La UE plantea como modelo el acuerdo migratorio con Túnez pese al deterioro de los derechos humanos en el país

La Comisión Europea quiere explorar el modelo del acuerdo migratorio alcanzado el domingo con Túnez en otros países del sur del Mediterráneo, tanto de origen como de tránsito. Hace unas semanas, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, envió una carta a los Estados miembros instándoles a debatir sobre la fórmula. “Nuestro objetivo debería ser que nuestra iniciativa actual con Túnez actúe como modelo para asociaciones similares en el futuro”, dijo en la misiva, “y la Comisión buscará nuevas asociaciones integrales con terceros países”. Ya se han iniciado conversaciones con Egipto, según fuentes comunitarias, pero la ratificación del pacto con Túnez, que deben refrendar los Veintisiete, marcará futuros pasos.

El acuerdo ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos y de europarlamentarios, por el riesgo que genera el mecanismo de aportar fondos para garantizar el control de los flujos de migración y por los ataques contra los derechos humanos que se atribuyen al Gobierno del presidente tunecino, Kais Said. Ya hay antecedentes controvertidos. Distintos informes, entre ellos de Naciones Unidas, han advertido de los vínculos entre la guardia costera de Libia, que recibe financiación de la UE, y casos de abusos contra los inmigrantes o incluso de colaboración con las mafias de traficantes de seres humanos. Una reciente investigación de EL PAÍS con Lighthouse Reports reveló que la red de traficantes responsable de la última gran tragedia del Mediterráneo, el naufragio del Jónico, mantiene vínculos con el señor de la guerra del este de Libia, Jalifa Hafter. Algunos Estados europeos, como Italia, defienden colaborar con él para frenar la inmigración.

La presidenta de la Comisión ha viajado dos veces en un mes a la capital tunecina en compañía de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y del jefe de Gobierno saliente de Países Bajos, Mark Rutte, para intentar desbloquear el acuerdo con el presidente Said. El pasado domingo se logró cerrar un principio de pacto que queda aún lejos de los más de mil millones de euros ofrecidos en junio en su primera visita a Túnez para salvar al país magrebí de la bancarrota.

Von der Leyen se limitó a mencionar ante Said los cinco pilares sectoriales de financiación del memorando de entendimiento, que suman 300 millones de euros, de los cuales 105 millones corresponden a políticas de contención de la inmigración hacia Europa. El resto corresponde a partidas como digitalización, energía y desarrollo económico. El memorando fija para el tercer trimestre de este año una eventual revisión del acuerdo destinada a incluir un paquete de 900 millones de euros para que Túnez lleve a cabo las reformas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo que aún no se ha pactado de 1.900 millones de dólares (cerca de 1.700 millones de euros). El rescate financiero que ofrece el organismo internacional conlleva un alto coste social y de empleo, ya que obliga a recortar los subsidios a productos básicos y a liquidar empresas del sector público. La UE está además dispuesta a movilizar otros 150 millones de euros como apoyo presupuestario a la agenda de reformas.

El líder tunecino reiteró ante los tres mandatarios que no quiere ejercer de “guardián de fronteras” de Europa, en cuyas costas del sur de Italia han desembarcado cerca de 70.000 migrantes irregulares procedentes de Túnez y Libia, en su mayoría, en lo que va de año. Después de haber disuelto el Parlamento para gobernar por decreto desde 2021 y tras desencadenar una ola de detenciones de disidentes, Said arremetió el pasado febrero contra los inmigrantes irregulares subsaharianos. “Existe un plan criminal diseñado desde principios de siglo dirigido a alterar la composición demográfica de Túnez para transformarlo en un simple país africano sin vinculación con el mundo árabe e islámico”, afirmó en una declaración pública. Desde entonces se ha multiplicado el acoso a los extranjeros negros africanos.

