Los temporeros invisibles afloran en la pandemia

Un par de ladrillos blancos, unas tablas de madera, un neumático, la puerta del congelador de una nevera, unas piedras... Todo está dispuesto en un pequeño círculo, el límite improvisado de una minúscula huerta en la que crecen unas plantitas. Entre las hojas, punteadas de pequeñas flores amarillas, se entreven unos tomates. Están aún verdes pero quien los plantó no podrá verlos madurar. Mohamed Ben Alí era senegalés, tenía 37 años y murió a unos metros de aquí el 12 de junio en el incendio de la choza en la que vivía, en los márgenes de lo que aquí se conoce como “la pista” de Borgo Mezzanone, uno de los mayores asentamientos de temporeros africanos de Europa. Ben Alí es la cuarta víctima en un incendio en esta zona en los últimos 18 meses.

Alrededor de la que fue una pista de aterrizaje de los aviones de los Aliados durante la II Guerra Mundial se levanta ahora un enorme poblado de chabolas desde donde sale parte de la mano de obra que trabaja en los campos de la Capitanata, esta zona agrícola de la provincia de Foggia, en Apulia, el tacón de la bota italiana. Mano de obra barata, sin capacidad de negociación, a menudo, sin papeles y sin más opciones que trabajar de sol a sol en el Tavoliere, el tablero, la inmensa llanura de esta región sembrada de cultivos desde época romana.

El poblado, colindante con un centro de acogida para solicitantes de asilo, está en plena ebullición. En unos días empezará la campaña de recogida del tomate: más de dos millones de toneladas, el 40% de toda la producción italiana. Es el oro rojo destinado principalmente a las industrias de transformación para la fabricación de salsas y conservas, que cubren el 50% de todo el mercado europeo, con un volumen de negocio de unos 3.000 millones de euros al año.

“Aquí vivía mi amigo. Entre las seis y las siete de la mañana prendió el fuego. Él no tenía electricidad, no tenía nada... No sabemos qué pasó”. Lamin Touray se encoge en hombros mientras enseña los restos de ceniza en el lugar donde murió carbonizado Ben Alí. De la que fue su última morada quedan tres o cuatro metros cuadrados de tierra ennegrecida. Touray llegó a Italia en 2016. Es gambiano. Lleva dos años y medio en Borgo Mezzanone. “Trabajo en la campaña de los tomates, las aceitunas, la uva, el calabacín, los brócolis... Trabajo labrando la tierra. No nos pagan por día, sino por caja. 3,5 euros la caja. En un día puedo llenar 10-11. Es muy poco dinero y es trabajo en negro porque nosotros no tenemos papeles”. Touray es uno de los invisibles que sólo los efectos colaterales de la pandemia de covid-19 han permitido que volvieran a ser visibles en un país donde el auge de la ultraderecha ha envenenado el debate sobre inmigración.

Una cuestión europea

En toda Europa, la falta de temporeros por las limitaciones de los desplazamientos de los trabajadores, comunitarios y no comunitarios, ha encendido las alarmas, obligando a Alemania a abrir corredores con países como Rumanía, o empujando a Portugal a aprobar una regularización exprés de todos los inmigrantes que tenían pendiente la autorización de residencia. Pero en Italia ha logrado algo impensable hace tan solo unos meses. A mediados de mayo la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, exjornalera y con una larga carrera como sindicalista, anunció una regularización de los trabajadores del campo y del servicio doméstico y de cuidados. Se habló de 200.000 personas. En el primer mes, según el último balance del Ministerio de Interior, han llegado unas 80.000 solicitudes, solo un 12% desde el sector de la agricultura.

“La regularización tiene requerimientos muy estrictos y no responde a las exigencias de este territorio y de los ciudadanos extranjeros presentes en Italia en este momento. Hay gente que se encuentra en situación irregular también por los decretos de seguridad [firmados por el anterior ministro de Interior Matteo Salvini, que han abrogado el permiso de residencia por motivos humanitarios] y esta medida no da una respuesta a estas situaciones. Muy pocos podrán beneficiarse de ella”, explica Erminia Rizzi, de la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración.

