Río de Janeiro acepta tras muchas resistencias colocar cámaras a sus policías de élite

Las unidades de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro, las que inspiraron la premiada película Tropa de Élite (2007), usarán cámaras en los uniformes de sus agentes en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo a la que el gobernador se ha resistido durante más de un año. Grabar las acciones policiales es parte del esfuerzo de las fuerzas de seguridad para reducir la letalidad policial en Brasil, una de las mayores de América Latina y especialmente grave en ese estado. El gobernador fluminense, el derechista Claudio Castro, ha aceptado finalmente que los agentes de los batallones que suelen protagonizar las incursiones en las favelas contra el narcotráfico participen en este iniciativa. El gatillo fácil contra sospechosos es habitual y las muertes de terceros por balas perdidas, también. Un tercio de las muertes violentas en la ciudad de Río y Janeiro y su periferia son obra de la policía, según un reciente estudio.

Poco a poco las cámaras van ganando espacio en las operaciones policiales, en distintos Estados brasileños, porque su uso disminuye las muertes de sospechosos y agentes. No es una receta mágica, pero ofrece resultados positivos en combinación con otras medidas como mejorar la formación de los agentes o incorporar armas no letales. Todavía pasarán meses para que el decreto firmado por el gobernador Castro este martes se traduzca en agentes del BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) y otros cuerpos, como los antidisturbios, con cámaras en la pechera que graben sus acciones. El compromiso es tenerlas funcionando para el próximo diciembre, pero antes los cuerpos de seguridad discutirán los detalles de la gestión y del uso de las imágenes grabadas, según el decreto del gobernador.

Río de Janeiro ya usa cámaras en unidades policiales que, a priori, no se ven inmersas en enfrentamientos graves, como los agentes medioambientales o los que atienden a los turistas. Pero el gobernador ha tenido que ceder finalmente ante la presión del Tribunal Supremo, que en 2022 ordenó a las autoridades estatales que le presentaran inmediatamente un calendario para implantar dispositivos de filmación a los agentes de policía, empezando con los que actúan en las favelas.

La Policía Militar de Río es la más letal de Brasil. En 2022 y por cuarto año consecutivo fue responsable de más de un tercio de las muertes violentas en la ciudad y su zona metropolitana. Es decir, mató a más de 2.000 de las casi 6.000 víctimas mortales en ese periodo, que incluye el confinamiento, aunque fuera laxo, durante la pandemia. Es una realidad cotidiana y arraigada que solo en casos de matanzas con una veintena de sospechosos muertos recibe una cobertura comparable a la que los medios brasileños han dado a las protestas violentas que se desataron el Francia después de que un agente matara a un adolescente de origen magrebí que no paró en un control.

El gobernador de Río se ha resistido con uñas y dientes a que las unidades de élite usaran cámaras. Sostiene que pone en riesgo las operaciones de inteligencia. En junio intentó que los agentes que combaten en primera línea el narcotráfico, y se ven implicados a menudo en enfrentamientos armados en las barriadas más pobres, donde manda el tráfico de drogas, quedaran exentos. Castro proclamó que llegaría “hasta el final”. Prometió “luchar judicialmente en todas las instancias” para zafarse de una orden del Tribunal Supremo. Pero ha perdido el pulso ante la determinación de la máxima corte y los prometedores resultados de esta iniciativa en otros estados como São Paulo.

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