El espionaje del Ejército desata una tormenta política en Colombia

La trama de espionaje militar organizada por unidades del Ejército colombiano va más allá de los seguimientos a periodistas y corresponsales extranjeros y llegó hasta el corazón del poder político del país: la Casa de Nariño, sede de la Presidencia de la República. Las interceptaciones denunciadas por la revista Semana, llevadas a cabo entre febrero y diciembre de 2019, pretendían también recabar información de uno de los asesores más próximos al presidente, Iván Duque. Se trata de Jorge Mario Eastman, que fue viceministro de Defensa en dos ocasiones y el año pasado ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia, una especie de jefe de Gabinete. El alcance de esa red, conocido el pasado viernes, convulsiona la rutina política en plena emergencia por el coronavirus y ya ha motivado las primeras reacciones del Gobierno y de la oposición, que anunció su intención de acudir a “todas las instancias internacionales encargadas de la protección de los derechos humanos”.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció este fin de semana el retiro del servicio activo de 11 oficiales. “Nuestra misión es perseguir la delincuencia, no nos podemos desviar de ese camino. Muy grave lo que se ha denunciado contra periodistas, líderes políticos, ONG, la libertad de prensa no puede estar en discusión”, manifestó. “Pero nos parece también muy grave que se haya hecho un perfilamiento [procesamiento automatizado de datos personales] del doctor Jorge Mario Eastman, que en ese momento se desempeñaba como secretario general de la Presidencia de Colombia. Es de extrema gravedad que estas acciones hayan llegado hasta la Casa de Nariño o el mismo despacho del señor presidente de la República”, enfatizó el ministro y excanciller, que sustituyó a finales del año pasado a Guillermo Botero. Este, cercano al expresidente Álvaro Uribe, tuvo que dimitir tras conocerse que ocultó la muerte de al menos ocho menores en un bombardeo contra disidencias de las FARC y Trujillo, al asumir la cartera, prometió “cero tolerancia con el más pequeño acto ilegal o inmoral” por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. “Tenemos que ser pulcros, sin tacha, para tener el apoyo de los colombianos, para merecer nuestra legitimidad”, agregó.

Las investigaciones internas comenzaron a finales del año pasado. El excomandante del Ejército Nicacio Martínez Espinel dejó el cargo en Navidades alegando motivos familiares. El general mantiene que no se han presentado pruebas que lo vinculen a estos hechos, por lo que rechaza toda responsabilidad. En cualquier caso, las carpetas de esa trama de espionaje existen. En ellas figuran perfiles de periodistas, políticos y abogados de los derechos humanos. Y el mero hecho de que alguien en el Ejército ordenara espiar, a través de herramientas informáticas, a decenas de informadores y al secretario de Duque cuestiona los procedimientos de las unidades implicadas.

“Buscar información privilegiada de la persona que goza de la mayor confianza del presidente: esa es la intención de hacerle un seguimiento ilegal al secretario general de la Presidencia, es la intención de obtener información ilegal del propio presidente de la República”, manifestó el domingo el propio Eastman, hoy embajador ante el Vaticano, en declaraciones a Noticias Caracol.

El mandatario también salió al paso de esas prácticas, pero lo ha hecho de momento a través de las redes sociales. “He dicho, desde inicio de mi Gobierno, que no toleraré a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Pedí a Carlos Holmes Trujillo, desde que llegó al Ministerio de la Defensa, adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años”, aseguró. “Reitero mi rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento. Perfilar periodistas, políticos y funcionarios de presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad”.

El titular de Defensa ha solicitado la intervención de la Fiscalía y de la Procuraduría para llegar hasta el final de las investigaciones. Mientras tanto, el escándalo ha motivado la condena de organismos internacionales y organizaciones profesionales de periodistas. La oficina de Naciones Unidas dedicada a la defensa de los Derechos Humanos ha condenado sin matices los seguimientos, recordando que desvirtúan el propósito de la inteligencia. “Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, la regulación e implementación de actividades de inteligencia debe guardar correspondencia con la garantía de protección de los derechos humanos, no vulnerarlos”, manifestó la ONU en un comunicado. También el Defensor del Pueblo rechazó lo ocurrido. “Prácticas como el perfilamiento de periodistas, políticos, defensores de los derechos humanos y funcionarios públicos lesionan gravemente los principios democráticos sobre los que se asienta nuestro Estado Social de Derecho”, manifestó en un comunicado la institución.

La oposición no se dio por satisfecha con lo que consideran el tibio rechazo del Gobierno y anunció que presentará una denuncia ante las instancias internacionales encargadas de velar por los derechos humanos. Un grupo de 25 congresistas de distintos partidos dirigió una carta al mandatario en la que consideran que estas operaciones, realizadas según las denuncias con el apoyo logístico de Estados Unidos, tenían como objetivo perseguir a dirigentes opositores y “censurar la opinión crítica” y también atentar contra el proceso de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.