Sunak saca adelante su polémica ley migratoria tras rechazar todos los cambios propuestos por la Cámara de los Lores

La nueva Ley de Inmigración Ilegal de Rishi Sunak se ha convertido en la piedra de toque del mandato del primer ministro británico, y en un pulso permanente con organizaciones humanitarias, la Iglesia anglicana y la Cámara de los Lores que, de momento, va ganando el primero. Durante la madrugada de este martes, Downing Street logró derrotar las últimas enmiendas al texto presentadas por muchos lores —la mayoría independientes, sin adscripción partidista—. Pretendían acortar el tiempo de detención de los menores en situación irregular no acompañados de sus padres; reforzar la lucha contra la esclavitud moderna —que el nuevo texto debilita con sus medidas—; e incluso alargar en seis meses el plazo previo a la deportación de los recién llegados al Reino Unido. El Gobierno de Sunak, que ha convertido en bandera electoral la lucha contra la inmigración irregular, ha sido inflexible. La nueva ley es ya una realidad, aunque algunas de sus principales disposiciones tardarán en aplicarse.

Aunque la justicia británica ha confirmado la ilegalidad del plan de deportaciones a Ruanda (en realidad, según la ley, a “un tercer país seguro”), queda pendiente un último recurso ante el Tribunal Supremo. En el mejor de los casos para los objetivos de Downing Street, los vuelos no podrían comenzar al menos hasta finales de año.

“Mantenemos la confianza en que seremos capaces de vencer el desafío planteado ante el Tribunal Supremo”, ha dicho el portavoz de Sunak, que describía a la vez la satisfacción del primer ministro británico por haber logrado sacar adelante la ley.

“El Gobierno ha escogido un camino que no refleja los valores y principios que defienden la mayoría de los ciudadanos. Aquellos que implican compasión, respeto y humanidad hacia todos aquellos que, sin culpa alguna, se han convertido en refugiados, y que aspiran simplemente a la seguridad”, ha denunciado en las páginas de The Guardian el director ejecutivo de la organización UK Refugee Council, Enver Solomon.

La nueva ley, acusada de “crueldad moral” por el arzobispo de Canterbury y jefe de la Iglesia anglicana, Justin Welby, elimina la posibilidad de que aquellos que llegan al Reino Unido de manera irregular —muchos tras cruzar las peligrosas aguas del canal de la Mancha— puedan iniciar los trámites para obtener la condición legal de refugiados. El Gobierno se reserva el derecho a deportarlos de inmediato a su país de origen, o a un tercer país que se considere seguro. Durante el mandato de Boris Johnson se cerró un acuerdo de más de 150 millones de euros entre Londres y Kigali para enviar a Ruanda a la mayoría de los nuevos irregulares. Aún no ha despegado ni un solo avión, pero el Ejecutivo de Sunak ha abrazado el acuerdo y está empeñado en que salga adelante.

“Prisiones flotantes”

El Gobierno conservador británico no ha dejado de adoptar en el último año medidas llamativas contra la inmigración irregular, con la intención de resaltar ante su electorado la voluntad de atajar un problema que, según las encuestas, está erosionando el apoyo de sus votantes. La última fue el alquiler de al menos tres embarcaciones gigantes —”prisiones flotantes”, las han llamado las organizaciones críticas—, para alojar en ellas a los nuevos varones recién llegados. Unos 500 en cada una de las embarcaciones, para reducir el coste de más de seis millones de euros diarios que suponer retener a miles de solicitantes de asilo en hoteles a lo largo de todo el país.

El Bibby Stockholm, el primero de esos grandes hoteles flotantes que ha sido contratado, ha llegado este mismo martes a la localidad costera de Dover, donde permanecerá atracado.

El pasado año llegaron casi 46.000 personas a las costas del sur de Inglaterra, después de atravesar el canal de la Mancha. Cinco años antes, las cifras anuales no llegaban al millar. A pesar de que la dimensión de la crisis es todavía muy inferior a la enfrentada por los países del sur de la UE, ha sido suficiente para convertir el asunto en uno de los mayores retos políticos de Sunak.

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