Rizzi recorre desde hace años los asentamientos donde malviven los inmigrantes en situación irregular. No sólo Borgo Mezzanone o el llamado exgueto de Rignano Gargánico, otro poblado un poco más al norte, también los asentamientos más pequeños que se encuentran esparcidos entre los campos de la provincia. Guetos es el nombre que se les da aquí. Donde no hay chabolas, hay caserones en ruinas o viejas construcciones que, en medio de extensiones inmensas sembradas de trigo o de tomate, sirven de alojamiento para los que no que no pueden permitirse otro lugar. “El hombre que murió hace unos días en la expista de Borgo es solo el último caso”, recuerda Rizzi.

Las condiciones de precariedad extremas que se alcanzan en Borgo Mezzanone no son, sin embargo, un caso aislado en Europa. “Todos los años en Lleida hay centenares de personas viviendo en situaciones de inseguridad, con los Ayuntamientos sin capacidad para acogerlas”, recuerda Ernest Urtasun, eurodiputado de En Común Podem y vicepresidente de los Verdes europeos. Urtasun es uno de los firmantes de la resolución aprobada hace unos días por el Parlamento Europeo sobre la protección de los trabajadores transfronterizos y temporeros en la emergencia de covid-19. En el texto ratificado por la Eurocámara, institución que ha financiado este reportaje, se piden condiciones laborales y de alojamiento dignas para los que son empleados, sobre todo, en el sector agroalimentario. Trabajadores comunitarios, principalmente, pero también extracomunitarios. “En algunos casos, las condiciones en las que trabajan estas personas son claramente contrarias a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, por lo tanto sí que hay cierta base legal para que la Comisión por lo menos pueda interesarse”, comenta.

Explotados y explotadores

Touray vive a pocos metros del lugar en el que murió Ben Alí, en una caseta hecha con tablas de madera, puertas rotas, paneles de hojalata, que comparte con otro hombre. En el suelo, sobre la tierra, han logrado poner unos azulejos. No tienen electricidad ni agua corriente. “Tengo que comprarme un cable largo, para poderme enganchar a uno de los postes que hay más allá”, dice, mientras extiende el brazo para indicar un punto a lo lejos en medio del entramado de casetas, cables, montículos de basura que forman el poblado.

“Una de las medidas para limitar los contagios en la pandemia ha sido el confinamiento. Estos guetos son el mejor ejemplo de aislamiento”, comenta Sergio Cotugno, médico de la ONG Intersos, que ofrece aquí la atención médica de base. Hasta ahora no ha habido casos de covid registrados. “Y menos mal porque son lugares hacinados. El Gobierno respondió a la emergencia con algoritmos que no prevén situaciones como esta”, añade Cotugno. La pequeña autocaravana de la organización se convierte a diario en el lugar donde buscar cuidados médicos y sosiego, y también encontrar la fuerza de pedir ayuda. “Llegan a menudo mujeres por razones ginecológicas. Hay diagnosis de embarazo pero también amenorreas causadas por el estrés, por las condiciones de vida y por ser sometidas a la prostitución”, comenta el médico.

