Alberto Fernández emprende una polémica reforma para despolitizar la Justicia argentina
El presidente apunta contra los tribunales federales, a cargo de las causas por corrupción
“Es necesaria una reforma del Poder Judicial y de los servicios de inteligencia, porque ambos han servido para lo peor de la política argentina en los últimos 30 años”. Eso dice Hugo Alconada Mon, el más prestigioso periodista de investigación del país. Los propios jueces admiten que las cosas no funcionan. La población desconfía de los tribunales. El presidente Alberto Fernández ha anunciado una reforma del sistema de administración de justicia para resolver uno de los grandes problemas argentinos. A falta de los detalles, la gran cuestión consiste en si los políticos renunciarán a servirse de los jueces, y si los jueces dejarán de hacer política.
Varios dirigentes kirchneristas encarcelados por corrupción han quedado libres desde que, en diciembre, el peronismo volvió al poder. Mientras mandaba Mauricio Macri permanecían en prisión preventiva a la espera de sentencia firme. Con Alberto Fernández en la presidencia, los jueces han decidido que ya no hace falta tanta prevención. Es un reflejo automático: los tribunales se mueven según sopla el viento del poder. Y nadie representa mejor ese seguidismo que los 12 juzgados federales de Comodoro Py, cerca de la plaza bonaerense de San Martín. Fernández quiere acabar con el “oligopolio” de la justicia federal, encargada de instruir las grandes causas de corrupción política y crimen organizado, creando decenas de nuevos juzgados con las mismas competencias.
Mientras las conversaciones son confidenciales, tanto un juez como un abogado se refieren al “inexplicable tren de vida” de ciertos jueces federales o a aquel sobreseimiento “por falta de mérito”, de poco más de un folio, por el que dos magistrados cobraron cada uno un soborno de cinco millones de dólares, o a que para que tal juez acepte un recurso hace falta contratar los servicios de su yerno abogado. Por supuesto, esos comentarios desaparecen en cuanto se conecta la grabadora. Pero el propio presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, admitió hace un año que los argentinos estaban “perdiendo la confianza en el Poder Judicial” y que los tribunales sufrían “una crisis de legitimidad”.
“Creo que el objetivo [de la reforma] es optimizar el servicio de prestación de la justicia, porque tenemos una imagen que hay que corregir”, comenta Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. “No parece disparatado distribuir la carga de 12 entre 50”, dice, en referencia a los juzgados federales, “porque manejan causas de gran complejidad que requieren mucha atención. Pero si la intención es simplemente la de licuar el poder de los jueces federales y dispersamos a los que hacen las cosas mal, habrá más cosas mal hechas”.
La sospecha del interés político siempre está ahí. ¿Se trata de una venganza por las numerosas causas por corrupción abiertas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y muchos de sus colaboradores? ¿Se quiere establecer una justicia federal con mayoría de jueces peronistas? En principio, los nuevos tribunales federales se crearán elevando el rango de tribunales penales ordinarios ya existentes. Pero una treintena de esos tribunales, casi la mitad, están vacantes, y habrá más bajas porque la reforma de las pensiones empuja a la jubilación a numerosos jueces: yéndose ahora, tras toda una vida laboral sin pagar impuestos, pueden mantener unos ingresos mensuales muy elevados, de unos 230.000 pesos (unos 3.700 dólares al cambio oficial).
Si se privilegia a los juzgados vacantes en la reconversión a juzgado federal, el poder Ejecutivo podría designar a sus jueces preferidos. De esa sospecha habla el magistrado Gallo Tagle. También se refiere al riesgo de una mayor politización Carlos Rívolo, fiscal federal y presidente de la Asociación de Fiscales: “Que empiecen por despolitizar el Consejo de la Magistratura [donde los parlamentarios tienen mayoría] y a partir de ahí se puede hacer algo serio”. “Concentrarse en Comodoro Py es errar el tiro, ya lo erró Carlos Menem cuando pasó de seis jueces federales a doce. ¿Ahora tendrán 50? ¿Qué harán cuando el 47 haga algo que no les guste?”. Para Rívolo, nunca hay que disminuir el poder de los jueces: “¿Qué habría pasado en 2001 con el corralito? Si los jueces no hubieran intervenido, los jubilados lo habrían perdido todo”.
“Algunos jueces federales están acostumbrados a ser señores feudales”, comenta el periodista Alconada Mon. “Ahora son 10 [hay dos de los 12 juzgados vacantes] que manejan todo lo que quieren y sienten que les licúan el poder”. Ante la posibilidad de que la reforma se utilice para anular causas por corrupción política, Alconada señala que “se trata de algo irrelevante, los jueces y fiscales son procíclicos, se hincan cuando tenés poder y te patean cuando lo perdés. Menem lo sabe muy bien, dejó el poder y lo metieron preso. Macri estaba procesado por escuchas ilegales y fue desprocesado 18 días después de asumir la presidencia”. Ahora, en cuanto Macri ha abandonado la Casa Rosada, se han desempolvado sumarios como el de Correo Argentino, que implica al expresidente y a varios de sus familiares.
El abogado penalista Gustavo Feldman, con más de 30 años en ejercicio, considera que ampliar la justicia federal puede ser un buen mecanismo para acabar con la actual “venalidad y banalidad”. Pero apunta a un posible problema con los recursos. Las cuatro Cámaras de Casación, creadas como filtro para que no llegaran tantas causas a la Corte Suprema, “se han convertido en un filtro de sí mismas”, dice, y aplican criterios de admisibilidad muy restrictivos, rechazando recursos incluso sin audiencias previas. Más tribunales significan más sentencias y más apelaciones ante una Casación ya casi bloqueada y con un funcionamiento muy discutido. “Alberto Fernández ha ejercido muchos años como abogado penalista y sabe lo mal que está esto, confío en que haga una buena reforma”, señala.
Un hombre para el saneamiento
La reforma judicial no es nueva. En realidad, el proyecto data de 2004. Por entonces era presidente Néstor Kirchner y el ministro de Justicia era Gustavo Béliz. Pero Béliz denunció públicamente los manejos de Jaime Stiuso, jefe del espionaje, y acabó perdiendo el puesto. Stiuso, un personaje poderoso, oscuro y polémico, protagonista habitual de las conexiones entre el espionaje y la justicia federal (recién prohibidas), se mantuvo como director de la Agencia Federal de Inteligencia hasta 2015. Ahora Gustavo Béliz ha vuelto, como secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. Y ha recuperado su viejo proyecto de reforma. A Béliz, que durante 15 años ha sido alto funcionario en el Banco Interamericano de Desarrollo, nadie le discute ni la competencia ni la honestidad.
