La fiscal general de Perú abre investigación al presidente Vizcarra por la contratación de un cantautor

La fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ávalos, ha abierto una investigación al presidente, Martín Vizcarra, tras encontrar indicios de tráfico de influencias y obstrucción de la justicia en las investigaciones de la contratación pública de un amigo del mandatario. Se trata de Richard Cisneros, un cantautor sin mucha proyección hasta el escándalo que causó en mayo la revelación de los pagos de casi 50.000 dólares que recibió del Ministerio de Cultura entre 2018 y el pasado mes de abril. En un comunicado difundido la noche del viernes el Ministerio Público indica que la Constitución da al presidente el privilegio de no ser acusado mientras dure su mandato. “Esta inmunidad tiene como fin fortalecer el sistema presidencialista y la institución presidencial -al margen de quién sea la persona que ejerce el cargo- con el fin de evitar situaciones de inestabilidad política”, señala el organismo.

La Fiscalía de la Nación precisa, en cualquier caso, que es la primera vez que inicia una investigación a un presidente en ejercicio. La fiscal provincial que investiga los delitos de funcionarios públicos en las contrataciones de Cisneros ha sustentado con documentos los indicios de que Vizcarra “habría ejercido influencias en otros funcionarios para la contratación” del cantautor. También “habría tratado de influenciar respecto de los testimonios que algunas personas debían brindar en la misma investigación”. Desde 1993, cuando fue aprobada la Constitución vigente, el Ministerio Público ha archivado las denuncias formuladas a los presidentes, sin definir que los hechos se investigarán al final de la gestión del mandatario.

Sin embargo, en esta ocasión la fiscal Ávalos explica que tras evaluar el informe de la fiscal a cargo del expediente de las contrataciones de Cisneros, “existe mérito para investigar al presidente de la República”. Sin embargo, atendiendo a su inmunidad, el comienzo de la investigación “quedará suspendido hasta el 28 de julio de 2021, cuando deje el cargo”. El presidente Vizcarra ha señalado que conoció al artista Cisneros durante la campaña electoral de Pedro Pablo Kuczynski en 2016, cuando el cantautor compuso canciones para los mítines. La tesorera de la campaña, Susana de la Puente, agregó al compositor a un grupo de chat de los mítines de cierre en mayo de 2016, es decir, antes de la celebración de la segunda vuelta.

De acuerdo con la información disponible en la plataforma de contrataciones estatales, el Ministerio de Cultura pagó a Cisneros casi 50.000 dólares por nueve “órdenes de servicios” entre julio de 2018 y abril de este año. Un programa televisivo de espectáculos lanzó en mayo la primer alerta sobre el alto precio que pagó el Departamento de Cultura a Cisneros por unas charlas de motivación, vía remota, al personal del Ministerio. A inicios de septiembre, un informe de la Contraloría consideró que las contrataciones del artista fueron irregulares porque el Ministerio fraccionó los pagos en varias órdenes con el fin de evadir la ley.

El presidente ha reiterado en las tres últimas semanas que los contratos se ajustaron a las normas, porque existe la figura de las contrataciones directas, y el domingo último, en una entrevista en televisión aseguró que no lo había recomendado. “Ni él ni a nadie. Nosotros no interferimos en temas administrativos”, comentó. El 10 de septiembre, un congresista -con dos acusaciones por corrupción- en coordinación con el presidente del Congreso, Manuel Merino, difundió en el pleno del Parlamento tres audios de conversaciones sobre las visitas del cantautor a Vizcarra y a Palacio de Gobierno. En uno de los diálogos, el presidente, su asistenta personal y la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, coordinaban cómo responder a la comisión parlamentaria y a la fiscal que investigan la irregular contratación de Cisneros.

En otra de las conversaciones, el presidente reconoce que hay problemas porque los familiares de su entorno más cercano han logrado puestos de trabajo en organismos del Estado. Tras la divulgación de los audios, el Congreso estuvo a punto de destituir al jefe de Estado con el argumento de “incapacidad moral permanente”, sin embargo la iniciativa no tuvo votos suficientes.

El comunicado del Ministerio Público reporta, además, que la fiscal de la nación ya empezó las investigaciones a la exministra de Cultura Patricia Balbuena por este mismo expediente. La exfuncionaria fue viceministra de prestaciones sociales hasta mediados de agosto, un cargo muy criticado por los problemas en la asignación y pago de subsidios a las personas afectadas por la crisis económica que ha causado la pandemia en Perú.

Vizcarra prescindió entonces de sus tres colaboradores más cercanos, incluido el asesor de comunicación, Óscar Vásquez. El viernes 2 de octubre, la policía detuvo de forma preliminar a Cisneros y a los tres ex altos funcionarios del entorno presidencial como parte de las diligencias de la fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Janny Sánchez. Ante las apelación de los abogados de los detenidos, el jueves último fueron liberados por un juez. El presidente peruano gobierna sin una bancada en el Parlamento y en tensión constante con dicho poder del Estado.