La Fiscalía de Austria investiga por corrupción al canciller conservador Kurz
El ministerio público ordena el registro de la sede del partido conservador y despachos de la cancillería y un ministerio
La justicia austriaca vuelve a poner en su punto de mira al partido conservador ÖVP y a su líder, el canciller Sebastian Kurz. Tras las investigaciones en torno a prácticas de enchufismo y supuesta financiación ilegal derivadas del escándalo del caso Ibiza, la Fiscalía ha realizado este miércoles registros en la sede central del ÖVP en Viena y en varios despachos de la Cancillería y del Ministerio de Finanzas. En un comunicado emitido por la tarde, la Fiscalía Anticorrupción confirma que investiga al canciller y a otras nueve personas -colaboradores y asesores cercanos al político, según medios austriacos- por supuestos delitos de corrupción.
Los investigadores analizan la supuesta financiación con fondos públicos de encuestas favorables al líder conservador y al ÖVP para su publicación en un periódico austriaco, según adelantaron los diarios Die Presse y Der Standard. La Fiscalía apunta a posibles delitos de malversación y soborno. Según el comunicado del ministerio público, el uso de fondos del Ministerio de Finanzas para encargar esas encuestas dirigidas a impulsar los intereses de Kurz y su visión se produjo entre 2016 y al menos hasta 2018 -periodo en el que este era ministro de Exteriores y preparaba el asalto a la cúpula del partido para convertirse luego en canciller-. Los sondeos, “exclusivamente partidistas, a veces manipulados, de una empresa de estudios de opinión, se usaron en el interés de un partido político y de sus altos funcionarios”, sospechan los investigadores.
El partido popular austriaco reaccionó a primera hora de este miércoles a los registros con un comunicado en el que acusa a los investigadores de tener como objetivo “perjudicar masivamente al ÖVP y a Sebastian Kurz” y de “fabricar reproches” contra ellos. En la nota, la representante de la secretaría general del partido Gaby Schwarz dice que ya hubo otra intervención judicial en 2013 que no encontró “nada incriminatorio”. En la misma línea y desde Eslovenia, donde ha participado este miércoles en una cumbre europea, Kurz declaró a medios austriacos que se trata de una acusación “construida”. Horas después, el dirigente abundó en el rechazo a las imputaciones en una entrevista en la televisión pública austriaca y aseguró que no tiene intención de dimitir.
El grupo de medios Österreich, al que apuntan las informaciones sobre la investigación, ha emitido antes de pronunciarse la Fiscalía un comunicado a través de la agencia APA en el que niega categóricamente cualquier acuerdo con el Ministerio de Finanzas para el “pago de encuestas a través de anuncios”.
Las pesquisas se derivan de información surgida en la instrucción de un sumario abierto tras las revelaciones del exvicecanciller ultra Heinz-Christian Strache (FPÖ) en una grabación realizada con cámara oculta en Ibiza en 2017, en las que ofrecía contratos públicos a una falsa oligarca rusa y sugería que todos los partidos del país cobraban de empresas. Kurz, que rompió la coalición de Gobierno con la ultraderecha al destaparse el escándalo en mayo de 2019, está bajo investigación como sospechoso de falso testimonio ante la comisión parlamentaria creada para analizar el caso Ibiza. El político declaró acompañado de su abogado ante un juez a principios de septiembre y negó la imputación, centrada en su posible intervención para colocar a un estrecho asesor del departamento de Finanzas al frente de la sociedad estatal Öbag.
Varios medios publicaron parte de la declaración, que dejó la imagen de un canciller crispado ante las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha acusado de parcialidad e investigaciones chapuceras que acaban en nada. Pero los registros y posibles nuevas acusaciones suponen otro duro golpe a la imagen de Kurz. Los partidos de la oposición reaccionaron con peticiones de dimisión o de comparecencia de Kurz en el Parlamento. Los Verdes, socio minoritario en el Gobierno, pidieron dejar trabajar a la Justicia.
El dirigente, que gobierna en coalición con Los Verdes, no es el único político del partido y del Ejecutivo afectado por las pesquisas desencadenadas por el caso Ibiza. En marzo pasado, la Fiscalía ordenó el registro de la vivienda del ministro de Finanzas, Gernot Blümel, del círculo más cercano a Kurz, por sospechas de donaciones al ÖVP a cambio de una intermediación para una empresa de juegos y casinos que el investigado y la firma niegan.
El ministerio público ha abierto varias causas por posibles sobornos o donaciones ilegales y ya ha conseguido una primera condena de 15 meses contra el exlíder ultra Strache por impulsar una modificación legal que afectaba a una clínica privada a cambio de dinero para su partido. Los fiscales también han investigado a otros ex altos cargos y miembros del partido.
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