Absueltos los acusados de dirigir la revuelta del parque de Gezi en Turquía
La Fiscalía ordena tras esta resolución prolongar la detención del filántropo Osman Kavala por el intento de golpe de Estado de 2016
En una decisión inesperada, un tribunal turco decidió este martes absolver a los acusados de “dirigir” la revuelta del parque de Gezi, una oleada de manifestaciones que sacudió Turquía en 2013, a los que se había imputado el delito de “intento de derrocar al Gobierno”. Esta decisión suponía, en principio, el fin del calvario para 16 acusados, de los que tres se enfrentaban a cadena perpetua y el resto a entre 10 y 15 años de cárcel, y que habían sido calificados de “terroristas” por el presidente Recep Tayyip Erdogan, que se personó como parte de la acusación. Sin embargo, horas después de que se decretase la absolución, la Fiscalía —que había anunciado alegaciones contra la sentencia—se sacó de la manga una investigación contra el filántropo Osman Kavala, el único de los acusados que permanecía en prisión desde 2017, y ordenó prolongar su encierro al vincularlo al intento de golpe de Estado de 2016.
Pasaban las 14.30 de la tarde cuando el encargado del tribunal leyó rápidamente la sentencia y la perplejidad dio paso a la alegría: ¡Todos absueltos! Era lo lógico tras un kafkiano juicio plagado de irregularidades y en el que las pruebas de la acusación eran bastante endebles, pero no por ello lo esperado. De hecho, uno de los acusados, Yigit Aksakoglu, que se enfrentaba a cadena perpetua, había confesado a EL PAÍS no tener ninguna esperanza en una resolución positiva del caso. Además, la estrategia de las defensas pasaba por extender lo máximo posible la vista del juicio para que el tribunal no pudiera dictar su decisión este martes.
En el campus penitenciario de Silivri, a las afueras de Estambul, uno de los penales más grandes de Europa, había gran afluencia desde primera hora de la mañana. La inmensa sala de juicios, del tamaño de un polideportivo y con la disposición de un estadio de la Antigua Grecia, estaba presidida por dos inmensas pantallas para no perderse los detalles de las intervenciones, pues desde las gradas del fondo los imputados aparecían diminutos, y sus familiares y allegados debían agitar los brazos para cruzar saludos con ellos. A la izquierda del tribunal se sentaban decenas de abogados de la defensa; a la derecha, los fiscales, los periodistas, los observadores internacionales y numerosos diputados, ya que la oposición acudió en bloque a ejercer presión.
Uno tras otro, los abogados defensores comenzaron a solicitar la palabra para pedir la comparecencia de nuevos testigos, quejarse de que se les impidiese impugnar la veracidad de las pruebas, solicitar los audios de los pinchazos telefónicos en los que se basaban las acusaciones (no se han escuchado durante el juicio, solo se han visto sus transcripciones) y para denunciar que todo el caso estaba construido por fiscales y policías vinculados a la cofradía de Fethullah Gülen que ahora están en la cárcel precisamente por comportamientos criminales y manipulación de pruebas. Todas estas peticiones fueron rechazadas por el tribunal, lo que no auguraba nada bueno para los acusados.
Y, así, el tribunal ordenó al filántropo Osman Kavala que iniciara su alegato final. Desmejorado tras más de dos años encarcelado —pese a la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ordenaba su puesta en libertad—, Kavala tenía el rostro de un óleo de José Ribera: la barba abundante, los pómulos hundidos... Si bien ha dedicado su vida a cuestiones culturales y de defensa de las minorías étnicas y religiosas, se le imputaba ser el cerebro de las protestas de Gezi a instancias del millonario George Soros (bestia negra de la nueva derecha nacionalpopulista), algo que el acusado tildó de “ficción conspiratoria”. Otra de las principales acusadas, Mücella Yapici, arguyó que ya había sido absuelta en un anterior proceso basado en el mismo sumario y, entonces, el tribunal dictaminó que “las protestas de Gezi no fueron un intento de golpe de Estado sino un ejercicio de libertad de expresión”, además de haber sido un movimiento horizontal “sin líderes ni organizadores”. Finalmente, contra todo pronóstico, llegó la absolución. Y con ella, los abrazos, las lágrimas de alegría y el alivio de quienes se veían tras los barrotes por el resto de sus vidas.
