento de las solicitudes de asilo, incluso tiene una parte técnica sobre datos biométricos y establece lo que se reconoce como “ficción de entrada”, que puede dejar en el limbo a los solicitantes de asilo durante semanas mientras se atiende su demanda. Pero sobre todo se basa en un nuevo paradigma: la solidaridad flexible, pero obligatoria, por la que los 27 socios comunitarios deben contribuir a gestionar los flujos migratorios, un sistema basado en cuotas de acogida o en el pago de 20.000 euros por cada solicitante de asilo rechazado.

El paquete migratorio, que ahora comienza el tránsito de negociación entre el Consejo de la UE, el Parlamento y la Comisión Europea, aún puede cambiar en la próxima fase. Algo en lo que confía, por ejemplo, Alemania, para introducir más fórmulas de salvaguarda para los menores. Otros Estados miembros aspiran a lograr retocar el punto que pone bajo el foco a las ONG.

Pese a todo, el asunto migratorio, enormemente divisivo y muy tóxico políticamente para algunos Estados miembros, continuará generando grandes tensiones. El acuerdo de Túnez para frenar las llegadas está a punto de descabalgar, la Comisión Europea sondea pactos similares con países como Egipto y, mientras, las entradas en la UE se mantienen y varios países de Europa central (Alemania, Austria, Polonia, República Checa) han ordenado controles de fronteras temporales para frenar que los solicitantes de asilo lleguen a sus territorios.

Bruselas trata de rebajar la tensión y que la situación no escale. Este miércoles, el Ejecutivo comunitario ha tratado de restar importancia a los controles fronterizos temporales, que, por otra parte, se perpetúan en la UE. La Unión espera contar con un sistema aprobado en firme para afrontar la inmigración irregular antes de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024, pero para ello, los engranajes comunitarios tienen que correr.

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