Una válvula oculta bajo una acera, y separada varios kilómetros de distintos barrios residenciales de clase media, ese cierra y abre cada semana por un funcionario de la empresa estatal que da agua a Caracas. En manos de ese trabajador, y de otros como él en toda la ciudad, está el ciclo de abastecimiento de agua de miles de familias, que viven de racionamiento en racionamiento, rompiendo leyes de la física para intentar hacer lo que se haría durante un fin de semana de normalidad: bañarse, lavar la ropa, regar las plantas, limpiar o cocinar, en los treinta minutos o la hora de suministro que recibirán en el día bajo el acuerdo vecinal al que hayan llegado en sus condominios. Si se rompe un tubo unos metros más allá, todo puede cambiar. Si la luz fluctúa demasiado o se va definitivamente, también, y seguramente quedarán desconectados de internet y de la televisión por cable. Con esas frágiles certezas comienzan todos los días en Caracas.

A unos metros de esa llave, en una urbanización de clase media, esta semana dos policías hacían las veces de semáforo. Agitaban los brazos para drenar los atascos del bulevar El Cafetal, una urbanización llena de ancianos, donde un tramo que abarca unos ocho edificios se había quedado sin luz el día anterior junto con el alumbrado y los controladores del tránsito. Los vecinos rodeaban una grúa que traía una segunda planta eléctrica de emergencia para darles turnos de tres horas de energía por grupos de edificios. El enorme aparato tenía escrito en marcador el nombre “La burra”. Es una operación que se ha vuelto rutinaria. Los transformadores de la ciudad explotan, dejan de funcionar, se envejecen hasta morir y la empresa de electricidad, también del Estado, va poniendo parches tras cada avería como puede.

En una pequeña reunión que se formó en la calle se comparten las pequeñas tragedias personales por el colapso de la infraestructura de los servicios en Venezuela. Entre las causas está la falta de mantenimiento e inversión para su modernización y, sobre todo, mucha corrupción. José Antonio Rodríguez cuenta que dejó a su mamá de 90 años con una radio a pilas para que se distrajera, pues no la puede movilizar para llevarla a algún lugar con luz y agua. Carolina González está preocupada por el inventario de pastelitos para la venta que tiene preparados en su congelador apagado. Es uno de los negocios de los que vive y prefiere ponerse a freírlos y regalarlos a perderlos por el apagón.

Como encargada vecinal de su edificio, durante las primeras horas, ya había coordinado la conexión de un cable de un edificio a otro para que los vecinos pudieran cargar sus teléfonos. También se aseguró de que a la persona que sobrevive con bombona de oxígeno en el edificio la llevaran a otro lugar. Hugo Pimentel no se detiene mucho a conversar. Regresó rápidamente a su apartamento para monitorear el funcionamiento de la pequeña planta eléctrica que compró hace 15 años para su casa de la playa, y que ahora está convertida en una gran batería para celulares en el pasillo de su edificio.

Estos vecinos acaban de pasar 22 días sin agua por la rotura de un tubo. Cuando empezaron a llenarse las tuberías, se fue la luz y ya no funcionan las bombas para abrir los grifos. “Esto se cuenta y no se cree”, decía Senith Ocampo, una viuda de 69 años que salió corriendo a buscar hielo para no perder la compra de la semana. Pero esta historia se cuenta casi todos los días en Caracas y en muchas ciudades del país. “Uno pasa mucho trabajo”, agregaba Virgilia Romero, con una sartén con un pescado en la mano y una olla frente a la puerta de su vecina. La mujer, de 69, trabaja cuidando a otra de 92 años. A falta de electricidad, le tocó llamar a puertas en busca de una cocina a gas. Virgilia pasa trabajo donde trabaja y también en Mariches, el barrio informal en el que vive. Allí el agua llega cada dos meses.

La crisis de los servicios públicos es una dimensión más de la emergencia que vive Venezuela. Es por ello que hay un acuerdo para que parte de los recursos en el extranjero, que el Gobierno de Nicolás Maduro aspira a que se descongelen pronto como parte de las negociaciones con la oposición, se destinen a mejorar el suministro de agua y electricidad como un asunto prioritario.

Estos son los dos servicios que peor funcionan y los que más condicionan la calidad de vida. Y el problema va más allá. El estado de ánimo de muchos venezolanos se modula al llegar a casa y ver los relojes de los electrodomésticos parpadeando, la huella que deja el apagón que los desconectó durante unas horas. O con cada bajón que hace crujir bombillos, televisores y ventiladores. Una fluctuación de la corriente que apaga todo, pero que conecta a los venezolanos a una misma angustia, la de que se pueda repetir otro gran apagón general como el de 2019.

