El canciller de Austria, Sebastian Kurz, dimite tras la investigación por corrupción abierta por la Fiscalía

El canciller conservador de Austria, Sebastian Kurz, tira la toalla. Tras días de fuerte tensión y crisis política por la investigación abierta contra él por la Fiscalía por sospechas de corrupción, el líder democristiano (ÖVP) ha anunciado en una comparecencia de prensa este sábado que renuncia al cargo. Kurz, que rechaza como falsas las imputaciones de la justicia, ha propuesto como sustituto en el cargo al actual ministro de Exteriores, Alexander Schallenberg, para mantener el pacto de gobierno con Los Verdes, que exigían su salida desde que comenzó el escándalo y anoche señalaron que el acuerdo podrá seguir en pie tras esta decisión. “Quiero ceder el espacio para evitar el caso y garantizar la estabilidad”, ha afirmado Kurz, que no se alejará del poder, ya que ha anunciado que seguirá al frente de su partido (ÖVP) y será portavoz del grupo parlamentario, al tiempo que intentará refutar cuanto antes unas acusaciones de corrupción que considera “falsas”.

Kurz ha achacado su decisión a Los Verdes, con los que formó Gobierno hace menos de dos años, en enero de 2020. “Nuestro socio de coalición ha decidido adoptar una postura clara en mi contra”, dijo el ya excanciller, lo que ha conducido a “un callejón sin salida”. “La pandemia no ha terminado aún, la crisis económica apenas acaba de empezar y sería irresponsable una deriva hacia el caos durante meses”, ha continuado el líder conservador, que ha asegurado que ha antepuesto “los intereses del país” a los suyos y que Austria necesita ahora “estabilidad y responsabilidad”. El paso atrás permite a su partido continuar como líder del Gobierno.

Solo 24 horas antes, el dirigente hacía oídos sordos a esos argumentos esgrimidos por la oposición e insistía en que no ha cometido delito alguno y seguía dispuesto a mantener viva la coalición de Gobierno con Los Verdes como socio minoritario. Los ecologistas, sin embargo, dejaron claro el viernes que la investigación de la justicia, que sitúa a Kurz en el centro de una trama con otras nueve personas para supuestamente financiar con dinero público una cobertura mediática favorable a su imagen, hacía inviable continuar el trabajo con él al frente del Ejecutivo.

“El ÖVP tiene la responsabilidad de nombrar canciller a una persona irreprochable”, avisó el viernes la portavoz del grupo parlamentario de los ecologistas, Sigrid Maurer, junto al vicecanciller y líder verde, Werner Kogler, quien ya cuestionó el jueves públicamente la capacidad de Kurz de seguir gobernando ante los “graves reproches” lanzados por la Fiscalía, que arrojan una imagen “demoledora”. La decisión de Kurz, dijo anoche Kogler, “es el paso correcto para una futura gestión de gobierno responsable para Austria y la imagen del país en el exterior”. El líder verde, que ahora ve posible continuar con el pacto de gobierno, adelantó que mantendrá hoy una reunión con Schallenberg.

Con la coalición al borde de la ruptura, Los Verdes habían iniciado el mismo viernes conversaciones con los partidos de la oposición para buscar una salida. Socialdemócratas, liberales (Neos) y la ultraderecha (FPÖ) presentaron una moción de confianza en el Parlamento, cuyo debate estaba previsto para el martes. La censura de Kurz, que hubiera implicado su salida del cargo, solo necesitaba algunos votos de Los Verdes para salir adelante, y aunque estos no se habían pronunciado todavía, todo apuntaba a que apoyarían la caída del canciller.

No obstante, los ecologistas dejaron la puerta abierta a que los conservadores apartaran a Kurz y nombraran un sustituto en sus filas para mantener la coalición, y evitar un escenario complicado que abocaba a unas elecciones adelantadas o a un posible Gobierno de concentración del resto del arco parlamentario, con Los Verdes, socialdemócratas (SPÖ), liberales y la ultraderecha (FPÖ), una colaboración difícil de digerir por el resto de partidos. La oposición saludó anoche la salida de Kurz, pero vaticinó que será un “canciller en la sombra” y que su retirada no implica acabar con las prácticas presuntamente corruptas que rodean al conservador y su partido.

El Gobierno comenzó a tambalearse el miércoles pasado, cuando la Fiscalía registró la sede del ÖVP en Viena y despachos de la Cancillería y apuntó como sospechosos de malversación y soborno al líder conservador y un estrecho círculo de colaboradores. Kurz rechazó las imputaciones y su partido acusó a la Fiscalía de actuar por motivaciones políticas. El partido democristiano y sus ministros arroparon al líder y aseguraron que no habría Gobierno posible sin su presencia. Hasta este sábado por la tarde, cuando Kurz ha aceptado dejar el cargo, como pedía la oposición, y ha propuesto como sustituto a Schallenberg. El dirigente ha agradecido el apoyo de sus ministros.

Kurz, en principio, ha esquivado así una segunda moción de confianza desde que fue nombrado canciller por primera vez en diciembre de 2017 con tan solo 31 años y tras una carrera fulgurante en las filas conservadoras. La primera coalición que forjó, con la ultraderecha (FPÖ), se hundió estrepitosamente año y medio después, al hacerse público un vídeo grabado con cámara oculta en Ibiza al entonces vicencanciller y líder extremista Heinz-Christian Strache en el que este afirmaba que todos los partidos cobran de grandes empresas y explicaba vías de donación irregular a una falsa oligarca rusa.

El dirigente conservador acabó depuesto por el Parlamento tras romper el pacto con los ultras, pero ganó de nuevo las elecciones adelantadas y formó Gobierno con Los Verdes en enero de 2020. El caso Ibiza no ha dejado de perseguir al canciller, ya que varias causas abiertas por la justicia a raíz del escándalo apuntan a colaboradores cercanos y miembros del ÖVP, y él mismo afronta una investigación por supuesto falso testimonio ante la comisión parlamentaria creada para analizar las sospechas de financiación ilegal de partidos y prácticas de enchufismo derivadas de aquel vídeo. La nueva investigación ha sido finalmente una losa demasiado pesada para continuar al frente del Gobierno.

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