El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra por supuesta recepción de sobornos

El Congreso de Perú ha destituido este lunes al presidente, Martín Vizcarra, tras dos años y ocho meses en el cargo. La moción de censura por “incapacidad moral permanente” ha salido adelante después de que el mandatario esté siendo investigado por la supuesta recepción de sobornos a cambio de contratos de obras públicas entre 2013 y 2014, cuando desempeñaba el cargo de gobernador de Moquegua, en el sur del país. Se trata del segundo intento del Parlamento por desalojar a Vizcarra del poder, después de que hace tan solo dos meses los congresistas rechazaran otra iniciativa motivada por un supuesto delito de tráfico de influencias. El dirigente ha negado las imputaciones. “Me voy con la conciencia tranquila, la frente en alto y el deber cumplido. Hasta otra oportunidad”, ha asegurado Vizcarra en Twitter.

De acuerdo con la Constitución, se requerían 87 votos para destituir al jefe del Estado —dos tercios de la Cámara— y la moción superó con creces ese umbral al alcanzar los 105 votos a favor, frente a 19 en contra y cuatro abstenciones. También varios miembros y líderes de los grupos políticos que promovieron desde septiembre la salida de Vizcarra están investigados por lavado de activos, corrupción y otros delitos. El lunes apoyaron la iniciativa otros partidos como el Frente Popular Agrícola del Perú y algunos parlamentarios del izquierdista Frente Amplio.

Este martes ha asumido el cargo de presidente de transición el jefe del Parlamento, Manuel Merino, de Acción Popular, un político que tuvo un rol crucial en la primera moción para destituirlo en septiembre, pues permitió a un congresista —sobre el que pesan acusaciones constitucionales— que difundiera en un pleno del Congreso audios de conversaciones del presidente y su entorno sobre la contratación irregular de un amigo de Vizcarra como consultor del Ministerio de Cultura.

Minutos después de la decisión del Congreso, se sucedieron las caceroladas en los distritos de clase media de Jesús María, Barranco, Chorrillos y Miraflores en Lima, y el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, cuya bancada votó en contra de la destitución de Vizcarra, llamó a manifestarse en la plaza San Martín, una de las principales de la capital. Según una encuesta de finales de octubre de Ipsos Perú, el 78% de los ciudadanos estaba a favor de que Vizcarra continuara en el cargo y que las investigaciones siguieran su curso —tanto sobre su influencia en la contratación irregular de su amigo, como sobre los supuestos sobornos— cuando finalizase su mandato, previsto en julio del próximo año. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, pidió al Parlamento reconsiderar su posición debido a la grave crisis económica y sanitaria que atraviesa el país sudamericano, uno de los más afectados por la pandemia de la covid-19, con más de 920.000 contagios y cerca de 39.000 muertos.

Un centenar de personas llegó durante la noche del lunes a la Plaza de Armas de Lima para protestar contra la decisión del Parlamento. Se había convocado además un plantón la tarde del martes en los alrededores del Congreso, media hora antes del comienzo de la sesión en la que Merino jurará el cargo, pero el Parlamento adelantó después la hora a las diez de la mañana. En la ciudad de Trujillo, en la costa norte, otro grupo de ciudadanos se ha congregado esta noche con carteles en los que se leía “La democracia se defiende” y “Congreso golpista”, según informó la emisora Radioprogramas. En Huancayo, en la sierra central, también protestaron unas 200 personas.

Pasadas dos horas de la votación, el jefe del Estado —acompañado de sus ministros— declaró que no tomará ninguna acción legal contra la destitución, pese a no estar de acuerdo con ella. “La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. En el hemiciclo se ha impuesto no la razón, sino el número de votos: los representantes del pueblo aparentemente se olvidaron de a quién representan. No me escucharon, o si me escucharon, no me entendieron. Salgo del Palacio de Gobierno con la frente en alto como cuando ingresé hace 18 meses”, añadió.

La propuesta para destituir al presidente fue presentada el pasado 20 de octubre por 27 congresistas después de que la prensa publicara testimonios de personas que querían colaborar con la Fiscalía sobre el supuesto pago de sobornos a Vizcarra por parte de la constructora Obrainsa y su socia italiana Astaldi, a cambio de la adjudicación de una obra de irrigación llamada Lomas de Ilo. Según las pruebas entregadas por la acusación, el monto ascendía a unos 281.000 dólares.

La figura de la moción de censura —llamada vacancia presidencial— por “permanente incapacidad moral” está prevista en la Constitución de 1993, aunque no existe una definición precisa de dicha condición. La primera vez que se usó para destituir a un mandatario fue contra Alberto Fujimori en el año 2000. Este renunció a la presidencia por fax desde Brunéi cuando surgieron vídeos de la corrupción de su Gobierno.

Cuando el Congreso planteó en septiembre la primera moción para echar a Vizcarra, el Ejecutivo presentó ante el Tribunal Constitucional una “demanda de competencia” para que los magistrados indicaran cómo debe interpretarse la causal de “incapacidad moral permanente”. El Constitucional admitió la demanda, solicitó al Congreso su versión sobre la cuestión, pero este no respondió. Por ello hasta ahora el Tribunal no ha precisado qué situaciones o hechos encajan en la definición de “incapacidad moral permanente”.

El Congreso que ha derrotado a Vizcarra ha tenido una alta desaprobación desde que asumió funciones en marzo, tras la disolución del anterior. Su desempeño ha transcurrido en el mismo período de la pandemia —y la crisis económica y sanitaria que esta ha causado en Perú—, y se ha caracterizado por proyectos de ley populistas, que pugnaban por aprobar mayores porcentajes de retiro de fondos del sistema privado de pensiones —para que los ciudadanos afronten la emergencia o el desempleo—, y modificar las normas para que quienes aportan a la seguridad social estatal, recibieran fondos anticipadamente, aunque no hubieran pagado los años estipulados por ley. Un 64% de los encuestados por la firma Datum en octubre opinaba que había intereses políticos y personales en esos proyectos de ley. Por otro lado, tres de los grupos políticos que promovieron la vacancia tienen relación con universidades privadas que han sido clausuradas por no garantizar estándares mínimos de calidad, y tienen entre sus metas quitarle atribuciones a la entidad supervisora de la educación universitaria.