O cuando media Caracas se queda sin agua por más de una semana porque uno de los ramales que surten a la ciudad se averió y hay que lavar los platos y la cara con el agua recogida en tobos. En un país con 7,7 millones de migrantes fuera, hay quienes piensan en irse cada vez que esto pasa. “Aquí estamos preparados para cualquier guerra. Lo que sabemos es sobrevivir”, dice Carolina.

No siempre fue así. “Hace 20 años el 80% de la ciudad recibía agua continua todos los días a toda hora. Tenemos quizás la misma gente o menos pero ahora llega la mitad del agua y no alcanza. También tuvimos sistemas eléctricos y de telecomunicaciones robustos manejados por empresas que eran modelo. Pero ha venido un proceso de deterioro vertical, progresivo y profundo”, explica el ingeniero José María De Viana en entrevista con EL PAÍS. “El deterioro de los servicios públicos es la dimensión más tremenda de la pobreza, ya que los ciudadanos no pueden cambiar esa realidad. La provisión particular de un servicio público solo será posible para aquellos sectores de la sociedad de mayor capacidad de ingreso”, agrega el especialista en un texto académico.

De cisterna en cisterna

En las ciudades del interior este deterioro se vive peor y con medidas extremas y racionamientos de electricidad —como la que comienza ahora en Mérida con la reducción del horario laboral de la administración pública para ahorrar energía—, pero no era la norma en Caracas. Ese privilegio, esa idea de que la ciudad que es sede de todos los poderes está blindada y es el lugar de las oportunidades, estimuló una migración de venezolanos del interior en busca de mejores condiciones, un fenómeno difícil de contabilizar que ha creado tensiones sociales. Pero con la multiplicación de las fallas, la vida para gran parte de los caraqueños ya no ocurre dentro de la burbuja con la que comparan a la capital.

Pasar unas horas en un llenadero de cisternas basta para acabar con el espejismo. Sixto se inició en el negocio hace ocho años, cuando dejó un barrio del oeste de Caracas y compró un terreno para hacer su propia casa en una zona montañosa a las afueras de la ciudad. Compró un camión para abastecerse y vio que podía también surtir a sus vecinos. Hoy tiene cuatro vehículos y clientes fijos, como un conjunto residencial de unos 200 apartamentos cerca de la zona de discotecas, torres lujosas y restaurantes de Las Mercedes que cada semana le contrata 20 despachos de un camión de 10.000 litros de agua, que tienen un precio mínimo de 50 dólares cada uno. Esto lo hace desde hace dos años y medio. Despacha camiones para barrios con sed y también para llenar piscinas. Hay sectores de la ciudad que prácticamente se han desconectado del acueducto, pues se surten únicamente con camiones cisternas que deben entrar en el presupuesto familiar.

Un sistema se ha impuesto para regular la toma donde cargan agua los camiones, que está custodiada por el Gobierno. Para poder surtirse, los camioneros deben hacer uno o varios “despachos comunitarios” de forma gratuita. Por cada viaje a una zona que tiene días sin recibir agua —puede ser un barrio o a veces la casa de alguna persona con poder—, les dan cupo para hacer otros tres a clientes privados, por los que sí cobran. Así las autoridades administran la escasez.

Los negocios cercanos a la falla se mantuvieron abiertos aun cuando no tenían luz en estos días en que el calor sofoca todo el día. Es la presión por lograr alguna venta en medio de la recesión que vuelve a golpear al país, después de un ligero rebote de la economía registrado el año pasado. “No se puede cerrar”, decía el dueño de una ferretería apurado para instalar una planta pequeña para un funcionamiento de emergencia. En otro negocio de la zona alquilaron un generador. En cambio, José Solórzano y sus técnicos en reparación de electrodomésticos jugaban una partida de dominó mientras recibían a sus clientes con equipos dañados por los bajones. Neveras, televisores y aires acondicionados son los que más resienten la inestabilidad de la corriente en Venezuela, comentaban mientras movían las fichas.

Este fin de semana los vecinos de El Cafetal siguieron a oscuras cinco días después de comenzar la falla. “Estamos viviendo como animales”, dice José Antonio con rabia y cansado de subir y bajar varios pisos por las escaleras mientras los ascensores están parados. Nadie se acercó hasta allí para surtir gasoil a la planta de emergencia ni para llevar noticias de la restitución del servicio.

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