La UE y Túnez firman un principio de acuerdo para contener el repunte de la migración irregular en el Mediterráneo

El bautizado como Equipo Europa, una troika de la UE integrada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el jefe de Gobierno saliente de Países Bajos, Mark Rutte, ha firmado este domingo en Túnez un principio de acuerdo en materia migratoria cuyo alcance económico sigue pendiente de concretarse. La UE había ofrecido el mes pasado al país norteafricano más de mil millones de euros de ayuda para contener el repunte de pateras en el Mediterráneo central, pero la aportación de Bruselas aún no ha quedado definida. La presidenta de la Comisión se limitó a mencionar cinco pilares sectoriales de financiación que suman 300 millones de euros, según un comunicado europeo. Von der Leyen se refirió a la migración, la digitalización, la energía, el intercambio humano y el desarrollo, sin desagregar partidas.

Los tres responsables europeos han vuelto a viajar a la capital tunecina para reunirse con el presidente Kais Said, a quien ya formularon un ofrecimiento económico el pasado 11 de junio, como una vía para sacar de la bancarrota al país magrebí. El polémico mandatario se opuso entonces a ejercer como “guardián de fronteras” de Europa, en cuyas costas del sur de Italia han desembarcado cerca de 70.000 migrantes irregulares procedentes de Túnez en lo que va de año.

La presidenta de la Comisión enfatizó: “Seguimos dispuestos a apoyar a Túnez movilizando asistencia macrofinanciera tan pronto como se cumplan las condiciones necesarias”. Al cabo de más de un mes se ha alcanzado un acuerdo “de asociación estratégica” para combatir el tráfico de seres humanos. “Se ha acordado que Túnez protegerá mejor sus fronteras a cambio de inversiones de la UE. Ese dinero está también destinado a mejorar la economía tunecina”, adelantó Rutte en las redes sociales.

Ante la llegada masiva de migrantes en embarcaciones improvisadas desde Túnez hasta las costas italianas, la primera ministra Meloni, populista radical y partidaria de imponer restricciones a los migrantes, ha viajado por tercera vez a la capital tunecina. El liberal Rutte visita el país por segunda vez, pero ahora se dispone a dejar el Gobierno de los Países Bajos tras más de una década en el poder. Lo debe abandonar precisamente a causa de las divergencias en materia migratoria en la coalición que le sostenía.

El despliegue de la troika europea estrena un modelo sin apenas precedentes de rescate financiero, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, en el caso de Túnez, a cambio de la contención de la salida de pateras hacia la isla de Lampedusa, situada a media jornada de navegación en lancha motora de la costa oriental tunecina, donde solo en la noche del sábado al domingo arribaron 1.400 migrantes, según informa la agencia Efe.

La UE ya anunció en junio que prevé aportar un paquete de asistencia financiera de 900 millones de euros “para que Túnez realice las reformas impulsadas mediante un préstame del FMI, por valor de 1.900 millones de dólares (cerca de 1.700 millones de euros). Este préstamo conlleva un alto coste social y de empleo en el país norteafricano, ya que obliga a recortar los subsidios a productos básicos y a liquidar empresas del sector público que actúan como monopolios. La UE está dispuesta a movilizar con carácter urgente 150 millones de euros como apoyo presupuestario para la agenda de reformas que Túnez debe abordar.

El Equipo Europa puso también sobre la mesa un paquete adicional de 105 millones de euros —el triple de la financiación anual de los últimos dos años en materia migratoria— para programas de control de fronteras, registros y devoluciones. Von der Leyen los definió como “proyectos contra las mafias de tráfico de personas”. Mientras se ultima el acuerdo migratorio, la troika ha anticipado el despliegue de otras medidas de apoyo económico para invertir 150 millones en un cable submarino de telecomunicaciones digitales y otros 350 millones para conexiones energéticas y en energías renovables, incluido en los cinco pilares de cooperación.

El Consejo Europeo celebrado a finales de junio tenía que haber refrendado un acuerdo migratorio con Túnez, pero las exigencias del presidente Said, que también ha vetado la firma del préstamo con el FMI, han obligado a prolongar las negociaciones. En contrapartida, en la cumbre semestral de los líderes de los Veintisiete se abogó por utilizar el acuerdo con Túnez como modelo para otros países que registran tensión migratoria.

En estas últimas semanas, sin embargo, la presión contenida en la ciudad de Sfax, epicentro de la migración irregular en el Mediterráneo central, 270 kilómetros al sur de la capital de Túnez, ha estallado con ecos de persecución contra miles de subsaharianos. Cientos de migrantes de África occidental han sido expulsados por las autoridades de la ciudad portuaria hacia una zona desértica en la frontera con Libia tras una ola de violencia en la que murió apuñalado un ciudadano tunecino a comienzos de mes. Muchos de los más de 10.000 subsaharianos que aguardan en Sfax a embarcarse en una patera rumbo a las costas italianas se reagruparon en la estación ferroviaria para intentar escapar de una ciudad tomada por las fuerzas de seguridad, en medio del creciente clima de acoso.

Ante esta situación, diputados del Parlamento Europeo han cuestionado que la UE financie un paquete de ayuda financiera a Túnez mientras sus autoridades expulsan a migrantes y refugiados. Ciudadanos de Costa de Marfil, Camerún, Malí, Chad y Guinea-Conakry, entre ellos mujeres y menores, fueron trasladados por la fuerza hacia Ben Gardane, en un área desértica fronteriza con Libia. El Creciente Rojo tunecino se ha hecho cargo en los últimos días de 650 subsaharianos expulsados y los ha evacuado hacia zonas seguras del sur del país, donde cuentan con alojamiento, comida y agua.

El presidente Said ha advertido de que Túnez rechaza convertirse “en un país de tránsito hacia Europa o de reasentamiento de ciudadanos de algunos países africanos”. Después de haber disuelto el Parlamento para gobernar por decreto desde 2021 y tras desencadenar una ola de detenciones de críticos y disidentes, el propio Said arremetió en febrero contra los inmigrantes irregulares subsaharianos. “Existe un plan criminal diseñado desde principios de siglo dirigido a alterar la composición demográfica de Túnez para transformarlo en un simple país africano sin vinculación con el mundo árabe e islámico”, advirtió ante el Consejo de Seguridad Nacional.

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