Siete años de cárcel en Rusia por criticar la muerte de niños en Ucrania

Alexéi Gorinov pasará su cumpleaños ―este lunes cumple 61― en la cárcel. El delito de este concejal de distrito en Moscú fue criticar en un pleno municipal la organización de un acto con motivo del Día del Niño cuando ya había comenzado la ofensiva rusa en Ucrania. “Díganme, por favor, ¿cómo podemos estar debatiendo sobre un concurso de dibujos infantiles por el Día del Niño (...) cuando, entre nosotros, se está matando a niños todos los días? Para su información, les diré que un centenar de menores ha muerto en Ucrania, y hay niños que han quedado huérfanos. Los nietos y bisnietos de quienes participaron en la Segunda Guerra Mundial”, fueron las palabras que han llevado al político a ser condenado este mes a siete años de prisión.

Días antes de aquel pleno del distrito de Krasnoselski, celebrado el pasado 17 de marzo, había sido aprobada en el Parlamento la ley que castiga con la cárcel “la desacreditación de las Fuerzas Armadas” y “la difusión, a sabiendas, de información falsa”. La norma ha caído con todo su peso sobre varios de los siete políticos que participaron en aquella reunión, todos ellos figuras conocidas en Moscú: Gorinov está en la cárcel; Elena Kotiónochkina, presidenta de turno, ha tenido que huir de Rusia, y el concejal (en Rusia llamado diputado de distrito) Ilia Yashin fue enviado a prisión preventiva hace una semana por un vídeo que difundió en su canal de YouTube sobre la matanza de Bucha. Sobre él se cierne una condena de años a la sombra. Solo una concejala votó a favor del concurso infantil.

Gorinov fue sentenciado por el artículo 207.3 del código penal ruso, aprobado el 4 de marzo, y que prevé penas de cárcel de hasta 15 años. El reo y su colega Kotiónochkina, “sabiendo el carácter ilegal y peligroso para la sociedad de sus acciones, empujaron a la población a un estado de ansiedad, intranquilidad e indefensión desde el Gobierno, movidos por motivos de odio político, con desdén, antipatía y agresividad hacia los órganos de poder de la Federación de Rusia”, sostiene la sentencia, de 26 páginas.

Las pruebas contra el procesado, aceptadas por el tribunal del distrito de Meschhanski, fueron un par de partes de guerra del Ministerio de Defensa que definían la actuación rusa en Ucrania como una operación especial “y no mencionaban la muerte de niños”; un artículo publicado por la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, titulado La operación especial no es el inicio de una guerra, sino su prevención, y los acuerdos de amistad firmados por Vladímir Putin con las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (en el este de Ucrania). A ello se sumó el testimonio de un recién graduado que dijo haber visto la grabación y consideró “injusto” lo que dijo. “Mis abuelos lucharon contra el fascismo. Llamar fascista a un país que luchó contra el fascismo no es correcto”, es el testimonio recogido en la sentencia.

Aquel 17 de marzo, mientras en el distrito moscovita discutían sobre el concurso infantil, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos constataba que al menos 22 adolescentes y 36 niños habían muerto durante la ofensiva en Ucrania, “aunque las cifras reales son sensiblemente mayores”, según reconocía el organismo del que forma parte la propia Rusia.

Sobre Kotiónochkina pesa una orden de búsqueda. En la grabación de aquella sesión municipal, aún colgada en Internet, la presidenta del pleno advertía de que su país iba camino de ser “un Estado fascista”. La política propuso reformular el concurso con la temática de “niños contra la guerra en Ucrania”, mientras que Gorinov agregó que todos los esfuerzos de la sociedad civil “deben ser dirigidos únicamente a detener la guerra y retirar las tropas rusas de Ucrania”. “Estáis obsesionados”, les respondió la concejal de distrito que votó después a favor de celebrar el concurso infantil.

Tras la condena de Gorinov, más de dos decenas de conocidos abogados y activistas de derechos humanos rusos publicaron una carta abierta en la que denunciaban que el nuevo artículo del código penal y otros más relacionados con el desprestigio del ejército violan la Constitución. En concreto, atentarían contra el reconocimiento de la diversidad ideológica y política como base del orden constitucional de Rusia (artículo 13 de la Ley Fundamental); la libertad para tener y difundir convicciones propias (artículo 28); la libertad de pensamiento y palabra (artículo 29), y la prohibición de efectuar persecuciones penales arbitrarias (artículo 54).

