Israel acusa de terrorismo a las principales ONG humanitarias palestinas

En un vuelco a los primeros cuatro meses de moderación y perfil bajo con los palestinos del Gobierno de amplia coalición en Israel, el Ministerio de Defensa ha declarado a seis ONG palestinas defensoras de los derechos humanos como organizaciones terroristas. Entre ellas figuran las principales asociaciones humanitarias en Cisjordania, críticas tanto con Israel como con la Autoridad Palestina, que promueven acusaciones por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional contra altos cargos militares y civiles del Estado judío.

Israel les acusó el viernes de apoyar y financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), partido de izquierda minoritario calificado como terrorista. Poco después, el Departamento de Estado de EE UU advirtió de que pedirá “aclaraciones” sobre la controvertida decisión, que ha sido rechaza por ONG internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Las seis organizaciones palestinas han respondido al unísono que mantendrán sus actividades y no se dejarán silenciar por Israel.

Estados Unidos también ha mostrado preocupación por la aprobación de la licitación para construir 1.335 nuevas viviendas en asentamientos del Cisjordania, hecha pública el domingo por el ministro de Vivienda, Zeev Elkin. Se trata del primer anuncio oficial del Gobierno israelí que oficializa una expansión de los asentamientos desde la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden. Unos 475.000 colonos judíos viven en territorio cisjordano, bajo ocupación militar israelí desde 1967, junto con 2,8 millones de palestinos.

El Ministerio de Defensa israelí no ha aportado pruebas de las acusaciones esgrimidas. En un comunicado oficial, afirmó que las ONG palestinas designadas “operan de forma encubierta en ámbitos internacionales (...) disfrazadas como organizaciones de la sociedad civil, aunque son una rama de un grupo (el FPLP) cuyo objetivo es destruir Israel y participar en acciones terroristas”.

Entre las ONG sobre la que pesa la amenaza de quedar proscritas y dejar de recibir fondos de la cooperación internacional destaca Al Haq, especializada en asuntos legales internacionales y que actúa como consultora de la ONU. “El ministro de Defensa, Benny Gantz, dice que somos una organización terrorista, cuando él mismo es un criminal de guerra”, asegura Shawan Jabarin, director de Al Haq, citado por el diario Haaretz. El exgeneral Gantz fue el jefe del Ejército que dirigió las operaciones en la guerra de Gaza de 2014.

Otra de las organizaciones, Addameer, dedicada a la defensa de los presos palestinos en cárceles israelíes, suele ser consultada como fuente fiable por diplomáticos occidentales y periodistas extranjeros. Defensa de los Niños Internacional-Palestina, la Unión de Comités de Trabajo de Agricultura, el centro de defensa de la democracia Bissan y la Unión de Comités de Mujeres de Palestinas son las demás ONG que han sido calificadas como terroristas por el Ministerio de Defensa.

La organización israelí defensora de los derechos humanos B’Tselem expresó su solidaridad con todas ellas y anunció que seguiría colaborando con sus colegas palestinos, antes de tachar la decisión ministerial de “acto característico de regímenes totalitarios” para acallar voces críticas. El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que Estados Unidos no había sido informado de la declaración sobre las ONG palestinas y anunció que pedirá explicaciones y aclaraciones a Israel. “EE UU considera que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la presencia de una sociedad civil fuerte son muy importantes”, puntualizó un portavoz diplomático norteamericano.

Concesiones para mantener la seguridad

El Gobierno de coalición que puso fin en Israel a la era del primer ministro Benjamín Netanyahu en el poder (2009-2021) también ha comenzado a hacer concesiones a los palestinos para mantener la estabilidad y la seguridad sin ceder en la ocupación militar impuesta hace 54 años. Por primera vez desde 2009, antes del inicio de los mandatos de Netanyahu, Israel ha concedido derecho de residencia en Cisjordania a 4.000 palestinos indocumentados. Además ha ampliado hasta 10.000 los permisos de trabajo a ciudadanos de la Franja de Gaza, el máximo registrado desde la Primera Intifada (2000-2005).

La visita del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en Ramala –un encuentro bilateral de alto nivel sin precedentes desde 2010– abrió la puerta en agosto a una estrategia de economía a cambio de paz, pero sin renunciar a territorios conquistados. La concesión de derechos de residencia en Cisjordania –potestad que Israel se reservó en los Acuerdos de Oslo, que dieron luz a partir de 1993 a un limitado autogobierno palestino– representa un gesto humanitario, según precisó Gantz la semana pasada en Twitter, “dentro de una política de fortalecer la economía y mejorar las condiciones de vida de los palestinos”.

Tras su reunión con el rais Abbas, el ministro de Defensa ofreció un préstamo de urgencia de 500 millones de shéqueles (unos 130 millones de euros) para reflotar las maltrechas arcas de la Autoridad Palestina, como anticipo de tributos que Israel recauda en su nombre. En el paquete de medidas de ayuda se incluyó la concesión de 16.000 permisos de trabajo en Israel, donde ya trabajaban más de 85.000 palestinos. El declive de la economía del 11,5% en 2020 a consecuencia de la pandemia se ha visto agravado por la drástica caída de la ayuda internacional.

Ahora se ha reconocido también el derecho de 2.800 palestinos procedentes de Gaza a residir legalmente en Cisjordania, así como el de otros 1.200 que carecían por completo de documentación tras procesos de reagrupación familiar no autorizados. “Esta decisión del Gobierno israelí revela hasta qué punto Israel sigue controlando la vida cotidiana de los palestinos 28 después de la firma inicial de los Acuerdos de Oslo y 22 años después del previsto fin del periodo provisional de autogobierno palestino”, resalta Amira Hass, corresponsal del diario Haaretz en Cisjordania.

Otros dos ministros israelíes –el de Sanidad, Nitzan Horowitz, y el de Cooperación Regional, Issawi Frej– han visitado al presidente Abbas en la Muqata después de Gantz. En esencia, se trata de volver a cumplir, al menos en parte, los acuerdos por los que nació la Autoridad Palestina, en capítulos que habían sido relegados por los gobiernos de Netanyahu y que durante el mandato del republicano Donald Trump en EE UU cayeron en el olvido.

La reciente concesión de 3.000 nuevos permisos de trabajo en Israel para habitantes de Gaza ha elevado hasta 10.000 las autorizaciones laborales – emitidas bajo la apariencia de licencias para hombres de negocios– en los sectores de la agricultura y la construcción. Desde que los islamistas de Hamás se hicieron con el poder en la Franja palestina, en 2007, no se registraba un nivel tan alto de tránsito de trabajadores transfronterizos. “Pero Israel no va a aprobar proyectos masivos de reconstrucción mientras no se produzcan progresos significativos en las negociaciones para liberar a dos israelíes cautivos en Gaza y devolver los restos de dos soldados muertos”, advierte el analista militar Amos Harel también desde las páginas de Haaretz.

El Gobierno israelí busca ante todo mantener la calma en el enclave costero tras el conflicto armado librado el pasado mayo, el más letal desde la guerra abierta de 2014. Las autoridades israelíes han ampliado la zona permitida para la pesca en aguas gazatíes y autorizado la construcción de una piscifactoría en sus costas. Al mismo tiempo, se han incrementado las exportaciones de productos agrícolas y textiles desde el enclave y las importaciones de materiales para la reconstrucción de las viviendas dañadas en la última escalada bélica. La llegada parcial de la ayuda económica ofrecida por Qatar en Gaza, tras meses de bloqueo por Israel, ha contribuido además a aliviar la pobreza y mejorar servicios básicos como el suministro de electricidad.

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