La presidenta Von der Leyen se ha comprometido ahora a hacer un “seguimiento constante” del acuerdo con Túnez, y de otros modelos con otros Estados basados en planes de cooperación, para evitar las salidas de embarcaciones clandestinas y fomentar los programas de retorno. Esta semana, además, en el marco de la cumbre de la UE con Latinoamérica y el Caribe, se ha dado luz verde al acuerdo post Cotonú, suscrito en 2020 con 79 países de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, que, entre otras cosas, incluye medidas sobre migración, como fórmulas para facilitar el retorno de personas a las que se les haya denegado el asilo en la UE.

La UE trabaja ya en los planes de ayuda migratoria, en programas de control de fronteras, registros y devoluciones —por ejemplo, una partida de 15 millones destinada a la repatriación a sus países de origen de unos 6.000 migrantes irregulares procedentes de África Occidental— y otras medidas “contra las mafias de tráfico de personas”, como la entrega de barcos y drones de vigilancia.

Además de Egipto, Marruecos es otro de los países de la ribera sur del Mediterráneo citado por altos cargos de la UE como potencial beneficiario de un acuerdo migratorio integral en la estela del alcanzado con Túnez. El Gobierno marroquí tiene previsto recibir 500 millones de euros en ayudas de la UE para el periodo 2021-2027, una cifra que Rabat considera muy por debajo de los gastos que genera la contención de los flujos migratorios hacia Europa. El director de Migración y Vigilancia de Fronteras del Ministerio del Interior, Jalid Zeruali, elevó a 427 millones anuales el coste para su Administración, según declaró a la agencia Efe el año pasado. En el periodo 2014-2020, el país magrebí recibió desde Bruselas 346 millones como intención económica para contar la inmigración irregular.

El principio de acuerdo de la UE con Túnez se ha producido tras la reciente explosión de tensión racial registrada en Sfax, principal punto de partida de pateras en el Mediterráneo central, 270 kilómetros al sur de la capital de Túnez. Más de 10.000 subsaharianos aguardan desde hace meses en esa ciudad portuaria a embarcarse rumbo a las costas italianas. Cientos de migrantes han sido expulsados por las autoridades y trasladados por la fuerza hacia una zona desértica en la frontera con Libia, después de que un tunecino muriera apuñalado en una reyerta con subsaharianos a comienzos de mes.

“Tenemos que trabajar juntos”

“Es necesario trabajar con los países de tránsito”, ha afirmado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en una entrevista reciente durante el viaje del Colegio de Comisarios a España. “Europa no puede gestionar la migración sola si no es convirtiéndose en una Europa fortaleza, y no estoy a favor de eso”, advierte. “Por supuesto, debemos mantenernos firmes en la defensa de nuestros valores, pero también ser pragmáticos y trabajar juntos”, destaca Johansson, quien defiende evitar a toda costa de que los migrantes compren “pasajes al infierno” a las mafias de tráfico de personas. “No podemos dejar de intentarlo, aunque haya preocupaciones sobre algunos de los países con los que necesitamos cooperar, porque entonces dejaríamos morir a la gente”, alega la responsable comunitaria en referencia a los naufragios. Su departamento se ha declarado dispuesto a canalizar a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ayuda de emergencia para los inmigrantes que han quedado abandonados a su suerte en las fronteras de Túnez con Libia y Argelia.

ONG internacionales como Human Rights Watch (HRW) consideran que Túnez ya ha dejado de ser un país seguro para los inmigrantes y refugiados subsaharianos. “Ni es un país de tránsito seguro ni es apto para el desembarco de las personas interceptadas o rescatadas en el mar”, ha advertido HRW en un informe. “La externalización de los controles migratorios desde la UE a terceros países (…) ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos”, concluye esta organización. Eve Geddie, representante de Amnistía Internacional ante las instituciones de la Unión Europea, ha enfatizado en un comunicado que el acuerdo suscrito con el Gobierno tunecino nuestra “la aceptación por parte de la UE de la creciente política represiva del presidente tunecino (…) mientras cientos de personas, entre ellas mujeres y niños, eran abandonadas en fronteras desérticas”.

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