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Nayib Bukele impone un nuevo cerco a las pandillas al movilizar a 7.000 militares en El Salvador

El mandatario advierte de que continuará con sus medidas de mano dura hasta capturar a todos los integrantes de las maras

Miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil de El Salvador forman un cerco en el departamento de Cabañas.
Miembros del Ejército y la Policía Nacional Civil de El Salvador forman un cerco en el departamento de Cabañas.Gobierno de El Salvador (EFE)
Carlos S. Maldonado

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha advertido este martes de que no va a cejar en su empeño de derrotar a las pandillas que siembran el terror en el país centroamericano. El controvertido mandatario ha anunciado un nuevo operativo en su guerra contra las llamadas maras, que incluye un cerco militar en una zona del centro del país para evitar que los integrantes de las pandillas puedan movilizarse con libertad y para romper sus cadenas de suministro. La nueva ofensiva incluye la movilización desde esta madrugada de 7.000 militares y 1.000 policías fuertemente armados. Bukele ha dicho que el cerco “se mantendrá mientras los operativos puedan extraer a todos los pandilleros”.

La zona militarizada comprende la provincia central de Cabañas, región agrícola y ganadera donde según el Gobierno las pandillas mantienen un amplio control, extorsionan a los habitantes y siembran violencia. Combatir esa violencia es la justificación que Bukele ha usado desde marzo de 2022 para lanzar su cuestionada guerra contra las maras, que ha incluido la imposición de un régimen de excepción que da manos libres al Ejecutivo para actuar contra los grupos criminales. El estado de excepción suspende las garantías constitucionales de los ciudadanos y ha permitido a las autoridades capturar a más de 70.000 personas de forma arbitraria, sin pruebas que demuestren que han formado parte de agrupaciones delictivas. Esta estrategia de seguridad ha sido muy criticada por organizaciones de derechos humanos, que han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles, torturas y desapariciones, muerte de reos bajo custodia y la censura y persecución contra las voces críticas.

“Desde esta madrugada, 7.000 soldados y 1.000 policías han establecido un cerco de seguridad alrededor de todo el departamento de Cabañas. Su labor será evitar la salida de pandilleros del departamento y cortar todas las líneas de suministro de los grupos terroristas”, anunció este martes Bukele en un mensaje difundido en la red social X, antes Twitter. Esta es su herramienta favorita para dar a conocer sus decisiones, ya que ahí cuenta con decenas de miles de seguidores que aplauden sus anuncios.

Desde esa red también responde a las críticas contra su ofensiva militar. La más reciente respuesta fue para el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien dijo que “creo que si para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y de respeto de los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta”. Según Boric, “cuando solo se enfoca desde la cuña de quién es el más duro o categórico, o las medidas más extremas para combatir la delincuencia, al final no estamos solucionando el tema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana”. Bukele reaccionó furibundo y dijo que “pues este Gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito”. Y agregó: “qué difícil ha de ser liderar un país, teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente”. El mandatario salvadoreño también se enfrenta a los medios que critican sus medidas. Bukele criticó un reportaje publicado el fin de semana por este periódico: “Esto no es periodismo, es simple activismo desesperado, ordenado por los que temen al poder del ejemplo”, dijo.

La guerra de Bukele contra las pandillas ha desatado críticas de sectores que por lo general no mantienen una posición frontal contra el Ejecutivo, como la Iglesia Católica. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, pidió que, tras anunciar el Gobierno juicios masivos para procesar a los miles de detenidos durante el estado de excepción, se tome en cuenta la presunción de inocencia. “Lo que sí pediremos siempre es que, sea en grupo el juicio o que sea individual, se favorezca la inocencia. Se luche todo lo que se pueda para que los inocentes salgan pronto”, dijo Escobar.

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Sobre la firma

Carlos S. Maldonado
Redactor de la edición América del diario EL PAÍS. Durante once años se encargó de la cobertura de Nicaragua, desde Managua. Ahora, en la redacción de Ciudad de México, cubre la actualidad de Centroamérica y temas de educación y medio ambiente.

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