Si en muchos casos la suspicacia hacia los reporteros foráneos que preguntan por la situación del Borgo deriva de la convicción de que, se cuente lo que se cuente, todo seguirá igual, en algunas zonas del asentamiento las cámaras no son bienvenidas. En la cabeza queda grabada la imagen de algunas jóvenes con mucho maquillaje y largas pestañas que aparecen y desaparecen entre las casetas. Por haber escrito sobre el sistema de explotación sexual gestionado aquí por grupos vinculados con la mafia nigeriana, en relación con los clanes locales, Leonardo Palmisano recibió por Facebook amenazas de muerte. Palmisano, sociólogo, editor y escritor, lleva años documentando los abusos que se esconden detrás de los lugares como la pista: “Borgo Mezzanone es el mayor asentamiento de trabajadores centroafricanos de Europa. Es un asentamiento que no es espontáneo. Se levanta en un terreno que era zona militar y luego se convierte en área demanial. Está al lado del centro de acogida de solicitantes de asilo y se puede pasar de un sitio a otro, una relación de simbiosis entre un lugar gestionado por el Estado y este otro”. Un lugar que ha cambiado con el paso de los años. En los noventa sus moradores eran sobre todo búlgaros y rumanos, luego pasaron a ser afganos y magrebíes, y ahora centroafricanos.

“Los capataces se aprovechan de la presencia de estos jóvenes adultos y a través del boca a boca, el poblado ha crecido”, explica Palmisano. Ahora durante todo el año en Borgo Mezzanone puede haber 1.500-2.000 personas, y el número se duplica cuando empieza la temporada del tomate.

Capataz en italiano se dice caporale, una palabra antigua como la explotación a la que históricamente aquí han sido sometidos los temporeros. “El caporalato [el sistema de reclutamiento basado en los caporales] ha existido siempre en nuestra organización del trabajo. Pero hoy se ha convertido en un elemento extremadamente violento. Y los trabajadores pagan al capataz para poder trabajar...”, comenta Daniele Iacovelli, del sindicato Flai-Cgil de Foggia.

El problema, explica, es que los capataces se convierten en un anillo insustituible en un mercado de empleo transparente y eficaz, en el que abunda el llamado trabajo gris, solo en parte cubierto por un contrato formalmente legal, con muchas menos jornadas registradas de la que efectivamente se han trabajado. “Hay tanto gris que se nubla el cielo”, comenta con un chiste amargo Iacovelli. Según el sindicalista, son unos 15.000 los temporeros africanos presentes en Foggia, pero en los registros oficiales los que tienen al menos un día de trabajo notificado son unos 7.000. En total, en la provincia trabajan en agricultura unas 45.000 personas. Muchos productores, explica, reconocen abiertamente que recurren a estas prácticas porque el precio al que venden los productos no les deja márgenes.

“Borgo Mezzanone es el centro de reclutamiento del último anillo de una cadena productiva que sencillamente no funciona”, comenta Fabio Ciconte, director de Terra, una asociación ecologista que en los últimos años ha emprendido la batalla contra la explotación laboral y las disfunciones del sector agroalimentario. El problema, subraya Ciconte, es el poder que han adquirido los conglomerados de la gran distribución organizada para imponer los precios de los productos a la industria de transformación, que a su vez rebaja el precio pagado a los agricultores. Y en esta rebaja en cadena, el último eslabón son los jornaleros. “El 72%-75% de las compras pasan por la gran distribución”, añade.

El empobrecimiento progresivo de los jornaleros es lo que ha hecho que lugares como Borgo Mezzanone hayan pasado de ser asentamientos temporales a permanentes. En los alrededores de la expista aparecen construcciones de ladrillos de tufo, como la que está levantando Madou Koma. “Antes vivía en una casa de madera pero se quemó”, cuenta este senegalés de 24 años mientras se seca el sudor de la frente con el revés de la mano empolvada. “Vivo aquí desde 2015. Trabajé en la recogida de tomates, alcachofas... Sin contrato y sin papeles. Cinco euros la hora. En mi país yo era albañil y ahora en Borgo este trabajo hace falta. Las chabolas, como la del chico que murió hace poco, se queman siempre. Y la gente ha empezado a tener la valentía de construir casas de ladrillo”. Koma trabaja sin parar bajo el sol inclemente de un día de finales de junio. Tiene prisa por terminar la construcción. El calor es agotador, pero nada comparado al que se sufrirá en unas semanas en los campos de tomates.