Ortega retira el plácet al embajador de la Unión Europea en Nicaragua como represalia por recordar la masacre de abril

El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado este martes el plácet concedido al embajador de la Unión Europea (UE) en Managua, Fernando Ponz. La decisión se ha producido en el quinto aniversario de las protestas sociales de 2018 que cimbraron a la administración sandinista y se ha dado horas después que la Unión Europea emitiera una condena de la represión.

La furibunda reacción de Nicaragua se ha producido poco después de una declaración de un portavoz de Exteriores de la Comisión Europea por el “triste” quinto aniversario del inicio de las protestas de 2018 en las que “miles de ciudadanos nicaragüenses salieron a la calle a manifestar su legítima demanda de derechos humanos, en particular derechos políticos y civiles, y por el retorno de la democracia”. En vez de ser escuchados, la población del país centroamericano “ha afrontado desde entonces una represión sistémica”, lamenta la nota oficial de Bruselas, en la que la UE manifiesta, una vez más, su “disposición a apoyar todos los esfuerzos dirigidos a una solución pacífica y negociada de la larga crisis política” de Nicaragua.

La respuesta oficial de Managua está cargada de adjetivos contra Europa, a la que tildan de “potencia avasalladora”. La nota, firmada por el canciller Denis Moncada Colindres, se titula “Nuestra Victoria es la paz”. El tono de la comunicación diplomática es acorde a la propuesta de la pareja presidencial, aprobada el pasado domingo por la Asamblea Nacional, de declarar el 19 abril Día Nacional de la Paz, en un intento de borrar la memoria de la masacre cometida por policías y paramilitares en 2018. Una violencia letal y una represión sostenida que, según concluyó un grupo de expertos de Naciones Unidas, incurren en crímenes de lesa humanidad con elementos que pueden observarse “en los juicios de Nuremberg”.

“Ante su injerencista, atrevido e insolente comunicado de este día, que ratifica las posiciones imperialistas y colonialistas que caracterizan a la Unión Europea, este 18 de abril, en vísperas del Día Nacional de la Paz, el Gobierno Soberano y Digno de la República de Nicaragua, a nombre del Pueblo Valiente, Heroico y Valeroso de esta Patria Bendita y Libre, de Rubén Darío y de Augusto Sandino, ha decidido suspender el Plácet que había sido concedido al Señor Fernando Ponz como embajador de esa Potencia avasalladora”, reza el comunicado de Cancillería, remitido a la Oficina de Asuntos Exteriores de la UE.

Esta decisión termina de fracturar la tensa relación diplomática entre Managua y la UE, cuyo Parlamento comunitario ha sancionado a funcionarios del régimen sandinista, así como exigido la liberación del obispo Rolando Álvarez y los presos políticos.

La retirada del plácet del nuevo representante europeo en Managua parece, de hecho, una réplica del pulso con Bruselas mantenido entre finales de septiembre y octubre del año pasado, cuando el régimen Ortega-Murillo ordenó la expulsión de la entonces embajadora de la UE, Bettina Muscheidt, tras ser declarada persona non grata por una supuesta “injerencia en la soberanía nacional”. Una injerencia que venía, supuestamente, también de Bruselas, donde el bloque europeo había venido de exigir al régimen de Managua el cese de la represión y la “devolución de la soberanía de Nicaragua a sus legítimos dueños”. Dos semanas después de que la diplomática abandonara el país centroamericano, Bruselas anunciaba la declaración a su vez de persona non grata de la representante nicaragüense ante las instituciones europeas, Zoila Yanira Müller Goff. Poco más tarde, el Consejo de la UE renovó por un año, hasta el 15 de octubre de 2023, las sanciones contra 21 ciudadanos (entre ellos un hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo) y tres entidades de Nicaragua, “en vista de la situación” política en el país.

“La Unión Europea ha condenado sistemáticamente esta represión, pidiendo en repetidas ocasiones la liberación de todos los presos políticos, el pleno restablecimiento del Estado de Derecho, así como el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos al país. Además, la UE ha animado periódicamente al Gobierno nicaragüense a entablar un diálogo auténtico e integrador con el pueblo nicaragüense sobre sus legítimas reivindicaciones”, sostiene la comunicación europea.

La propuesta de la UE no cayó en gracia al régimen Ortega-Murillo que, en los últimos meses, ha profundizado su aislamiento internacional con la “suspensión” de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, mientras mantiene la captura de ciudadanos y ha despojado de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas.

“Reiteramos a los Señores neocolonialistas de la Unión Europea, nuestra condena a todo su genocidio histórico, y exigimos Justicia y Reparación frente a esos crímenes de lesa humanidad y a su virulento, codicioso y rapaz saqueo de nuestras Riquezas y Culturas propias”, agrega el comunicado del régimen. “En estas circunstancias y frente al permanente asedio al Derecho de nuestro Pueblo a la Soberanía Nacional, no recibimos a su Representante”.

Borrar la memoria de abril

La pareja presidencial, en especial la vicepresidenta Rosario Murillo, siempre han negado la masacre que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó 356 personas asesinadas en 2018. En cambio, sostienen que fueron víctimas de un “fallido intento de golpe de Estado”.

“Son tiempos para honrar a nuestra Nicaragua, con Amor, y llenos de Esperanza. Porque ese és el Bien Común : Vivir con Amor, sabernos relacionar con Amor, saber convivir y saber compartir. Y Nunca Más, Nunca Más la alteración de la Paz ! Y Nunca Más esa noche de crímenes terribles que nos quiso imponer el servilismo a los Imperios. La ambición, la codicia, la discordia... Nunca Más [sic]”, escribió la vicepresidenta Murillo este 17 de abril.

Al margen de la postura oficial, en el exilio y el destierro los opositores y las víctimas de abril han conmemorado el quinto aniversario de “la rebelión cívica” con actos, marchas y conversatorios. Violeta Granera, presa política desterrada, dijo en un evento organizado por el Instituto Raza e Igualdad que “la dictadura ha convertido a Nicaragua en un Estado organizado sistémicamente para la permanente y masiva violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

“Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para que ante estas medidas extremas se continúen activando los instrumentos internacionales de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, y de cada uno de sus órganos y países miembros, para detener esta peligrosa deriva, especialmente en lo relacionado a la Justicia Universal, la protección de las víctimas, una mayor contundencia en las consecuencias de la ilegitimidad de origen y de ejercicio del régimen, así como en los límites al financiamiento de la represión y las violaciones a los derechos humanos”, pidió Granera. Y alertó: “Vemos en riesgo no solo la paz de Nicaragua sino la de toda la Región centroamericana, restablecida cuatro décadas atrás con los Acuerdos de Esquipulas”.

El exprecandidato presidencial y preso político desterrado, Juan Sebastian Chamorro, dijo a EL PAÍS en Washington que no se puede “dejar de pensar en los centenares de nicaragüenses a quienes se les violó su derecho más fundamental en 2018: el derecho a la vida”. “Por estos muertos y por todo el sufrimiento debemos seguir está lucha hasta restablecer el respeto por los derechos humanos en Nicaragua y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta situación no se repita jamás”, instó.

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