La Corte Suprema de Colombia abre una investigación contra Uribe por la red de espionaje del Ejército

Álvaro Uribe está de nuevo bajo la lupa de la justicia colombiana. La Corte Suprema del país andino informó este martes de que ha abierto una indagación preliminar al expresidente por la trama de espionaje contra políticos, periodistas y abogados de derechos humanos descubierta en el Ejército. La sala de instrucción de la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria tendrá que determinar si el hoy senador fue “destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”. La decisión, tomada a mediados de mayo, está basada en un escrito anónimo, que ya ha dado pie a la inspección en varias unidades de la fuerza terrestre, y se enmarca en el escándalo de interceptaciones de la inteligencia militar destapado hace un mes por la revista Semana.

La red de espionaje estuvo operativa, según las denuncias de algunos de los implicados, entre febrero y diciembre del año pasado y tuvo como objetivo a más de 130 personas. Los expedientes recabados, llenos de imprecisiones y valoraciones infundadas, contenían detalles sobre el domicilio, las oficinas, direcciones de correo electrónico, nombres de amigos, familiares, contactos y otros datos privados. Se trataba de “trabajos especiales” realizados por equipos de ciberinteligencia y supuestamente encargados por superiores. Los seguimientos, que llegaron hasta Jorge Mario Eastman, secretario general de la Presidencia del actual mandatario, Iván Duque, ponen en evidencia la conducta ilegal y desfasada en el tiempo de miembros del Ejército. Las dudas de la justicia tienen que ver con la implicación de la cadena de mando y los posibles responsables políticos de esas prácticas.

Tras conocerse la dimensión de este nuevo escándalo de chuzadas o interceptaciones, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció el retiro del servicio activo de 11 oficiales y condenó duramente lo sucedido. "Es de extrema gravedad que estas acciones hayan llegado hasta la Casa de Nariño o el mismo despacho del señor presidente de la República”, declaró. Duque ganó las elecciones en 2018 impulsado por Uribe y, una vez asumido el cargo, los sectores más radicales del Centro Democrático, el partido fundado por el exmandatario, se aseguraron el control del área de Defensa, una cartera clave en un país que acaba de dejar atrás medio siglo de conflicto armado con las FARC.

Los responsables de las Fuerzas Armadas y del Ejército durante 2019 fueron dos hombres cercanos a Uribe y encontraron en el llamado uribismo sus principales valedores. Sin embargo, el exministro Guillermo Botero dimitió a finales de año por ocultar la muerte de al menos ocho menores en un bombardeo contra grupos disidentes de la extinta guerrilla. Y el comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, renunció en Navidad aduciendo motivos familiares. Este último, que niega su implicación en el caso, fue llamado a declarar por la Fiscalía en el marco de una investigación que se inició en enero por “los delitos de violación ilícita de comunicaciones” y “utilización ilícita de equipos transmisores o receptores”.

El expresidente, que tiene otros procesos abiertos, rechazó la denuncia a través de las redes sociales. “La Corte que todo lo filtra debería explicar por qué hay dos investigaciones en mi contra por un anónimo cobarde”, escribió en Twitter en referencia al alto tribunal. Su abogado, Jaime Enrique Granados Peña, restó importancia a la apertura de la investigación preliminar, calificándola en un comunicado de “una actuación rutinaria frente a toda denuncia que llega a conocimiento de la Corte”. Pero el letrado fue más allá y cargó contra los medios de comunicación: “Rechazo enfáticamente que se pretenda armar un escándalo mediático”.

Uribe enfrentó a finales de la pasada década, durante su segundo mandato, otro caso de espionaje orquestado por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que intervino las comunicaciones de magistrados, periodistas y opositores. Su sucesor, Juan Manuel Santos, disolvió ese organismo. Diez años después los seguimientos ilegales han vuelto a sacudir a Colombia y a cuestionar los procedimientos del Ejército, una institución clave para el funcionamiento democrático del país.