“No se puede condenar a cárcel a un político por exponer su postura en una sesión”, subraya al otro lado del teléfono Nikolái Rybakov, presidente de Yábloko, uno de los pocos partidos independientes que sobrevive en Rusia y que exige “parar el asesinato de gente” en Ucrania. “Intentaremos hacer política mientras haya una oportunidad, pero hay cierta dificultad. Ya mataron en la década de los noventa, incluso bajo el Gobierno de [Boris] Yeltsin, a políticos que representaban a Yábloko por sus acciones políticas y de derechos humanos”, subrayó durante la conversación. “Esto no es un nuevo nivel, sino la continuación lógica de todo lo sucedido hasta ahora”, agregó.

El terror a ser delatado

Con la nueva ley, opinar es peligroso y cualquiera puede ser el denunciante. Medios independientes como Nóvaya Gazeta tuvieron que borrar editoriales por calificar la acción militar sobre Ucrania como una guerra, y han sido sonados varios casos de delación. En abril, una profesora de un colegio de Penza, en el centro de la parte europea de Rusia, fue acusada ante la policía por dos estudiantes que la grabaron a escondidas. Le preguntaron por qué los deportistas rusos no podían competir en Europa, y ella culpó a su país.

Ese mismo mes, Dmitri Bayev, sacerdote de una pequeña ciudad rusa, huyó del país cuando le abrieron un proceso por pedir el fin del conflicto y que Putin fuera llevado a un tribunal internacional. Él escapó, no así otro clérigo de San Petersburgo, Ioann Kurmoyarov, detenido desde el 7 de junio y que podría ser condenado a cárcel por decir en YouTube cosas como “quienes han desatado esta agresión no irán al cielo” y “si no os molesta lo que está pasando en Ucrania, no sois cristianos”.

Las condenas de hoy son por acusaciones en los inicios de la ofensiva, pero la persecución continúa. Esta semana se abrió un proceso penal contra la concejala independiente de la ciudad siberiana de Novosibirsk Helga Pigorova, por las mismas leyes sobre desinformación y desacreditación del ejército ruso. La política, que había sido respaldada en la capital de Siberia por el equipo del opositor Alexéi Navalni, criticó en un tuit la suntuosidad de los entierros de los militares muertos en Ucrania y posteriormente pidió perdón por haberse dejado llevar “por la emoción”. “Me gustaría resucitarlos a todos, darles una bofetada en las mejillas y dejarlos volver a sus tumbas. En vano les organizaron un funeral tan lujoso”, había escrito.

“Se oye hablar de las multas y condenas impuestas contra gente más o menos famosa, pero hay, además, un número significativo de personas desconocidas a las que también se está denunciando”, dice el líder de Yábloko. Rybakov advierte de que “la gente se está dirigiendo a las autoridades para acusar a otras personas y no se sabe qué sucede con ellos”, añade.

Las manifestaciones del inicio de la ofensiva se han apagado debido en parte a la represión de las nuevas leyes. El portal OVD Info, especializado en el seguimiento de las protestas, ha confirmado 16.380 arrestos desde febrero. Por su parte, el centro de sondeos independiente Levada constató a finales de junio que apenas un 55% de los rusos sigue las noticias sobre Ucrania, y gran parte de ellos son personas mayores.

Además, ninguna protesta es autorizada por las autoridades con el argumento de “evitar la propagación del coronavirus”; ni siquiera cuando se trata de protestas individuales. Sin embargo, esas mismas autoridades sí celebran actos masivos de propaganda con la excusa burocrática de que no son acontecimientos públicos, sino actos privados “festivos, deportivos u homenajes”, según lamenta Rybakov. “La gente es detenida. Solo convocaremos manifestaciones si sabemos que será seguro”, agrega el líder de Yábloko.

Para reforzar la persecución de cualquier crítica, Putin firmó el pasado 14 de julio la reforma de la ley de agentes extranjeros. Esta norma va más allá de pedir detalles del origen de los ingresos de las organizaciones sometidas a escrutinio y permite prohibir cualquier actividad política de los afectados. Con la nueva legislación, el Kremlin no solo podrá proscribir a aquellas organizaciones o activistas que reciban cualquier tipo de financiación de fuera del país, sino también a quienes considere que están “bajo influencia extranjera”, desde periodistas a ONG y partidos políticos que no defiendan la Rusia de Putin.

El viernes se amplió la ya enorme lista negra de agentes extranjeros. La actriz Tatiana Lazareva respondió en Telegram que se sentía “por fin relajada” por formar parte del club de críticos reconocidos por el Kremlin. En ella también fue incluido el edil Ilia Yashin, pendiente de saber si tendrá que compartir cárcel con el concejal Gorinov. El político conocerá su sentencia en los próximos meses, igual que su colega Vladímir Kara-Murza, que sufrió envenenamientos en 2015 y 2017 y ha sido acusado ahora de contar en un viaje a Estados Unidos “información deliberadamente falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas rusas para bombardear áreas residenciales e infraestructuras sociales, incluidos clínicas de maternidad, hospitales y escuelas en Ucrania”.

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