La Fiscalía ha anunciado ya que apelará la decisión del tribunal y será la Corte de Apelaciones la que tendrá que decidir sobre ello. Además de los nueve acusados presentes este martes en Silivri, otros siete han sido juzgados en rebeldía pues se han exiliado del país (entre ellos el periodista Can Dündar) y sus casos se han constituido en una pieza aparte del sumario principal. El tribunal decidió levantar la orden de busca y captura que pesa sobre ellos.
La decisión ha sentado mal en algunos medios progubernamentales y subrayan en sus piezas los destrozos ocasionados por los manifestantes de Gezi. Sin embargo, recientemente, fuentes del partido AKP, en el poder, reconocieron que cuatro años después del intento de golpe de Estado y las purgas que le siguieron ha llegado el momento de comenzar a aflojar la legislación excepcional aprobada entonces y recuperar ciertos derechos y libertades.
En este sentido, la sentencia sobre Gezi podría haberse interpretado como un pequeño paso de vuelta a la normalidad, tal y como exigen los socios europeos de Turquía, país todavía candidato a la adhesión y para el que la UE sigue siendo su principal socio comercial. Eso de no haber sido porque la Fiscalía -fuertemente influida por el Gobierno- pareció no haber digerido el golpe de la sentencia y asestó un mazazo igualmente inesperado. Mientras amigos y familiares de Kavala se habían reunido para esperar su excarcelación llegó la noticia de que la Fiscalía emitía una nueva orden de detención por una nueva investigación: se le vincula ahora al intento de golpe de Estado de 2016. Una excusa que parece sacada de la manga para evitar su puesta en libertad. No en vano, según el politólogo Umut Özkirimli, Kavala era el verdadero objetivo del caso Gezi, por ser una persona con la que "Erdogan tiene una fijación particular". El presidente turco ha llegado a tildar a Kavala de "financiador de terroristas" y "representante del famoso judío húngaro Soros".
El eurodiputado alemán Sergey Lagodinsky, presidente de la delegación UE-Turquía, tachó la nueva orden de la Fiscalía de "escándalo absoluto e indescriptible" y exigió a tribunales y autoridades que "paren esta locura ilegal e inhumana". Canan Kaftancioglu, líder provincial del partido opositor CHP y también investigada por los tribunales, tuiteó: "Os ahogaréis en vuestra propia injusticia".
La siguiente prueba de fuego para la Justicia turca será este miércoles, cuando se celebre una nueva vista del polémico juicio contra 11 activistas de derechos humanos —incluidos los dirigentes locales de Amnistía Internacional— que se enfrentan hasta a 15 años de cárcel por cargos de terrorismo.
Orden de arresto contra cerca de 700 policías, militares y funcionarios
La Fiscalía de Turquía emitió este martes órdenes de arresto contra cerca de 700 militares, policías y funcionarios con supuestos vínculos con la cofradía del predicador islamista Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos. Agentes de policía lanzaron redadas en diversos puntos del país y detuvieron al menos a un centenar de sospechosos, según la agencia estatal Anadolu.
Las órdenes de busca y captura se dirigen contra 71 presuntos gülenistas en el Ministerio de Justicia, otros 157 en las Fuerzas Armadas (de los cuales un centenar son suboficiales en activo) y otros 467 sospechosos de haber amañado los exámenes de acceso a la Policía. Durante décadas, los funcionarios de simpatías gülenistas suministraban por adelantado a sus correligionarios las respuestas de las oposiciones para infiltrar la Administración. En los primeros Gobiernos de Erdogan, su partido y el movimiento gülenista colaboraron activamente, pero posteriormente rompieron la alianza y comenzaron una lucha que culminó en el intento de golpe de Estado de 2016. Tras esta intentona, más de cien mil funcionarios han sido purgados y más de cincuenta mil detenidos por supuestos vínculos con los gülenistas, ahora considerados una organización "terrorista" y "golpista".
